La contrarreforma al equilibrio de poderes

“La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial (compuesta por los presidentes de las altas cortes, el fiscal general y el representante de los funcionarios de la justicia) le solicita a la Cámara de Representantes archivar el proyecto de acto legislativo denominado ‘reforma al equilibrio de poderes’ en lo concerniente a la justicia, al considerar que durante los debates se han presentado graves vicios en su procedimiento y, además, porque dicho proyecto resulta inconveniente para el país”, son las primeras frases de un comunicado que, prácticamente, vislumbra un choque de trenes entre magistrados, congresistas, el fiscal Eduardo Montealegre y el gobierno de Juan Manuel Santos. 

 

Para la Comisión sería imprescindible, para lograr cambios estructurales, convocar “una Asamblea Constituyente de carácter limitado a los temas de justicia (…). Una Asamblea que deberá  garantizar la participación activa y directa de  los diferentes sectores de la sociedad, incluidos los desmovilizados, si se firman los acuerdos de paz (…) con el fin de asegurar la verdadera construcción de soluciones que surjan de la confrontación de las diferentes corrientes de pensamiento y el debate informado de los ciudadanos”. Es decir, una propuesta que no estaría alejada del interés de las Farc en refrendar los acuerdos de paz en La Habana (Cuba), a través de una Asamblea Nacional Constituyente.  

 

“Esta Comisión considera que el proyecto de reforma al equilibrio de poderes implica una sustitución de la Constitución (…), minan la existencia de controles recíprocos entre las diferentes ramas que conforman nuestro Estado, lo cual lleva a concentrar el reparto del poder en las ramas Ejecutiva y Legislativa”, expresaron. La inminente preocupación entre los congresistas no debe ser para menos, ya que el mismo proyecto tiene que pasar el examen de la Corte Constitucional al tratarse de un acto legislativo. 

 

Agregaron los más altos dignatarios de la justicia que el trámite de la reforma es inconstitucional, porque “ha sufrido drásticas modificaciones desde su presentación hasta el sexto debate y se han incorporado disposiciones que no fueron objeto de discusión en la primera vuelta, lo cual podría suponer la desviación de la voluntad original”.  Asimismo, señalaron que el acto legislativo “no resuelve las hondas dificultades estructurales que hoy tiene la justicia y no contempla las reformas constitucionales necesarias para afrontar los retos que traería un posible escenario de posconflicto”.

 

De igual manera, la Comisión manifestó que la creación de un Tribunal para Aforados, que reemplazaría a la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes, no sería nada nuevo, ya que supuestamente tendría la misma estructura, funcionamiento, vicios y límites que no permitirían una eficaz administración de justicia.  Sin embargo, el principal argumento de los congresistas es que se acabaría el manto de impunidad que supuestamente rodea a los más altos dignatarios del país –presidente, magistrados y fiscal general– y la “rosca”,  porque sus miembros serían elegidos a través de un concurso de méritos.  

 

Finalmente, frente a la eliminación del polémico Consejo Superior de la Judicatura –que para muchos es la razón del enfrentamiento entre el Legislativo y la Rama Judicial– la Comisión Interinstitucional sostuvo que el diseño de los organismos que lo reemplazarían es improvisado, “puesto que las tareas que desempeña el Consejo actual son repartidas indiscriminadamente en un amplio grupo de entidades, lo que sin duda va a generar mayor caos y congestión en la administración de justicia”.