La conexión entre agentes del Estado y grupos paramilitares en condena en caso Garzón

Desde hace por lo menos dos años, la Fiscalía investiga la relación que se habría tejido entre miembros del Ejército y el exjefe paramilitar Carlos Castaño para perpetrar el asesinato de Jaime Garzón. La condena contra José Miguel Narváez, exdirector del DAS, es clave en las pesquisas.

Jaime Garzón fue asesinado en la madrugada del 13 de agosto de 1999, cuando salía de su casa a trabajar.Archivo

La condena de 30 años de prisión en contra del exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, por su participación en el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón Forero, ocurrida hace 19 años, es hoy una prueba más de lo que la Fiscalía ha querido probar desde 2014: que miembros de la Fuerza Pública se aliaron con grupos paramilitares para acabar con defensores de derechos humanos quienes, a finales de los años 90, se habían convertido en “sujetos incómodos” para el Estado. Según la sentencia de 90 páginas, firmada por el juez séptimo penal del circuito especializado de Bogotá, no hay duda alguna de que Narváez fue quien le sugirió la idea de asesinar a Garzón al exjefe paramilitar, Carlos Castaño, quien finalmente fue el que dio la orden.

El fallo judicial es claro en afirmar que el exsubdirector del DAS, además de soplarle el plan para matarlo, le proporcionó información clave de inteligencia militar y coordinó labores con la banda de sicarios La Terraza, quienes se encargaron de desarrollar el plan y de disparar las cinco balas que acabaron con la vida del periodista. A esa conclusión llegó el juzgado después de más de dos años de juicio y de escuchar los testimonios de por lo menos cinco exjefes paramilitares quienes aseguraron que vieron en varias ocasiones a Castaño, en compañía de Narváez. Entre las versiones resaltadas en la sentencia están las de Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, Fredy Rendón Herrera, alias El Alemán, Salvatore Mancuso y Diego Fernando Murillo, alias Don Berna.

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Báez, por ejemplo, relató que conoció a Narváez hace más de 24 años en reuniones y charlas que dictó el exfuncionario de DAS sobre anticomunismo, doctrina de seguridad y lucha contraguerrilla. Dijo, además, que lo vio visitando a Castaño en el corregimiento de Villanueva (Córdoba) pues eran muy amigos. El Alemán y Mancuso, ambos exjefes paramilitares, explicaron que también conocieron a Narváez en estas conferencias y que lo habían visto en varias ocasiones en fincas de grupos de autodefensas, por su estrecha cercanía a Carlos Castaño. Mancuso y El Alemán agregaron que en esas charlas, el exjefe del DAS les explicaba quiénes eran los líderes de los grupos de izquierda y dónde estaban ubicados.

En cuanto a Don Berna, el juzgado resaltó el testimonio que dio el exjefe paramilitar en Estados Unidos y que fue clave para que el proceso en contra de Narváez avanzara en la justicia colombiana. La versión se conoció en febrero de 2012 y allí, Don Berna explicó que Narváez le dijo a Castaño que Garzón no era un simple facilitador para la liberación de secuestrados de las Farc, sino que era miembro de la guerrilla y que se estaba lucrando a punta de su labor como mediador. Relató que el día del encuentro, el exsubdirector le entregó una carpeta a Castaño con información de inteligencia militar en la que había una foto del periodista vestido con una chaqueta de camuflado en la zona del Sumapaz.

“Carlos me dice que llame al Negro Elkin que se dirija a hablar con él (sic), nos reunimos con él (…) Narváez se retira y Carlos dice que va a tomar la decisión de darlo de baja (a Garzón)”, dijo Don Berna, quien agregó, sin titubear, que Narváez “fue el determinante de la muerte de Jaime Garzón”. Lo que ha dicho este exjefe paramilitar en este y otros procesos ha servido para que las autoridades avancen en la investigación de otros procesos judiciales bajo la hipótesis de que agentes del Estado y paramilitares se aliaron para dar de baja a personas que, como Garzón, se habían vuelto incómodas. En esa línea de trabajo, la Fiscalía explicó hace dos años otro asunto clave: la teoría del enemigo interno.

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Según el ente investigador, esta teoría nació en el seno de las Fuerzas Militares en los 60. En múltiples manuales de guerra y documentos militares de las siguientes cuatro décadas se plantearon argumentos que sostienen esta tesis: “Todo individuo descontento, amargado, inconforme (...) es un guerrillero en potencia”. “Todo individuo que de una u otra manera favorezca las intenciones del enemigo debe ser considerado traidor”. Es decir, a los ojos de ciertos agentes estatales, Garzón era un traidor y debía ser eliminado. Además del periodista, la Fiscalía apuntó los nombres de cuatro víctimas más de esta macabra teoría: Eduardo Umaña y Jesús María Valle, abogados; y Mario Calderón y Elsa Alvarado, investigadores del Cinep.

Los cinco defensores de derechos humanos fueron asesinados. En el caso de Garzón, dice la Fiscalía, lo que selló su destino fue su rol como mediador ante la guerrilla para buscar la libertad de secuestrados. En el caso de Umaña, su actividad como abogado, defensor de presos políticos y de sindicalistas. En el caso de los esposos Mario Calderón y Elsa Alvarado, sus trabajos de investigación social en el Urabá antioqueño y en el páramo de Sumapaz. En el caso de Jesús María Valle, sus denuncias de la connivencia entre miembros de la Cuarta Brigada del Ejército y los paramilitares en las masacres del Aro y La Granja, zona rural del municipio de Ituango (Antioquia).

Según estableció la Fiscalía, en estos cuatro crímenes que dejó como resultado cinco personas muertas y un país sacudido y golpeado, se estableció que “el modus operandi común a los homicidios de defensores de derechos humanos consistió en que miembros de la Fuerza Pública, escudados en su lucha contrainsurgente, declaraban objetivo legítimo a defensores de derechos humanos con ocasión a su labor o por tener una postura crítica frente a sectores oficiales; información transmitida al máximo jefe de las Auc, Carlos Cataño Gil, quien ordenaba a la banda sicarial La Terraza para ejecutar el homicidio”. Estos fueron, precisamente, los pasos que se dieron en la planeación del asesinato de Garzón, según la sentencia conocida este 14 de agosto.

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La Fiscalía, además, se dedicó a establecer cuáles eran los “patrones criminales” que compartían el asesinato de Jaime Garzón con el de Jesús María Valle, Eduardo Umaña, Mario Calderón y Elsa Alvarado. Estos fueron los que encontró: todos denunciaron amenazas y seguimientos; los perpetradores fueron los sicarios de la temida banda La Terraza de Medellín; la orden siempre vino de Carlos Castaño, pero con “anuencia de agentes del Estado”, y, por último, las investigaciones judiciales se desviaron. Según los relatos que ha recopilado la Fiscalía, agentes como Jose Miguel Narváez, el general (r) Mauricio Santoyo y el general (r) Rito Alejo del Río, habrían sido claves para ocultar información clave y desviar las investigaciones judiciales.

En concreto, para el caso de Jaime Garzón, la Fiscalía tiene pruebas suficientes para demostrar que Santoyo, cuando era comandante del Gaula de la Policía en Medellín, desapareció a dos de los sicarios que ejecutaron al periodista. Según los avances investigativos, el general en retiro fue el encargado de secuestrar a Ángela María George Torres, alias Ángela y a Yeimar de Jesús Arboleda Suárez, alias Yilmar, dos de los autores materiales de asesinato de Garzón. El objetivo era entregárselos a alias Don Berna, jefe en la banda la Terraza, quien debía desaparecerlos y así evitar que alguna vez hablaran. La orden la dio Santoyo, sostiene la Fiscalía, para desviar la investigación del crimen.

En cuanto al papel de Narváez, el ente investigador asegura que desde el DAS, en cabeza de su exsubdirector, direccionó la investigación de crimen de Garzón para jamás dar con los verdaderos responsables, pues en su momento capturaron a Juan Pablo Ortiz, alias el Bochas, y Edilberto Sierra, dos miembros de La Terraza que terminaron siendo un falso positivo judicial y declarados inocentes a los cinco años de haber sido arrestados. Para la Fiscalía los verdaderos cerebros del asesinato fueron el general (r) Rito Alejo del Río y el coronel (r) Jorge Plazas Acevedo, quien en esa época comandaban la Brigada XII de Bogotá. Ambos oficiales fueron señalados de tener estrechos vínculos con los paramilitares.

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De acuerdo con las pesquisas que ha recopilado durante años los investigadores del caso, a principios de la década de los 90, los oficiales en retiro habrían trabajado de la mano de las autodefensas en el Urabá antioqueño. Es más, según la Fiscalía, el coronel (r) Plazas Acevedo fue el encargado de recibir, hospedar e instruir a los sicarios que llegaron desde Medellín para asesinar a Jaime Garzón. Como si fuera poco, el ente investigador tiene en su poder material de inteligencia militar que fue encontrado luego de un allanamiento realizado en las instalaciones de la Brigada XIII. Allí encontraron croquis y mapas de los seguimientos que al parecer hicieron militares al periodista y humorista antes de su asesinato.

El crimen de Jaime Garzón fue el impulso que necesito la Fiscalía para que empezara a decantar que la llegada de los paramilitares a Bogotá se dio gracias a la colaboración de la Brigada XIII. El hombre que se encargó de conformar ese grupo fue Miguel Arroyave, un comandante paramilitar que para finales de los 90 estaba preso en la cárcel La Picota. Desde ese lugar habría creado el Bloque Capital y aseguró la expansión de las autodefensas. El hombre que habló de esas relaciones fue Jesús Emiro Pereira Rivera, alias Huevoepisca, un personaje cercano a los hermanos Castaño y quien señaló que el general (r) Rito Alejo del Río y al coronel (r) Plazas Acevedo eran los enlaces de Carlos Castaño en Bogotá.

Junto a este testimonio, y otras pruebas, la Fiscalía aseguró que tiene judicialmente probado que desde finales de los años 90 los paramilitares lograron extender sus tentáculos hasta la capital del país. Y en ese contexto, en la conformación de esa alianza entre agentes del Estado y autodefensas, fue que se logró cometer una serie de asesinatos que quedaron en la impunidad por más de una década. Además del crimen de Jaime Garzón, se presume que el Bloque Capital estuvo detrás del asesinato de los investigadores del Cinep, el 19 de mayo de 1997. Asimismo, el homicidio del abogado y defensor de derechos Eduardo Umaña Mendoza, el 18 de abril de 1998, por un comando de sicarios que incursionó en su oficina, en el barrio Nicolás de Federmán.

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La misma suerte corrió el defensor de derechos humanos Jesús María Valle, quien fue asesinado el 27 de febrero de 1998, en Medellín. Por eso, para la Fiscalía es claro que ese mismo contubernio de paramilitares y agentes del Estado fueron los responsables de estos crímenes. Las hipótesis investigativas de estos casos están cambiando, pues además de determinar quiénes fueron los autores materiales e intelectuales, se busca documentar la forma en que militares, policías y agentes del DAS intentaron desviar las investigaciones para perpetuar la impunidad. La condena de Jose Miguel Narváez constituye en una pieza clave en la investigación que adelanta la Fiscalía sobre estos cuatro crímenes.

El subdirectos del DAS ha dicho en reiteradas ocasiones que nada tiene que ver con el crimen y ha tratado de desvirtutar los testimonios en su contra con el argumento de que muchos de ellos son de oídas. Si bien los cinco crímenes han sido declarados como de lesa humanidad, por la Fiscalía o por altos tribunales como el Consejo de Estado, todavía hace falta conocer con detalle el papel que tuvieron militares como Rito Alejo del Río y Jorge Eliécer Plazas Acevedo en los cinco asesinatos. Además, la justicia todavía tiene una deuda con las víctimas de esa abominable relación de paramilitares y militares: el papel y las andanzas del Bloque Capital.