'Kiko' Gómez fue cobijado con medida de aseguramiento

El gobernador de La Guajira es investigado por su presunta participación en los delitos de homicidio y concierto para delinquir.

Juan Francisco Gómez Cerchar / Andrés Torres

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia cobijó con medida de aseguramiento al Gobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar en la investigación que se le adelanta por su presunta participación en los delitos de concierto para delinquir agravado (por sus supuestos vínculos con grupos paramilitares) y homicidio.

Gómez, quien se encuentra recluido en el búnker de la Fiscalía, sería trasladado en las próximas horas a la cárcel La Picota mientras se adelanta la etapa de recolección de elementos materiales probatorios con el fin de determinar si es o no llamado a juicio por los hechos registrados entre los años 1997 y 2000. (Ver El prontuario del gobernador 'Kiko' Gómez)

El mandatario departamental fue señalado de tener nexos con los excomandante Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40', quienes buscaban manejar el tráfico de gasolina y droga en la zona fronteriza. 

El pasado fin de semana agentes del CTI de la Fiscalía General realizaron un allanamiento en la casa del Gómez Cerchar en el municipio de Barrancas y la sede de la Gobernación de La Guajira en Riohacha. En dichos operativos se recolectaron elementos materiales probatorios documentales, entre los que se encuentran registrados, discos duros de computadores, documentos oficiales, entre otros, los cuales serán claves en la investigación.

El mandatario departamental fue capturado en un complejo operativo el pasado 12 de octubre en el marco de las fiestas y el reinado del Carbón en el municipio de Barrancas, Guajira, considerado el fortín y electoral de ‘Kiko’ Gómez quien fue señalado por varios paramilitares de tener vinculación con los homicidios de tres concejales y una exalcaldesa de dicha municipalidad. (Ver Los 'premios' de 'Kiko' Gómez)

El pasado 4 de mayo, la revista Semana recordó que Gómez había tenido problemas con la justicia incluso antes de iniciar su carrera política. En 1991 estuvo preso dos meses tras encontrársele varias armas sin salvoconducto y ocho gramos de cocaína. Pocos meses después fue elegido concejal de Barrancas y en 1995 dio el salto a la Alcaldía de ese municipio que recibe cerca de $30.000 millones anuales en regalías.

En 1997, cuando ya terminaba su mandato, Gómez fue señalado por el concejal Luis López Peralta (quien aspiraba a reemplazarlo) de haber quemado la Oficina Jurídica de la Alcaldía de Barrancas para esconder irregularidades cometidas durante su administración. El 27 de febrero de ese año Peralta fue asesinado en un hotel de su propiedad.

Mientras Gómez acrecentaba su poder, al Cesar y al sur de La Guajira llegaban los paramilitares, al parecer apoyados por un familiar suyo: el diputado Jorge Gnecco Cerchar, asesinado en 2001, supuestamente por órdenes de Carlos Castaño. Por otra parte, el 6 de junio de 1998 un tal Marcos Figueroa García, alias 'Marquitos', un criminal en ese entonces procesado por receptación —es decir, por comercializar objetos robados—, se escapaba de la cárcel Rodrigo de Bastidas, en Santa Marta, junto con otros criminales de La Guajira.

Ahora, 16 años después, Kiko Gómez es investigado por sus presuntos vínculos con los hombres del excomandante paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40', y con 'Marquitos', que de delincuente común se convirtió en amo y señor de La Guajira, donde, de acuerdo con las autoridades, controla el negocio del narcotráfico y el contrabando de gasolina.

Los supuestos vínculos de Gómez con 'Marquitos' (quien se encuentra prófugo de la justicia y no se descarta que haya salido del país) fueron dados a conocer por la Corporación Nuevo Arco Iris y por la revista Semana. Los periodistas Gonzalo Guillén, Claudia López y León Valencia fueron amenazados tras revelar los vínculos non sanctos de Gómez. El gobernador es investigado también por estas amenazas.

Pero los procesos en su contra no acaban allí. A 'Kiko' Gómez se lo investiga, además, por los homicidios de los ciudadanos Luis Alejandro Rojas Frías y Rosa Mercedes Cabrera Alfaro, perpetrados el 7 de julio de 2000 en Mamonal, zona rural de Fonseca (La Guajira). Igualmente es investigado por las muertes del dirigente Henry Ustáriz Guerra, perpetrada el 2 de abril de 2008; la de su esposa, la exalcaldesa de Barrancas, Yandra Brito Carrillo, cometida el 28 de agosto de 2012, en Valledupar, y la de Dinora Hernández Sierra, mejor conocida como La Chachi Hernández, el 20 de noviembre pasado.

Respecto a este crimen, el gobernador le dijo a Semana que nunca tuvo negocios ni relación alguna con “esa delincuente”, en referencia a Chachi, viuda del cuestionado empresario Víctor Ojeda e hija de la dirigente wayuu Francisca Sierra. La Fiscalía se apresta a definir si le imputa cargos a Gómez por estos hechos. 

Además de la Fiscalía, la Procuraduría también ha puesto sus ojos en el gobernador de La Guajira. Gómez fue citado para que el 30 de octubre responda por cinco faltas disciplinarias en las que supuestamente ha incurrido durante su administración. Al parecer, cometió varias irregularidades en la asignación de tres multimillonarios contratos: la construcción de la primera etapa de las vías priorizadas en el plan vial de La Guajira, por $49.000 millones; el servicio de vigilancia y seguridad privada en los bienes muebles e inmuebles de la Gobernación, y la licitación para la pavimentación de vías en el municipio de Fonseca. De ser encontrado responsable, Gómez sería inhabilitado por un lapso de entre cinco y diez años.

'Kiko' Gómez fue calificado por la revista Semana como un gobernador de miedo, ya no cuenta con el apoyo de su partido, Cambio Radical, y los procesos en su contra lo tienen muy cerca de una celda. Sus simpatizantes siguen abogando por su inocencia.

Es la Fiscalía la que debe demostrar si José Francisco Gómez es el socio de alias 'Marquitos', uno de los mayores criminales de su departamento, el hombre tras la ola de violencia que azota a La Guajira, o si todos estos señalamientos son otro escollo en la cuestionada carrera política de este gobernador que estuvo en una cárcel antes que en una curul.