Este viernes, cuatro funcionarios de la Gobernación de San Andrés fueron enviados a la cárcel por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos por más de $120.000 millones. Los contratos, de acuerdo con la investigación, habrían sido entregados a los mismos constructores que, a cambio de millonarias coimas, se habrían quedado con las obras de valorización en el municipio de Armenia, departamento del Quindío. (Le podría interesar: Así funcionaba el esquema de corrupción en la isla de San Andrés)
Estos funcionarios son Alejandro Lozano Bowie, secretario de Infraestructura; Ain Zulema Conolly, jefe de la Oficina Jurídica; y los supervisores de contratos Luis Albeiro Urrego y Elizabeth O´Neill. De igual manera, el Juzgado Primero Penal Mixto de San Andrés envió a un centro penitenciario a los contratistas Mauricio José Rodríguez Cotua y Sergio Fabian Lever Whittaker, y les concedió el beneficio de casa por cárcel a Tatiana Pérez García, exsecretaría de Planeación; a Edelmira Archbold Hawkins, exsecretaría de Educación, y al particular Juan Diego Alvis Cotes.
La Fiscalía aseguró que, para quedarse con la construcción de colegios y parques en el departamento, los contratistas Hernán Moreno Pérez, Fernando León Diez Cardona y algunos de sus presuntos socios, habrían pagado el 10% del valor de los contratos con la posible participación de altos funcionarios del gobierno departamental. De hecho, el gobernador de San Andrés, Ronald Housny Jaller, y su antecesora, Aury Guerrero Bowie, se encuentra detenidos en una cárcel por estos hechos. (En contexto: Tribunal de Bogotá dicta medida de aseguramiento contra gobernador y exgobernadora de San Andrés)
Los contratistas, según la investigación, entregaban el valor acordado a intermediarios, quienes, a su vez, serían los encargados de repartir las coimas a los mandatarios y algunos funcionarios que, presuntamente, manipularon licitaciones públicas y descartaron a otros oferentes que también participaron con el pretexto de que no cumplían los requisitos de ley. Las coimas, que podrían superar los $11.000 millones, se habrían entregado en las casas de las personas involucradas, en sus oficinas y en vehículos oficiales.
Entre los contratos que fueron adjudicados, según la Fiscalía, se encuentra la construcción del Centro de Educación Media Diversificada (Cemed) Antonia Santos, que serviría a la población estudiantil. El contrato fue suscrito el 23 de diciembre de 2014, por un valor de $50.000 millones y que, en teoría, debía entregarse un año más tarde. Sin embargo, cuatro años después las obras no alcanzan el 50% de su ejecución. (Lea: Fiscalía capturó a gobernador y exgobernadora de San Andrés)
Los contratistas Hernán Moreno Pérez, Fernando León Diez Cardona y Ángel José Angarita Pareja, quienes se encuentran detenidos por posibles hechos de corrupción en obras de valorización en la capital del Quindío, serán, ahora, investigados por estos nuevos hechos que los compromete.