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La renuncia del ministro de Defensa, Guillermo Botero, se convierte en la segunda vez que el Gobierno Duque tiene que sacrificar a un miembro de su gabinete que se queda sin margen de maniobra política. Gloria María Borrero fue la primera. Dejó el Ministerio de Justicia en mayo pasado, tras una lluvia de críticas por fallas como el extravío de una carta en el proceso de extradición de Jesús Santrich y su falta de entendimiento con el Congreso. Esta semana, a Botero también se le agotó el oxígeno político. La estocada final fue la revelación del senador Roy Barreras el pasado 5 de noviembre, durante un debate de moción de censura contra Botero, de que ocho menores de edad murieron durante un bombardeo del Ejército a alias Gildardo Cucho, en agosto pasado.
Para el exministro de Defensa, 2019 fue un año marcado por las crisis. El manejo que les dio a ciertas situaciones —como el orden público en Cauca—, sus declaraciones ante los medios de comunicación en graves momentos de seguridad para el país y las revelaciones periodísticas sobre corrupción en el Ejército, entre otras situaciones, terminaron poniendo a Botero en el ojo del huracán. El paso al costado que dio esta semana ocurrió antes de que el Senado, como lo señalaron la mayoría de los partidos que no hacen parte de la bancada del Gobierno, lo convirtieran en el primer ministro de la historia de Colombia en salir de su cargo por una moción de censura.
Botero llegó al Ministerio junto al presidente Iván Duque en agosto pasado, luego de haber sido el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) durante 15 años. Dos de las banderas del la administración entrante en materia de seguridad, y de las que Botero fue su principal responsable, son la lucha contra los grupos armados ilegales (Clan del Golfo, disidencias de las Farc y Eln, entre otros) y la disminución de los cultivos de coca. No obstante, en estos dos temas, la realidad del país terminan dejando mal parado a Botero. Los grupos criminales hacen control territorial y manejan las rutas de narcotráfico y minería ilegal en zonas como el Cauca, Putumayo, Nariño, Urabá chocoano y antioqueño, Bajo Cauca, sur de Córdoba, el Catatumbo y Arauca, han señalado la Defensoría del Pueblo y las mismas comunidades.
En cuanto a la lucha contra los cultivos de uso ilícito, la ONU señaló que en 2018 hubo una reducción de 2.000 hectáreas de coca. Sin embargo, este logro, en el que se pasó de 171.000 hectáreas a 169.000, lo comparte con el gobierno de Juan Manuel Santos, quien estuvo los siete primeros meses de eso año. Precisamente, la primera declaración que le granjeó críticas fue su radical defensa del glifosato, el herbicida que se usa para erradicar los cultivos de coca. Incluso, en marzo pasado, durante la audiencia pública de la Corte Constitucional sobre el uso de glifosato, al ministro Botero, aseguró, erróneamente, que la aspersión aérea era “infinitamente más barata” que otras técnicas de erradicación.
Botero ni siquiera se había posesionado en su cargo cuando ya generaba resistencia. En julio de 2018, durante la Cumbre Concordia Américas, propuso regular la protesta social mediante una ley estatutaria. “En el ámbito social, respetamos la protesta social, pero también creemos que debe ser una protesta ordenada que verdaderamente represente los intereses de todos los colombianos y no solo de un pequeño grupo”, señaló el entonces entrante ministro. Tres meses después, aseguró que la protesta social era financiada por grupos armados: “Cada vez que cierran la vía Panamericana o ayer que me cerraron unas carreteras en Nariño, detrás de eso siempre hay mafias organizadas”, aseguró.
Ya en su cargo, durante los 27 días que duró la minga indígena en el Cauca, entre marzo y abril de 2019, Botero afirmó que las movilizaciones que se daban en el suroccidente del país estaban infiltradas por grupos armados. La declaración no cayó nada bien entre los líderes de la protesta y terminó tensando más la relación con el Gobierno. A finales de septiembre pasado, en medio de las manifestaciones que se dieron durante el paro de transportadores informales, Botero volvió a insistir en que se regularan las protestas. “Los artículos de la protesta social que tenía la ley 1801 sobre convivencia y seguridad no están vigentes porque la Corte Constitucional dijo que requerían de una ley estatutaria”, señaló.
Sin lugar a dudas, el episodio más complicado de manejar para él en su paso por la cartera de Defensa fue el asesinato de Dimar Torres, excombatiente de las Farc, en abril pasado. En los días siguientes al crimen, el entonces ministro dio versiones contrariadas. Primero dijo que el cabo del Ejército que disparó en contra de Torres lo había hecho en legítima defensa. Después, aseguró que la muerte del exguerrillero ocurrió en un forcejeo con el uniformado por la tenencia de un arma. Sin embargo, el cabo en cuestión aceptó cargos y la Fiscalía dice que en el crimen participaron cuatro miembros más del Ejército —incluido un coronel— y que, incluso, se creó un grupo de Whatsapp para cometer el crimen.
Luego, en mayo, tuvo que pedir disculpas por una publicación en la cuenta de Twitter del Ministerio en la que replicó, supuestamente, una declaración del presidente. “Los líderes sociales que están siendo asesinados por grupos armados ilegales son, en su mayoría, criminales dedicados al narcotráfico, por lo que se requiere enfrentar este fenómeno de manera coordinada”, decía el mensaje de la cuenta institucional. Sus palabras recordaron una intervención de su predecesor, el exministro Luis Carlos Villegas, quien señaló en diciembre de 2017 que los asesinatos de líderes sociales “son frutos de un tema de linderos, de faldas, de peleas por rentas ilícitas”.
El caso de Dimar Torres le costó a Botero un debate de moción de censura en el Congreso. En esa oportunidad también fue cuestionado por la respuesta que dio ante las revelaciones del diario norteamericano The New York Times de que unas directrices del Ejército podrían significar el regreso de los falsos positivos, ya que pedían aumentar el número de resultados sin especificar la forma. Inicialmente, Botero dijo que las directrices no existían, pero luego el Ministerio anunció que la Fuerza Pública retiraría las órdenes cuestionadas. Los promotores de la moción no lograron reunir los votos necesarios para que la propuesta prosperara.
A finales de junio pasado, Botero volvió a ser blanco de críticas por la explicación que dio sobre la situación de orden público en Vichada durante un taller Construyendo País en Puerto Carreño. El entonces jefe de la cartera ministerial aseguró que el aumento en los casos de robo se debía “mayoritariamente” al hurto de prendas colgadas en cuerdas. “Esos hurtos de residencia son unos hurtos menores y están muy concentrados, increíblemente, en el robo de ropa que está siendo extendida en unas cuerdas para su secado y verdaderamente aprovechan”, dijo Botero, con lo que se ganó una abucheada.
Hacia septiembre de este año, en la recta final de las campañas electorales regionales, en el norte del Cauca se cometió una masacre en la que murieron la candidata a la Alcaldía de Suárez, Karina García, y otras cinco personas, entre ellas, su madre y una candidata al Concejo de ese mismo municipio. Casi dos meses después, la semana pasada, se perpetraron dos nuevas masacres en esta zona del departamento. Los dos asesinatos múltiples en Corinto, que dejaron nueve personas asesinadas (cinco indígenas y cuatro topógrafos), pusieron bajo serios cuestionamientos al Gobierno y en especial al ministro de Defensa.
La revelación hecha por el senador Roy Barreras de que al menos siete menores murieron en un bombardeo de las Fuerzas Militares —luego la Fiscalía precisó que fueron ocho— terminó por dejar contra las cuerdas a Botero. El personero de Puerto Rico (Caquetá) y una alerta temprana de la Defensoría, de enero de este año, ya habían alertado al Gobierno de que las disidencias de las Farc estaban reclutando menores en esta zona. Por su parte, el ministro de Defensa encargado, el general Luis Fernando Navarro, dijo ante medios de comunicación que era “muy difícil” conocer con tanto grado de detalle quiénes estaban en ese campamento de la disidencia y que las Fuerzas Militares han desvinculado a 230 menores de los grupos armados en 2019.
El paso de Botero por el Ministerio de Defensa fue complejo y accidentado, tal como la realidad de orden público del país.