La declaración del general Salamanca en juicio disciplinario al director de la Policía

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La vieja disputa entre el general Salamanca y el general Óscar Atehortúa salió de nuevo a la luz en audiencia pública en la Procuraduría General.

Este martes se reanudó en la Procuraduría General el juicio disciplinario que se adelanta en contra del director de la Policía, general Óscar Atehortúa, por su presunta participación en una serie de irregularidades en el proyecto de viviendas fiscales en San Luis (Tolima). En concreto, se investiga un presunto tráfico de influencias cuando el oficial se desempeñaba como director del Fondo Rotatorio de la Policía entre 2014 y 2016. Ese caso originó una fuerte discusión con el inspector de la Institución, general William Salamanca, que se hizo pública y por el cual el primero mandó al segundo a vacaciones forzadas. Este episodio se revivió en la diligencia de este martes.

Se trata de una reunión del 19 de diciembre de 2019, luego de que el general Salamanca enviara un equipo para recoger pruebas. Según el oficial, el general Atehortúa intentó sacar a dos investigadores de la investigación interna sobre ese presunto caso de corrupción. “Yo le digo: ‘mi general aparte de todo lo que estoy encontrando estoy decepcionado de usted, porque encuentro también que durante su paso como Inspector General (en 2018) usted archivó investigaciones que no se debían archivar’”. Salamanca asegura que, tras insistirle sobre su decepción, el general Atehortúa le habría dicho “se me sale ya de la oficina”.

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“No, mi general, ¿por qué me voy a salir de su oficina?”, respondió Salamanca. Según el oficial, Atehortúa le habría dicho que él había podido sacarlo antes de la Institución y señaló que por esa razón fue que lo mandó a vacaciones de 400 días. Según Salamanca, quien leyó sus respuestas en la audiencia, la respuesta suya fue: “¿Por qué esa decisión suya? Aún quedo más sorprendido si yo ya disfruté de vacaciones en junio pasado. ¿Usted ahora me da la orden de que yo salga con vacaciones cuando acabo de mencionar que estoy adelantando investigaciones graves contra la corrupción de la Policía?”

Como se sabe, esa orden de vacaciones duró pocos días, ya que desde la presidencia de la República se ordenó que el inspector general de la Policía fuera reintegrado. Según dijo el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en ese momento “para que continúe adelantando las investigaciones correspondientes y ponga en conocimiento de las autoridades competentes los hallazgos o avances de las mismas”. La Procuraduría dictó cuatro cargos al general Atehortúa por un contrato para la construcción de las 59 casas de la Policía en San Luis, Tolima, que se hizo bajo la modalidad de llave en mano por cerca de $10.930 millones.

En el primero, se le cuestiona que en calidad de director general del Fondo Rotatorio pudiera estar incurso en una falta gravísima por haber participado, entre el 26 de diciembre de 2014 y el 17 de diciembre de 2015, en la ejecución del contrato 117-3-2011, “con presunto desconocimiento del principio de responsabilidad, al haber faltado probablemente a su deber de adelantar la revisión sobre la obra ejecutada y velar por la buena calidad del objeto contratado”.

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Además, se le cuestiona que siendo inspector general de la Policía, entre el 19 de junio y el 13 de diciembre de 2018, “no se hubiera declarado impedido para conocer el expediente disciplinario P-INSGE-2018-175, relacionado con las presuntas irregularidades en la construcción del proyecto de viviendas fiscales denominados CENOP”. Así como una presunta extralimitación de funciones al haber acudido a un capitán para que verificara la actuación adelantada en el proceso interno en la Inspección de la Policía.

“El cuarto cargo reprocha al director general de la Policía Nacional que aparentemente utilizara de manera indebida la influencia derivada del ejercicio de su cargo, para que el inspector general de esa institución, mayor general William René Salamanca Ramírez, no diera curso a una actuación disciplinaria que estaba adelantando por posibles irregularidades ocurridas en el proyecto CENOP, en la que podía resultar comprometida su responsabilidad, lo que representaría una falta gravísima”, señaló la Procuraduría en su momento.

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