Defensa presentó apelación

A la cárcel expresidente de Conalvías, Andrés Jaramillo, por “carrusel de la contratación”

Es procesado por los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.

Archivo El Espectador

    El juez 65 de control de garantías cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario al expresidente de Conalvías, Andrés Jaramillo López en el proceso que se le adelanta por su presunta participación en el pago de millonarios sobornos para obtener el contrato de  reparación de la malla vial en el año 2008. El convenio firmado entre la Unidad de Mantenimiento Vial y la Unión Temporal Patria tuvo un valor cercano a los 43 mil millones de pesos.

    El funcionario judicial avaló la petición de la Fiscalía General que consideró que el procesado representa un peligro para la sociedad y para el proceso en sí, puesto que uno de los hechos que motivaron su captura la semana pasada fue el hecho que había intentado pagar sobornos para que los testigos de la investigación cambiaran su versión y se retractaran de los señalamientos hechos contra Jaramillo.

    Debido a la gravedad de los hechos materia de investigación, la obstrucción a la justicia y el riesgo de fuga el juez del caso consideró que es necesario que el empresario esté privado de su libertad mientras se adelanta el proceso penal en su contra por el denominado 'carrusel de la contratación'. En la diligencia judicial se emitió la boleta para que sea enviado a la cárcel Modelo en la capital de la República.

    "Se protege el emento material probatorio que tiene la Fiscalía General y que se llevaría a juicio, además se protege a quienes puedan declarar en juicio para que no sean afectados. Para que si es vencido en juicio sea efectivo el cumplimiento de la sentencia como de los correspondientes perjuicios a las víctimas", precisó el juez de garantías al emitir su determinación.

    El funcionario judicial no aceptó la petición para otorgarle al procesado el beneficio de la detención domiciliaria o de ordenar la vigilancia por medio de un brazalete electrónico. "Considera el despacho que con esas medidas no se cumplen los fines propuestos, puesto que su campo de acción no estaría lo suficientemente limitados para garantizar los fines señalados". 

    En su extensa intervención, el juez de garantías consideró que los testimonios entregados por el abogado Manuel Sánchez –uno de los testigos clave en el ‘carrusel’- revisten de veracidad puesto que es coherente en el tiempo, modo y lugar donde se habrían presentado os sobornos a funcionarios de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) y concejales para que entregaran el contrato.

    El empresario es procesdo por su presunta participación en los delitos de cohecho por dar u ofrecer e interés undebido en la celebración de contratos. En la audiencia de imputación de cargos celebrada el pasado jueves Jaramillo López se declaró inocente. 

    El soborno

    En la imputación de cargos el fiscal del caso manifestó que en el año 2008 Jaramillo se reunió en diferentes oportunidades con el ingeniero Jaime Mejía Bernal, presidente del Grupo Patria, para “cuadrar” la entrega de las comisiones con garantizar el contrato de reparación de la malla vial que tenía un valor cercano a los 43 mil millones de pesos.

    Mejía Bernal –cuyo paradero hasta el momento es desconocido- habría contactado a un grupo de concejales con el fin que favorecieran los intereses de la Unión Temporal en el mencionado contrato. En una primera parte le fueron entregados 450 millones de pesos divididos así: $150 millones para Iván Hernández Daza y 300 millones al concejal Andrés Camacho Casado (quien fue condenado por estos hechos tras la firma de un preacuerdo).

    En otra etapa se destinaron 535 millones de pesos divididos así: Para los concejales Hipólito Moreno y Orando Parada Díaz. Otra parte le fue entregada a Iván Hernández Daza como un “regalo” una vez e fue adjudicado el contrato vial. Para justificar la entrega de este dinero aparecen en la empresa Conalvías unas facturas a unos proveedores, sin embargo la Fiscalía General considera que estos documentos fueron falsificados para darle apariencia de legalidad.

    Otro testigo aseguró que se habrían pagado, además de las sumas de dinero anteriormente mencionadas, una suma cercana a los 1.900 millones de pesos con el fin que otros funcionarios facilitaran la entrega del contrato, evitar los debates de control y vigilancia y la modificación del pliego de condiciones del contrato.

    La defensa de Jaramillo, el abogado Jaime Granados Peña presentó recurso de apelación el cual deberá ser resuelto por un juez de conocimiento en los próximos meses.

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    Redacción Judicial

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    A la cárcel expresidente de Conalvías, Andrés Jaramillo, por “carrusel de la contratación”

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