La defensa de María Cristina Palau tras su salida de la Uspec

Después de que el Ministerio de Justicia la declara insubsistente, la exdirectora de la Unidad que se encarga de todos los servicios básicos en las cárceles, explicó que las denuncias en su contra son un montaje. Una denuncia anónima la tiene hoy en la mira de la Fiscalía y la Procuraduría.

Redacción Judicial
31 de octubre de 2017 - 10:06 p. m.
María Cristina Palau estuvo hasta el pasado 10 de octubre en la dirección de la Uspec. En su reemplazo, el Ministerio de Justicia nombró en interinidad al viceministro Fabián Gonzalo Marín. / Mauricio Alvarado
María Cristina Palau estuvo hasta el pasado 10 de octubre en la dirección de la Uspec. En su reemplazo, el Ministerio de Justicia nombró en interinidad al viceministro Fabián Gonzalo Marín. / Mauricio Alvarado

Durante 15 meses, María Cristina Palau estuvo en la dirección de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec). Su labor, principalmente, comprendía administrar y organizar todos los servicios que deben recibir los presos del todo el país (salud, alimentación, agua, instalaciones). Desde el comienzo, hasta su salida de la entidad, Palau defendió su trabajo, explicaba cada tanto que se trataba de una ardua tarea pues por años todo lo que tenía que ver con las cárceles en el país había sido manejado por un monopolio de contratistas. Sin embargo, para el Ministerio de Justicia y la Procuraduría, la administración de Palau estaba lejos de ser transparente y honesta. (En contexto: Crisis de salud, otro tumor para el sistema carcelario)

El pasado 10 de octubre, al Gobierno no le quedó otra opción que declararla insubsistente pues las denuncias en su contra ya llevaban una larga trayectoria, tanto en medios de comunicación, como en el Ministerio de Justicia, en la Procuraduría y hasta en la Fiscalía. Pero hubo una que especialmente llamó la atención de las autoridades. Según lo reveló La W Radio, al ministro Enrique Gil Botero le llegó un correo electrónico en el que un supuesto contratista le contó que Palau le había exigido $3 mil millones a cambio de adjudicarle un contrato para realizar obras en la cárcel de Cómbita (Boyacá) y en la de Pereira (Risaralda). El primer pagó de $600 millones, relató el denunciante, se realizó en el hotel Tryp a donde asistió la misma Palau. (También le puede interesar: “Recibimos un servicio de salud deficiente, desordenado y atrasado”: Sandra Gómez)

Tiempo después, el contrato no llegó a manos de quien supuestamente pagó la coima y fue en ese momento cuando le pidió a Palau que le regresa el dinero. Ella, según la denuncia, se negó y por eso el contratista decidió denunciarla. Por primera vez desde el comienzo del escándalo por este caso, la exdirectora expresó su rotundo rechazo a las acusaciones en su contra mediante un comunicado de prensa. Allí, explicó que su paso por la Uspec estuvo “sujeto a una conducta profesional, ética y transparente y que el anónimo en su contra no es otra cosa que un montaje pues, explica, la ejecución de las obras en cuestión, no están a cargo de la Unidad que dirigió hasta hace 20 días.

“El anónimo menciona que, estuve en el Hotel Tryp de Bogotá en el Salón Carolina, sitio que jamás he visitado y, que las corresponderá a las autoridades adelantar las averiguaciones correspondientes. Concluyo manifestando que he sido víctima de un pasquín mentiroso, y tan mal fundamentado, que tengo la seguridad que quien o quienes lo lanzaron, deben estar admirados de los daños producidos. Un mal precedente para toda la administración pública. Si con ese racero se sigue actuando, toda buena administración pública está amenazada”, expresó Palau en el comunicado, en donde agregó que espera la palabra final de las autoridades para que “saquen a la luz pública toda la verdad”.

Los cuestionamientos contra Palau no solo ya están en manos de la Fiscalía, sino que la Procuraduría ya la tiene también en su mira por el mismo anónimo que la sacó de la Uspec, aunque el ministerio explicó que su salida se debió a la baja ejecución de contratos. En su reemplazo, la cartera ministerial que dirige Gil Botero nombró al viceministro Fabián Marín como director temporal, no sin antes aclarar que la Unidad lo que necesita es una “reingeniería en su planta” contratando a profesionales para acabar con la politización de los contratos que maneja la entidad. Una tarea que, hasta ahora, le ha quedado grande a quienes pensaron que, con la creación de la Unidad en 2011, se iba a acabar la corrupción y los contratos “amañados” para prestar servicios que son fundamentales para los presos: la salud y alimentación.

La salida de Palau vuelve, precisamente, a poner en entredicho la premisa con la que se creó la Uspec. De acuerdo con otras denuncias que se han conocido en contra de la exdirectora, su nombramiento en la Unidad se dio gracias a la supuesta intervención del senador Fernando Velasco. El congresista ha explicado que sí conoce a María Cristina Palau, pues en 2010 estuvo en la contienda electoral para llegar al Senado y obtuvo más de 29 mil votos en la Valle, pero que nada tiene que ver con su elección en la entidad y que tampoco ha recibido ni un solo peso a cambio de “recomendar ni acompañar” a contratistas. “Su hoja de vida (la de Palau) llegó por diferentes medios. Ella no necesita recomendación”, agregó Velasco en entrevista con El Tiempo.

Velasco aclaró en varios medios de comunicación que no tenía nada que ver con el escándalo que enfrenta Palau. Sin embargo, en el anónimo que está en manos del Ministerio de Justicia, la Procuraduría y la Fiscalía, el denunciante dijo: “Es mi deber denunciar a esta señora corrupta y ladrona pues comparte todas las comisiones recaudadas de manera ilegal con el senador Luis Fernando Velasco". Palau ha dicho que va a acudir a todas las instancias de la justicia para probar su inocencia y que su gestión en la Uspec fue “transparente y honesta”, y para, además, desestimar el argumento que utilizó el ministerio que la declaró insubsistente: baja ejecución de contratos y mala gestión.

Por Redacción Judicial

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