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En medio de la agitación y el nerviosismo por el paro nacional de este jueves 21 de noviembre, el pasado martes, el presidente Iván Duque firmó el decreto 2087 de 2019 por el que se “dictan medidas para el mantenimiento del orden público, en el marco de la garantía y respeto al derecho a la manifestación pública, pacífica y sin armas”. Entre las acciones contempladas por la decisión presidencial está el cierre de fronteras y la invitación a los gobernantes locales a hacer uso de sus funciones para el control del orden público.
Sin embargo, para #ProfesAlParo, un colectivo de educadores de la Universidad del Rosario, los Andes y de Antioquia que participará de las movilizaciones de este 21 de noviembre, la ordenanza del primer mandatario es inconstitucional. Por esta razón, presentaron en la mañana de este jueves ante el Consejo de Estado una acción de nulidad en contra del decreto. Para los docentes, la acción tomada por el presidente Duque “facilita un estado de excepción paralelo que elude el control constitucional”. Asimismo, de acuerdo con los accionantes, está orientada a “disuadir y neutralizar con anticipación la protesta social” e incluso la llega a criminalizar.
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Y es que las funciones de control de orden público que tienen alcaldes y gobernadores permiten que se vigile y restrinja (toques de queda) la circulación de personas en vías y plaza pública, la restricción al consumo de bebidas embriagantes y, en caso extremo, pedir la ayuda de las Fuerzas Armadas según los casos contemplados por la constitución y demás leyes del ordenamiento colombiano. Para el colectivo de profesores, la activación de estas funciones debería tener un control previo de las altas cortes, que la orden presidencial no habría permitido.
Douglas Lorduy, profesor de derechos constitucional de la Universidad del Rosario y uno de los miembros de #ProfesAlParo, señala que, a través del decreto firmado el pasado martes, el presidente Iván Duque declaró una especie de estado de excepción y conmoción interior saltándose los controles que, según el ordenamiento colombiano, debe hacer la Corte Constitucional. Una acción que, a consideración de los demandantes, es completamente inconstitucional.
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De acuerdo con lo dicho por el docente a este diario, el tipo de decreto que expidió el primer mandatario debe cumplir con ciertos requisitos de control de los altos tribunales. Sin embargo, al expedirlo a tan solo dos días de la fecha del paro, el presidente evitó que instancias como el Consejo de Estado o la Corte Constitucional pudieran hacer revisión y supervisión de la ordenanza.
Sin embargo, el temor de Lorduy como de los demás profesores del colectivo es que las acciones de nulidad constitucional son un tema que necesitan de un amplio tiempo de análisis y es más que obvio que el decreto 2087 tiene como único fin las marchas de este 21 de noviembre. Por esta razón, los docentes piden que el Consejo de Estado decrete medidas cautelares de urgencia en la mañana de este jueves para que la ordenanza presidencial no tenga validez durante las jornadas de protesta y posteriormente el alto tribunal entre a estudiar a profundidad la inconstitucionalidad o no de ellas.
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De no otorgarse las medidas cautelares, de acuerdo con el docente, el Consejo de Estado entraría a estudiar una decisión sobre hechos ya cumplidos, en los que su determinación podría tener pocos efectos, por no decir que nulos, frente a lo que ocurra en la jornada de paro convocada para este jueves 21 de noviembre. Sin embargo, Lorduy y el colectivo aseguran que confían en la institucionalidad y por ello están recurriendo a ella a pocas horas de que comiencen las concentraciones y marchas en la mayoría del territorio nacional.