“La actitud de Colombia fue desproporcionada”: abogada del caso Jineth Bedoya

“En la resolución de la Corte IDH (sobre las objeciones de Camilo Gómez) se afirma que la actitud de Colombia (frente a Jineth) fue revictimizante”, advierte la abogada Viviana Krsticevic. / Archivo particular

La ausencia de justicia en Colombia durante 20 años para reparar a Jineth llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a estudiar su caso hace seis años (2014). ¿A cuáles conclusiones llegó la Comisión y por qué la Corte ha asumido su caso ahora?

En su informe de fondo, la CIDH estableció que lo ocurrido a Jineth Bedoya se dio en un contexto de violencia contra periodistas y de violencia sexual contra mujeres durante el conflicto armado colombiano. La CIDH determinó, igualmente, que el Estado era responsable por no proteger los derechos de Jineth a pesar de conocer su situación de riesgo debido a las amenazas que continuamente recibía por sus investigaciones. La CIDH determinó, además, que el Estado violó los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, y a investigar los hechos; emitió un informe y le dio tres meses al Estado para que reconociera su responsabilidad o adoptara medidas. Como no lo hizo, envió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

¿La Corte es libre de contradecir a la Comisión o no?

Claro, la Corte podría desechar lo establecido por la Comisión. En la Corte se vuelven a analizar todos los temas de hecho y de derecho. Se presentan pruebas documentales, testimonios y declaraciones. Como representantes de Yineth, nosotros entregamos pruebas adicionales e hicimos alegatos de derecho y pedidos de reparaciones que van más allá de lo que se estableció en la Comisión. Por ejemplo, solicitamos el cierre de la cárcel La Modelo y que ese lugar se transforme en un sitio de memoria.

Esta semana la Corte IDH realizó una audiencia pública para escuchar el testimonio de Jineth y para oír lo que tenía para argumentar a su favor, el Estado colombiano, convocado por el tribunal. ¿Es usual este tipo de audiencias?

Es usual. Los casos que llegan a la Corte Interamericana tienen procesos de argumentación y presentación de pruebas por escrito y oralmente. La audiencia a la que usted alude forma parte de la etapa oral en la que los jueces y la jueza (presidenta) tienen la oportunidad de formular las preguntas que consideren necesarias a las presuntas víctimas, al Estado, a los representantes y a la Comisión Interamericana, así como a los expertos y testigos de las partes. Las preguntas ayudan a los jueces a tener elementos sobre los hechos, las responsabilidades, el alcance de las violaciones a los derechos humanos y las reparaciones debidas. Tanto la prueba documental como los alegatos y la prueba producida en la etapa oral son tenidos en cuenta en la formulación de la sentencia del tribunal.

Al retirarse el Estado colombiano de la audiencia, como lo hizo esta semana en un acto que dejó sorprendidos a los presentes, ¿perdió, entonces, una oportunidad valiosa de darles a conocer a los jueces sus argumentos de defensa y, eventualmente, cambiar los razonamientos de ellos?

Claro. Esa es la razón por la que, por ejemplo, el gobierno de Venezuela no se retira de las audiencias aun cuando cuestiona la jurisdicción de la Corte: continúa alegando, y se hace presente porque es la mejor manera de defender sus posiciones. Seguramente por eso la Agencia de Defensa Jurídica de Colombia informó -en su cuenta de Twitter- que vuelve a presentarse ante la Corte en la audiencia programada para mañana, lunes.

Pero cuando era el turno de intervención de Colombia, esta semana que acaba de pasar y durante la audiencia para oír el testimonio de Jineth que fue estremecedor por su relato sobre los vejámenes a que la sometieron, el vocero del Estado, Camilo Gómez (director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, ANDJE), leyó un texto en que decía que se “retiraba” porque “no tenía garantías”. ¿Qué piensa usted de esa actitud y respuesta?

El representante de la defensa jurídica del Estado se retiró de la audiencia luego de recusar a la mayoría de los jueces y a la jueza por considerar que estos, a través de sus preguntas, mostraron señales de parcialidad hacia la víctima. Su alegación ya fue resuelta por la Corte Interamericana en el sentido de que las preguntas de los jueces fueron pertinentes y que el trato digno y respetuoso con la señora Bedoya es consecuente con lo que le corresponde a un tribunal de derechos humanos frente a una víctima de violencia sexual. En mi opinión, la recusación revela una maniobra dilatoria altamente revictimizante, destinada a presionar al tribunal. La detallada resolución de la Corte dejó en evidencia al Estado.

¿Conoce otros casos en que Estados convocados a una audiencia ante la Corte IDH se hayan retirado?En mi experiencia de 25 años litigando casos en todo el continente, ningún otro país se había retirado de una audiencia pública ante la Corte Interamericana y, mucho menos, después de recusar, por hacer su tarea, a la mayoría de los juzgadores, esto es, por preguntarle a la víctima sobre lo ocurrido y sobre las reparaciones que ella considera debidas.¿Cree que la imagen internacional del Estado colombiano se lesionó por este gesto ante otros Estados y organismos internacionales?

Me parece que esa actitud crea dudas acerca del compromiso frente a las obligaciones internacionales del Estado con el Sistema Interamericano y, también, con otros espacios internacionales de resolución de conflictos. La verdad es que Colombia ha tenido una posición distante frente al Sistema en los últimos años. La conducta del Estado, en la audiencia, puede ser interpretada por algunos países de la región como un ataque a la independencia y a la legitimidad del Sistema, en su conjunto. En la decisión de la Corte se lee que con la recusación de Colombia contra sus jueces, su agente trataba de presionar al tribunal.

¿Cuál fue la respuesta de la Corte y qué argumentó para negarle a Colombia todo lo solicitado?

La resolución de la Corte, que para esta oportunidad fue adelantada por los únicos dos jueces no recusados, tomó en cuenta las respuestas de cada uno de los jueces y jueza recusados y concluyó, entre otras cosas, que de las preguntas formuladas por los juzgadores no se desprende atisbo de parcialidad y que actuaron conforme a los estándares internacionales para garantizar un espacio seguro, con el fin de que las víctimas de violencia sexual relaten su testimonio. En la resolución de la Corte IDH, además, se afirma que la actitud de Colombia fue revictimizante y desproporcionada.

Camilo Gómez también solicitó en el escrito que el caso de Yineth fuera trasladado a la OEA, un organismo político en que están los Estados de la región. ¿Tendría que ver con lo mismo, es decir, una presión a la Corte IDH?

Se podría decir eso, porque al pedir que el caso se traslade al ámbito político, intenta politizar la decisión. Los jueces que recusó el agente de Colombia no fueron elegidos por las víctimas, sino por los propios gobiernos de la región. Pero estos jueces son independientes e imparciales. El Estado colombiano pretende cambiarlos para que el tribunal se conforme con otro grupo de jueces favorable a su posición.

A su juicio, ¿el gobierno Duque, representado por el director de la Agencia Jurídica, le dio una especie de “portazo” a Jineth y a su aspiración de que condenen a los máximos responsables de la violación de sus derechos o pudo tratarse de un error o inexperiencia en estrados internacionales?

Lo ocurrido en la audiencia es un mensaje muy claro de que continúa el pacto de impunidad en el caso de Jineth, que se extiende por 20 años. Colombia cuenta con excelentes profesionales en todos los ámbitos. Por eso es muy difícil interpretar algunas de sus acciones como torpezas propias de la inexperiencia. De cualquier modo, creo que su pregunta merece una respuesta que bien quisiéramos conocer: ¿quiénes y cuándo decidieron asumir esta línea de defensa del Estado y a quién consultó el agente antes de tomar la decisión de retirarse de la audiencia?

De manera sorprendente, al otro día de su retiro y recusaciones, el mismo funcionario le envío una propuesta a Jineth que hizo pública en poco tiempo, de reunirse con él para buscar una “solución amistosa”. Pero ella y ustedes, junto a la Flip, consideraron que tal propuesta constituye “un acto de hostigamiento y de litigio malicioso”. ¿Por qué?

No entendimos las comunicaciones del miércoles 17 de marzo a Jineth como un gesto genuino de encontrar soluciones, porque se hicieron por canales no autorizados y porque se presionó a la periodista a dar una respuesta inmediata. A horas de enviar la carta, ¡la Agencia de Defensa Jurídica de Colombia la publicó en Twitter! El agente plantea que lo hace para evitar la revictimización que genera la demora de 10 años ante el Sistema Interamericano, cuando el caso lleva 20 años en la justicia interna sin ser resuelto y sin reconocimiento del Estado. Por ello, y aun sin saber lo que diría la Corte, Jineth decidió plantear que si el Estado desea aceptar su responsabilidad y allanarse a las pretensiones, está a la espera de que lo haga en la instancia que corresponde. Es decir, ante la Corte IDH.

Colombia alega que ha adelantado “distintas acciones de índole penal y disciplinaria, así como medidas de protección y reparación para salvaguardar los derechos de la víctima”. ¿Esto es cierto, falso o inexacto?

Las violaciones de derechos humanos cometidas en contra de Jineth se encuentran en una situación generalizada de impunidad. Es cierto que existen tres condenas; sin embargo, dichas condenas se dictaron en contra de autores materiales. El Estado no ha investigado, juzgado y sancionado a ningún autor intelectual ni ha avanzado en líneas de investigación sobre la responsabilidad de agentes del Estado a pesar de la amplia prueba, en el expediente, sobre su participación. Tampoco existe una sola condena por las amenazas recibidas por parte de Jineth durante más de 20 años que implican un grave riesgo sobre su vida.

Los expedientes e investigaciones adelantados por Jineth y, parcialmente, por la Fiscalía indican que los crímenes en su contra fueron inducidos y dirigidos por funcionarios estatales. Y se deduce que se trata de miembros de la Policía y de la administración de cárceles. ¿Se refiere a eso?

Sí. La declaración de Jineth, el lunes 15 de marzo, es contundente: existe amplia prueba de participación de agentes estatales en los hechos, y estos no han sido investigados.

Ella ha mencionado insistentemente que un general de la Policía estuvo implicado. En su conocimiento del caso, ¿puede llegar a probarse tal afirmación con certeza judicial?

Todo lo afirmado por Jineth durante la audiencia tiene sustento probatorio y lo hemos enviado a la Corte Interamericana durante la fase escrita del proceso, incluyendo la prueba sobre la responsabilidad de agentes del Estado que ha sido ignorada por Colombia en sus investigaciones internas. Ahora bien, no corresponde al Tribunal Interamericano juzgar las responsabilidades penales individuales. La Corte evalúa la responsabilidad por acción y omisión del Estado en todas sus ramas, incluida la Judicial. En función de las omisiones en las que haya incurrido la Rama Judicial, la Corte sí podría ordenar que la Fiscalía investigue a los miembros del Inpec, de la Policía y del Ejército que han sido mencionados en las diferentes declaraciones o frente a quienes haya indicios de posible participación.

Siendo que la Fiscalía colombiana actual depende de quien fuera subalterno del mismo gobierno representado por el agente del Estado que se retiró de la audiencia, no parece independiente de la administración, ¿alguna otra instancia internacional puede tratar casos de responsabilidad penal individual a falta de justicia nacional?

Nosotras somos hijas de la paciencia: la Fiscalía, la Procuraduría y otras instancias estatales pueden retomar el caso en cualquier momento. Así ha sucedido en otros países. No todo está perdido a nivel interno. La del Sistema Interamericano es una apuesta de largo alcance, y existen espacios como el de la Corte Penal Internacional y otros para el ejercicio de la jurisdicción universal en materia de derechos humanos.

El agente que representó a Colombia, Camilo Gómez, también fue parte del gobierno en la época en que fueron violados los derechos de Jineth (año 2000, administración Pastrana). El general presuntamente implicado en los crímenes contra la periodista fue un oficial cercano a la Presidencia. ¿Estos vínculos políticos pondrían en duda la imparcialidad del agente frente a la Corte IDH?

Realmente desconozco el papel del doctor Gómez en aquella época o si él conoce a algunos de los posibles implicados en los crímenes. Pero creo que su pregunta debe ser respondida. Lo claro es que a quien asume la representación a nombre del Estado le corresponde, antes que nada, proteger los derechos de los ciudadanos. En este caso y otros, el compromiso de un Estado democrático y de su agente no debe ser el de respaldar las falencias de funcionarios o instituciones, sino el de velar por los derechos constitucionales de las víctimas.

“Silenciar a Jineth”

¿Por qué el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Cejil, se interesó en el caso de la periodista Jineth Bedoya, y cuánto hace que la representa?

Nos sumamos al equipo legal que acompaña a Jineth en 2013, a pedido de ella y de la Fundación para la libertad de prensa (FLIP). Desde entonces acompañamos el proceso internacional ante el Sistema Interamericano. Decidimos aceptar su invitación debido a nuestra admiración por ella y su trabajo periodístico. También porque entendimos que el litigio, en el Sistema, podría asegurar la protección de los derechos de Jineth y catalizar cambios más estructurales en hechos de violencia sexual, la respuesta estatal frente a las amenazas, los mecanismos de silenciamiento de la prensa, y la impunidad en casos que vinculan a los intocables.

Lo sucedido con Jineth es de atrocidad máxima ¿Conoce usted casos similares de crueldad o desidia del Estado?

Desgraciadamente la impunidad rodea muchos casos de violencia sexual que se acentúa, aún más, cuando se trata de los autores intelectuales. Lo más impactante del caso de Jineth es que las acciones de obstrucción y complicidad se multiplican a través de dos décadas, y que las amenazas siguen activas. Parece evidenciar una instrumentalización del aparato de Estado para encubrir a los responsables y silenciar a Jineth.

“El Estado colombiano pudo objetar (antes y durante la audiencia) y no lo hizo”

Cuando un Estado, en el Sistema Interamericano, no está de acuerdo con el curso que toma un caso en su contra, ¿cuenta con mecanismos procesales que le permitan tramitar sus objeciones?

Por supuesto. En el caso concreto de Yineth, el Estado colombiano tuvo dos oportunidades, en la etapa escrita, para objetar el alcance de la declaración de la señora Bedoya, pero no lo hizo. Más aún, en esa etapa, el agente de Colombia se opuso a algunas cuestiones, no así el alcance de la declaración de Jineth. Es importante recordar que las intervenciones de la jueza y los jueces (de la Corte Interamericana de Derechos Humanos) se limitaron a formular preguntas dentro de lo que había sido previamente aprobado por este tribunal. Cuando estaba por iniciar la audiencia, esta semana, el secretario de la Corte leyó el objeto del testimonio que daría la señora Bedoya. En ese momento, también el Estado podría haberse opuesto al alcance de su declaración y no lo hizo. Ese era el último momento en que podía hacerlo en lugar de que el agente se enojara y se retirara de la audiencia.