La condena a la Nación por un “falso positivo” en La Tigrera (Tolima)

En el mismo hecho fue ejecutado extrajudicialmente Marco Antonio Quiroga. Fue un falso operativo antiextorsión autorizado por el coronel (r) José Luis Martínez Suárez, entonces comandante del Gaula Militar Tolima.

El 12 de enero de 2007, después de desayunar, Álvaro Enrique Rodríguez Buitrago le dijo a su esposa que tenía que ir a hacer una vuelta a la esquina, que ya regresaba. Ese mismo día, su hermano recibió una llamada urgente de un funcionario de la Fiscalía en Ibagué que fuera a las instalaciones de la entidad para que reconociera un cuerpo sin vida que habían encontrado hecho que fue posible hasta el día siguiente, en la morgue del hospital Federico Lleras. Era Álvaro, pero el Ejército decía que era un integrante de grupos ilegales que había sido abatido junto a Marco Antonio Quiroga en un operativo realizado en la vía que del municipio de Alvarado - Tolima, conduce hacia la vereda La Tigrera. Era mentira.

El hecho existió, claro. Pero lejos de ser una actuación legítima del Gaula Militar Tolima que comandaba para ese entonces el coronel, hoy en retiro, José Luis Martínez, se trató de un caso de “falsos positivos” o ejecuciones extrajudiciales. Por este crimen, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Ibagué condenó a la Nación el pasado 10 de noviembre, en fallo que apenas se conoce y que está en poder de El Espectador. La decisión ordenó al Ejército “reconocer en un acto público de la responsabilidad y petición de disculpas a la memoria del señor Álvaro Enrique Rodríguez Buitrago, en las instalaciones de la Plaza de mercado de El Jardín, que deberá ser difundido por diferentes medios de comunicación, el cual contará con la asistencia de las autoridades miliares y los familiares”.

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“Está demostrado que la ejecución del señor Álvaro Enrique Rodríguez Buitrago, fue llevada a cabo por miembros del Ejército Nacional, que hacían parte del Gaula del Tolima y que se valían de maniobras fraudulentas para presentar ante sus superiores operaciones militares exitosas, esto, reclutando ellos mismos y mediante la participación de terceros a personas a las que se les hacían ofrecimientos económicos ilícitos para dirigirlos hasta sectores en donde eran ejecutados por miembros del ejército nacional simulando enfrentamiento”, dice la decisión que además ordenó una indemnización para la familia.

El juzgado ordenó como medida de satisfacción y para restablecer la dignidad, la honra, el buen nombre y la reputación de la familia de Álvaro Enrique Rodríguez Buitrago, que el Ministerio de Defensa y el Ejército publiquen en un periódico local cómo ocurrió su muerte, dejando que el hecho “no ocurrió como consecuencia de un combate con miembros del Gaula Militar – Tolima, sino que fue ejecutado extrajudicialmente por actos perpetrados por agentes del Estado. Igualmente deberá contener el compromiso por parte de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, de que se implementarán medidas y correctivos a fin de evitar que se repitan hechos como el aquí evidenciado”.

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El Juzgado tuvo en cuenta que, por estos hechos, los militares William Eduardo López Pico y Carlos Arturo Malte fueron condenados a 20 y 21 años de prisión por la justicia ordinaria. Y que el segundo, sargento del Ejército, aceptó haber adelantado una operación fraudulenta “para asegurar el resultado criminal de los miembros del Ejército, quienes sin que mediara ataque o agresión por parte de la víctima le dieron muerte”. Esto, luego de haber contactado a Rodríguez Buitrago para ofrecerle una posibilidad de trabajo y dinero fácil “y así asegurar que cuando la unidad del Gaula llegara al sitio, la victima estuviera dispuesta y aprovechando la sorpresa e inferioridad numérica, se pudiera asegurar un falso resultado operacional”.

“Como prueba determinante en el caso bajo estudio, tenemos que uno de los integrantes del grupo del Gaula Tolima, que participó en la misión denominada Lexical 005 el 12 de enero de 2007, en la que resultó muerto el señor Álvaro Enrique Rodríguez Buitrago, esto es, el Sargento Carlos Arturo Malte Pérez, en diligencia de preacuerdo adelantada con la Fiscalía, aceptó los cargos correspondientes a la ejecución extrajudicial”, agrega el juzgado. Por este caso iba a ser acusado en febrero de 2020 el coronel (r) José Luis Martínez Suárez pero la audiencia se suspendió ya que el Juzgado Segundo Itinerante de Pereira decidió que el caso debía pasar a la Jurisdicción Especial para la Paz. Además, fue condenado a 43 años el exagente del DAS Giovanni Calderon Salazar.

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Ya el 4 de junio de 2020, el Juzgado Décimo Administrativo de Ibagué había condenado a la Nación por la ejecución extrajudicial de la otra víctima del caso La Tigrera: Marco Antonio Quiroga. Esa decisión también ordenó al Ejército hacer un acto público de responsabilidad en las instalaciones de la plaza de mercado de La 14 en esa ciudad, en donde él trabajaba como vendedor de frutas y verduras. Además, deberá informar en medios de comunicación que su muerte no obedeció a un combate, como una forma de reparar el daño perpetrado a él y su familia. “Queda claro que el homicidio de Marco Antonio Quiroga fue ocasionado por militares, constituyéndose en una ejecución extrajudicial, conocida como falso positivo”, dice el fallo.