La Corte Suprema confirma al Parque Nacional Natural los Nevados como sujeto de derechos

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De acuerdo con el reciente fallo de la alta corte, el parque nacional ubicado en el Eje Cafetero gozará el amparo de los derechos fundamentales a la vida, salud y ambiente sano. Además, el presidente Iván Duque deberá elaborar y acompañar labores de protección al ecosistema.

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo del Tribunal Superior de Ibagué que identifica al Parque Nacional Natural Los Nevados como sujeto de derechos a la vida, salud y ambiente sano. Con ponencia de la magistrada Cecilia Dueñas Quevedo, la alta corte agregó que el presidente Iván Duque, así como a diferentes despachos de Gobierno, deberán elaborar y coordinar un plan de conservación para el complejo volcánico conformado por el Nevado del Ruiz, el Nevado de Santa Isabel y el Nevado del Tolima, entre otros.

En contexto: Parque Nacional Natural Los Nevados es declarado sujeto de derechos.

“Se ordena al presidente de la República de Colombia, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, designar un grupo especial de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional que acompañe de manera continua y permanente las labores de conservación, manejo y protección que realiza Parques Nacionales Naturales de Colombia (organización gubernamental que administra áreas similares en el territorio nacional) en el Parque Nacional Natural Los Nevados”, agregó la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

El alto tribunal resolvió un recurso de impugnación presentado por municipios del Eje Cafetero; la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y de Infraestructura (ANI); el Instituto Agustín Codazzi; los ministerios de Minas y Energías, así como el despacho de Ambiente y Desarrollo Sostenible; y la organización Parques Nacionales Naturales de Colombia. El colectivo buscaba modificar un fallo del Tribunal Superior de Ibagué, que el pasado 13 de octubre le había designado a autoridades regionales la protección del territorio. Pero la Corte no les dio la razón y, en cambio, se mantuvo en sintonía con el Tribunal.

Durante el proceso, la Presidencia expuso que el máximo mandatario no es el llamado a acatar tales ordenes, pues el responsable de ello es el ministro o el director del departamento de la respectiva rama. Por su parte, el municipio de Villamaría (Caldas), expuso ante la Corte Suprema que la carga fiscal le corresponde a la organización gubernamental Parques Nacionales Naturales de Colombia, mientras que este último dijo que no se oponía a lo dictado por el Tribunal Superior de Ibagué y que estaba implementando planes de conservación con la población campesina en situación de vulnerabilidad.

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Dentro de sus consideraciones, la Corte Suprema de Justicia reconoció que el Parque Nacional Natural Los Nevados es un icono regional debido a sus importantes ecosistemas de paramos y bosques. Así mismo, los servicios ambientales que presta son trascendentales para la población rural y los centros urbanos aledaños, específicamente en los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y Tolima. “Sus recursos naturales son soporte fundamental para mantener el equilibrio ecológico, la biodiversidad de la región y garantizar el desarrollo de actividades humanas”, consignó la Sala de Casación Laboral.

Una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, publicada en 2019, indicó que la organización gubernamental Parques Nacionales Naturales de Colombia, que depende del ministerio de Ambiente, no tiene el control del 49,5% del territorio en cuestión, pues allí habría restricción por riesgo publico derivado del rearme de las disidencias de las Farc. Según la Corte Suprema de Justicia, la labor de proteger el parque Los Nevados no puede verse truncada por esa situación y ordenó al presidente Iván Duque designar un grupo especial de las fuerzas militares para que acompañe permanentemente las labores de conservación del ecosistema. Junto al máximo mandatario deberán trabajar los entes departamentales involucrados.

Para tomar su decisión, la Corte Suprema de Justicia se basó en ocho normativas internacionales que buscan proteger el medio ambiente, entre ellas el Acuerdo de Paris de 2015, cuyo objetivo principal es reforzar la respuesta mundial ante la amenaza de cambio climático. Así mismo, la alta corte se amparó en la sentencia T-622 de la Corte Constitucional, la cual guía la labor de las entidades nacionales en el marco de la protección de los ecosistemas: “los principios que guían el derecho ambiental son los de prevención y precaución, que persiguen, como propósito último, el dotar a las respectivas autoridades de instrumentos para actuar ante la afectación, el daño, el riesgo o el peligro que enfrenta el medio ambiente”.

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El fallo tiene su origen una acción de tutela elevada, en principio, por el ciudadano Juan Felipe Rodríguez quien denunció al Ministerio de Trasporte y a las Corporaciones Autónomas Regionales de Tolima y Risaralda por afectar la vida de “niños, jóvenes, madres gestantes y adultos mayores de los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima, al igual que las generaciones futuras de dicha zona”, como quedó registrado en el documento conocido por El Espectador. La problemática, de acuerdo con Rodríguez, se debe a la deforestación, degradación ecológica, caza indiscriminada, ganadería extensiva y construcción de carreteras 4G que viene sufriendo el Parque Nacional Natural Los Nevados.

“Agregó que, en lo que respecta a la deforestación, el ecosistema ha perdido 327 hectáreas de acuerdo con el Reporte de Deforestación del Parque Nacional Los Nevados con corte a 2018. Así mismo, afirmó que resulta preocupante la construcción de carreteras en los parques nacionales naturales, en especial, aquellas catalogadas de cuarta generación, como el Proyecto Vial Cambao-Líbano-Manizales, el cual según el Plan de Manejo 2017-2022 impactará tangencialmente al Parque Los Nevados, ya que su trazado iría por una zona de amortiguación del área protegida”, dijo la Corte Suprema, en relación con la acción de tutela.

Durante el proceso inicial, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda se opuso a la acción de tutela, dado que, según su concepto, el ciudadano Juan Felipe Rodríguez no habría demostrado que el parque nacional sufriera deforestación, degradación, erosión y fragmentación. “Señaló que de la documentación que le suministró el IDEAM se extrae que en los últimos años no se presentaron tales afectaciones en el área protegida”, allegó la institución a la Corte Suprema de Justicia. Por su parte, la Corporación Autónoma Regional del Tolima dijo que el tutelante contó con la herramienta precisa para obtener la protección de los derechos solicitados.

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