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En los últimos 16 años, Jaime Plata Ramos ha tenido como propósito en su vida una única cosa: tumbar el impuesto del valor agregado, más conocido por la población como IVA. Para cumplir esta meta ha enviado requerimientos a la DIAN, al Ministerio de Hacienda, al Congreso de la República y hasta ha demandado por inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional el decreto de 3541 de 1983, firmado durante el gobierno de Belisario Betancur y con el que se creó este impuesto. Pero nada ha pasado hasta el momento. Entre muchos fracasos, su cruzada acaba de tener un leve éxito: el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una acción popular en contra del IVA.
En septiembre de este año, el tribunal departamental admitió estudiar la demanda presentada por Plata Ramos en contra del Ministerio de Hacienda y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para “proteger el derecho a la defensa del patrimonio público y el derecho de los consumidores y usuarios”, ante la supuesta inconstitucionalidad del IVA. Según el demandante, este impuesto les causa grandes perjuicios a los usuarios y “un detrimento enorme a su economía y al patrimonio público”. Un planteamiento que ha pregonado por década y media y que intenta difundir a través de redes sociales y una página web (felizsiniva.com).
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Para el demandante, el IVA es una razón principal para que el país se encuentre en “un continuo déficit fiscal”, que se va agravando en cada administración. Entre sus argumentos está que hay un desfalco por el “valor igual o superior a lo que se llega recaudar por el cobro a los consumidores”, debido a que los encargados de su recaudo son las empresas y personas jurídicas que pueden falsear los datos y quedarse con parte de lo cobrado por concepto de este impuesto. Para sustentar dicho punto, se basa en las declaraciones de 2014 del exdirector de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, quien aseguró que para ese momento hubo un detrimento de $2 billones por irregularidades en la devolución del IVA.
Asimismo, asegura que el IVA es un impuesto inconstitucional, ya que, a su consideración, va en contra de los artículos 95 y 363 de la carta magna. Mientras que el primero de ellos establece que los ciudadanos deben contribuir al funcionamiento del Estado “dentro del concepto de Justicia y Equidad”, en el segundo está consignado que “el sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad”. Según Plata, este impuesto viola dichos artículos porque, mientras empresas y otros miembros de la cadena comercial logran que se les devuelva parte del IVA, el consumidor final asume a totalidad este tributo sin posibilidad de devolución y sin distinción de su situación económica.
La lucha de Jaime Plata Ramos en contra del IVA, para reemplazarlo por —en sus palabras— un impuesto más equitativo, comenzó cuando su empresa se fue a la quiebra. Tras su fracaso económico, investigó más a fondo qué había pasado con su negocio, para ello llegó a internarse en la biblioteca de la DIAN. Allí, dice, encontró un artículo del profesor Malcolm Gillis, fallecido economista de la Universidad de Harvard, que “afirmaba que el IVA es una falacia”. Tras este “descubrimiento”, el demandante continuó sus investigaciones para entender cómo este impuesto supuestamente tuvo que ver con el fin de su emprendimiento, que llegó a tener 93 personas contratadas.
Sus hallazgos no solo lo llevaron a demandar por inconstitucionalidad el decreto que estableció el IVA en 1983, solo modificado por el Congreso para ampliar el porcentaje de cobro; también buscó exponer y contrastar sus ideas con expertos del Gobierno. Con ese fin, llegó a mandar comunicaciones para que se abrieran franjas de debate con expertos y economistas para medir sus tesis, pero estos espacios no le fueron brindados. Según su demanda, en cada una de sus comunicaciones lo mantenían saltando de una dependencia a otra o simplemente la entidad guardaba silencio: sumándose “al rosario de desprecios humillantes” que ha recibido en los últimos 16 años.
El camino para que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aceptara la acción popular en contra del IVA también estuvo lleno de negativas. En un primer momento, en mayo de 2018, la acción fue inadmitida bajo las razones de que “las pretensiones y los hechos no son claros ni precisos, no se determinó la entidad demandada” y no se presentaron constancias de reclamaciones previas. El 13 de mayo de este año volvió a intentar lo que ya parecía una empresa quijotesca y radicó la demanda ante el tribunal departamental, realizando una aclaración más concisa de sus argumentos. El resultado fue el mismo: la acción fue rechazada. No obstante, Plata apeló ante el Consejo de Estado.
A través de un recurso de reposición, el alto tribunal entró a estudiar el recurso, en el que solo figura Plata como demandante. En un auto del 15 de agosto de este año, la sección primera del Consejo de Estado determinó que la acción debía ser admitida, porque “es posible determinar el objeto de la demanda y la causa de la presunta vulneración de los derechos”. Así, el Tribunal de Cundinamarca no tuvo más opción que estudiar la demanda, cuyas pretensiones incluyen un estudio con tres o más expertos “para establecer si es negativo o no el IVA” y un reconocimiento económico para él por los 16 años de perjuicios causados por alertar “cómo el pueblo y el Estado sufren un detrimento económico”.
Además, para el estudio de su demanda pidió al tribunal que fueran llamados a declarar el expresidente Juan Manuel Santos, el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry, el abogado tributarista Mauricio Plazas Vega, el profesor Aurelio Suárez, el premio Nobel Alfredo Jalife y el actual director de la DIAN, José Andrés Romero. Para cada uno de ellos preparó un breve cuestionario en el que, como punto en común, les pide que se pronuncien sobre el impuesto del valor agregado y señalen si realmente es beneficioso para la economía colombiana. En los cuestionamientos al exmandatario Santos incluso le llega a preguntar por una supuesta iniciativa de bajar el IVA que nunca prosperó.
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Ante la propuesta, El Espectador consultó a expertos. Para el analista Camilo Silva, tumbar el decreto del IVA “sería catastrófico, lo único que le faltaría al Gobierno”, en referencia a la caída de la Ley de Financiamiento en la Corte Constitucional por vicios de procedimiento la semana pasada. “El IVA es el impuesto que le genera mayor recaudo al Gobierno”, agregó. Otros dos especialistas en la materia consultados concuerdan en que este es el tributo más importante para el Estado colombiano, pero no encuentran tan descabellados los argumentos de Jaime Plata, ya que consideran que, por su carácter de impuesto indirecto, el IVA es regresivo y no tiene en cuenta la situación socioeconómica de quien lo paga.
Jorge Espitia, miembro del Centro de Pensamiento en Política Fiscal de la Universidad Nacional, dice: “El IVA no mira la capacidad económica del consumidor que lo paga: si es rico, pobre, si tiene trabajo o no. Por eso se dice que este tipo de impuestos son bastante regresivos e inequitativos. Sin embargo, hay impuestos que pueden ser así”. Aurelio Suárez, ingeniero industrial y panelista radial, va más allá y asegura que “la demanda cobra importancia porque se ha abusado del cobro del IVA a la población en general, sobre todo de las clases populares, a favor de las empresas. Tiene razón el demandante en que se han violado los principios de equidad y progresividad”.