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El pasado 2 de marzo, en un operativo militar en zona rural de Calamar (Guaviare), las fuerzas militares reportaron 12 muertos en medio de un bombardeo a un campamento de las disidencias de Gentil Duarte de las Farc, en el sector conocido como Buenos Aires. Tiempo después, Jhon Alberto Montilla, un campesino de esa zona, explicó que funcionarios de Medicina Legal lo llamaron, pues entre los muertos estaba su hija de 16 años, Danna Lizeth Montilla, quien a principio de año había buscado en diferentes veredas una mejor señal de internet para estudiar.
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El ministro de Defensa Diego Molano, señaló que el ataque de las Fuerzas Armadas se hizo a la luz del Derecho Internacional Humanitario (DIH), que permite el ataque a campamentos y que la estructura de Gentil Duarte convierte a los jóvenes en “máquinas de guerra”. Una declaración que que criticada por varios sectores de la opinión pública. El Comando General de las Fuerzas Militares, por su parte, explicó a El Espectador que la operación fue legitima, aunque inteligencia militar no haya confirmado la presencia de menores de edad, ni advirtió en qué información se realizó el bombardeo.
La Defensoría del Pueblo, durante los últimos días, ha acompañado a los familiares de las personas que murieron en el operativo militar. Funcionarios de la institución, a esta hora, acompañan a Jhon Alberto Montilla en su perdida, en inmediaciones de la seccional Villavicencio de Medicina Legal, donde le entregaron el cuerpo sin vida de su hija. La Defensoría, asimismo, ya había advertido a las entidades de Gobierno sobre el fenómeno de reclutamiento armado en la zona, a través de una alerta temprana que data del 15 de enero de 2019.
Todo empezó en junio de 2016, cuando el Frente Primero de las Farc, liderada por Miguel Botache Santillana, nombre real de alias Gentil Duarte, anunció públicamente que no continuaría el proceso de paz con el Gobierno. Desde entonces, los disidentes se ubicaron en las zonas espesas de los municipios de Retorno, Calamar y San José de Guaviare, capital del departamento. Como método de financiación tienen la extorsión, la ganadería y el narcotráfico, y también están en disputa con frentes del Clan del Golfo.
“El ingreso de las disidencias del Frente Primero a estas veredas se tradujo tempranamente en desplazamientos forzados de algunos habitantes que no estaban dispuestos a cumplir las órdenes del nuevo grupo o que sentían temor de ser señalados o agredidos, debido a sus relaciones familiares con excombatientes que participaban del proceso de dejación de armas. También se profundizaron los casos de reclutamiento de menores -niños, niñas y adolescentes-, homicidios selectivos, restricciones a la movilidad, extorsiones y amenazas”, denuncia la Defensoría.
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De acuerdo con la institución, la desescolarización de niños, niñas y adolescentes está directamente relacionada con el reclutamiento forzado de grupos armados ilegales. Las escuelas, colegios e internados de las zonas rurales presentan déficit en infraestructura y precarios servicios sanitarios, incluso, algunas escuelas carecen de agua potable. En los municipios descritos en la alerta temprana están matriculados alrededor de 16 mil niños, quienes viven un constante fenómeno de deserción por falta de garantías, empeoradas por la pandemia por Covid-19.
La Defensoría conoció casos de indígenas menores de edad que han resultado heridas en operaciones militares en Calamar. “A esto se suman las versiones sobre casos de amenaza y actos consumados de reclutamientos de niños y jóvenes en San José del Guaviare, en hechos que vinculan presuntamente al clan del golfo. Estos reclutamientos se ocultan tras supuestas ofertas de trabajo en fincas palmeras en Puerto Rico (Meta), sin embargo, cuando los jóvenes acuden a los lugares donde esperan ser ‘contratados’, se les informa que han sido vinculados al grupo armado ilegal”, agrega la entidad.
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Delegados de la Defensoría el explicaron a este diario que posibles familiares de los muertos en el reciente operativo militar esperan respuestas, pues no están al tanto de su posible vinculación a la disidencia Gentil Duarte: “en este momento las familias están muy preocupadas porque no se han confirmado las identidades (de los fallecidos) y hay mucha desinformación. Lo único que saben las familias es que sus seres queridos salieron a trabajar en distintas labores del campo en varios puntos de Guaviare, era normal que duraran varios días en lugares alejados de los centros poblados. Que eran miembros de las disidencias es una información de los militares que se tendrá que comprobar”.
Entre los registros de la Defensoría está, por ejemplo, lo vivido el 16 de junio de 2018 en la vereda La Paz de El Retorno, a pocos kilómetros de Calamar. Padres de familia retiraron a sus hijos del internado ubicado en esa vereda, pues a la población habían llegado amenazas de reclutamiento forzado por parte del Frente Primero de las disidencias de las Farc. Durante ese tiempo, el Ejército hizo frente a una estructura que había plantado cilindros-bomba en el casco urbano de los tres municipios. Incluso, el sargento Félix Sánchez murió tras pisar una mina antipersonal el 19 de junio de 2018, en medio de labores de erradicación manual de cultivos ilícitos.
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Los grupos armados ilegales incluso hacen batidas en los resguardos indígenas de esa zona del Guaviare. Así lo registró la Defensoría en enero de 2018, cuando 30 adultos y 40 menores de edad del resguardo La Fuga se desplazaron a San José del Guaviare, denunciando que hombres armados los retuvieron durante dos días, golpearon a dos personas de la comunidad y preguntaron por el paradero de cuatro adolescentes del resguardo. La Defensoría hizo un llamado para atender los pueblos Jiw y Nükak, que ante su grave situación humanitaria, por escases de recursos, son vulnerables al reclutamiento forzado.