“La corrupción hay que erradicarla”, dice el procurador en Nueva York

En la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el procurador general, Fernando Carrillo Flórez habló de la importancia de no solo combatir ese delito sino intentar erradicarlo por completo. / Óscar Pérez - El Espectador

En el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el procurador general, Fernando Carrillo Flórez, dio un reporte de la situación de corrupción en Colombia y señaló la necesidad de contar con mayor protección para los denunciantes y las víctimas del conflicto armado y la importancia de empezar a emplear nuevas técnicas de investigación. Carrillo señaló que la tecnología sí es una herramienta para el crimen organizado en diferentes Estados, pero las entidades de control siguen utilizando métodos rudimentarios. Por último, denunció la falta de cooperación judicial que en la mayoría de los casos dificulta los procesos que combaten la corrupción.

El procurador Fernando Carrillo  afirmó que, en los últimos 15 años, la corrupción ha comprometido el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) en los diferentes países de América Latina y afecta en un 18% la contratación pública de los Estados. “Es una corrupción más sistémica y organizada, sofisticada y estratégica en comparación a la situación de hace 15 años. Es una corrupción más moderna y digitalizada”, señaló.

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De igual forma, en su intervención en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, dijo que para lograr que se erradique la corrupción es fundamental contar con órganos de control independientes con capacidades sancionatorias. De igual forma, la justicia debe ser independiente y exige tener libertad de prensa blindada contra los abusos del Estado. “La corrupción se ha convertido en el mayor factor de deterioro de los derechos fundamentales de los ciudadanos en nuestras regiones. Ha afectado los derechos económicos y sociales”.

Finalmente, afirmó que en Colombia se han expedido normas como un código de extinción de dominio para los bienes de los corruptos,con el fin de recuperar sus activos. También se refirió a las normas de sanciones administrativas y societarias contra las empresas comprometidas en actos de corrupción, afirmando que aún en el país “no se ha consagrado como debe ser la responsabilidad penal de las personas jurídicas como un instrumento inequívoco y eficaz en la lucha contra la corrupción”.  

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