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La demanda que busca tumbar la requisa física del Código de Policía

El demandante asegura que el procedimiento es una clara violación en contra de la intimidad, el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Aunque los conceptos son negativos, la Corte Constitucional será la que tendrá la última palabra.

Un demandante busca tumbar el apartado del código de Policía que permite la requisa física y la posibilidad de conducir a una dependencia policial a la persona que se oponga a este procedimiento. Archivo El Espectador

En los próximos días, la Corte Constitucional tendrá que decidir sobre una nueva demanda por inconstitucionalidad en contra del Código de Policía, expedido en 2016 y que ha sido motivo de varias controversias. En esta ocasión, la acción judicial es en contra del parágrafo que permite el contacto físico para el registro de “personas y bienes” y que, en caso de que la persona se resista a la requisa, esta pueda ser conducida “a una unidad de Policía”, donde se le realizará el correspondiente registro.

Para el demandante de dicha ley, la requisa física y conducir a una persona a una estación de Policía para realizar el procedimiento son una clara violación a derechos fundamentales como el de la intimidad, el del debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Entre los argumentos que da es que “se presenta una desigualdad con el ciudadano de a pie, en cuanto al contacto físico, ya que la Policía es un cuerpo civil armado, a su vez no son claros y expresos los métodos y circunstancias de tiempo y modo en que ha de desarrollarse este procedimiento”. Además de, supuestamente, impedirles a los ciudadanos controvertir la orden y saber las razones de esta.

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Sobre el derecho a la intimidad, el accionante señala que este derecho fundamental es violado puesto que “al ser conducido a una unidad de Policía por rehusarse al registro físico, se presenta una investigación ilegitima de los hechos de su propia vida”. El demandante asegura, de igual manera, que se trataría de una vulneración de la libertad de las personas y una investigación ilegitima de los hechos de la persona.

En segundo lugar, el demandante asegura que hay una violación al debido proceso. Este punto se fundamenta en que hay una desigualdad -entre uniformado y ciudadano- y no hay unos protocolos en los que quede “tácitamente” establecido cómo debe realizarse las requisas. “No es clara la manera de hacerlo (las requisas), los instrumentos físicos utilizados y los tiempos que deben tenerse en cuenta para este procedimiento”, fue uno de los argumentos consignados en la demanda presentada ante la Corte Constitucional.

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Frente a la supuesta violación a la presunción de inocencia, en la acción se asegura que en la Constitución está consignado que la persona se presume inocente mientras no haya un fallo ejecutoriado, mientras que en lo expuesto en el Código de Policía se permite que las autoridades actúen bajo la mera sospecha. “Una mera sospecha no es suficiente para conducir a una unidad de Policía a una persona que se rehúse al registro personal”, concluyó el demandante, que añadió que hay otros métodos más eficaces para investigar presuntos crímenes y que no atentan contra el debido proceso.

Por último, frente a la supuesta violación al derecho a la defensa, la demanda señala que no se da el espacio al ciudadano para que exprese las razones por las que se opone a la requisa, sino que es llevado a la estación policial por el solo hecho de no permitir este registro. De esta manera, para el demandante, se desconoce razones personales -como enfermedades, malformaciones, discapacidades, motivos religiosos o de identidad de género- que podrían ser argumentos válidos para no permitir este tipo de procedimientos.  

Tras la admisión de la demanda, se abrió el espacio para que el Ministerio de Justicia, la Policía, la Procuraduría, el Instituto Colombiano de Derecho Procesal y la Universidad Externado de Colombia dieran sus conceptos, y ninguno de ellos fue favorable a la acción judicial.

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En el caso de la cartera de la Justicia, esta señaló que es obvio que hay afectación al derecho de la intimidad cuando se realiza una requisa, “en cuanto implica palpación corporal superficial e inspección de los bienes que se encuentren en su poder”, pero que la Corte ha llegado a considerar tales inconvenientes como “de menor entidad” y que deben ser sobrellevados por los afectados para “poder disfrutar de condiciones de seguridad y tranquilidad”.

De igual manera, en su concepto, el Ministerio señaló que, al ser de carácter preventivo y no judicial, las requisas no pueden considerarse como en contra del debido proceso o la presunción de inocencia. Además, que conducir a una persona ante una dependencia de Policía si se resiste al registro no puede definirse como violatorio del debido proceso ya que esa acción puede significar “no solo el incumplimiento arbitrario de la normativa legal y reglamentaria vigente que lo obliga, y el desconocimiento de una orden de Policía, sino además la evasión de sus deberes constitucionales”.

Una posición similar tuvo la Universidad Externado, que señaló: “La Corte Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre este tipo de procedimientos, entendiendo que el registro corporal no implica una afectación grave e injustificada a la intimidad del administrado, debido a que es simplemente una exploración superficial de la persona y su indumentaria, cuyo fundamento y límite no es otro que la conservación de las condiciones de seguridad y tranquilidad de la comunidad mediante la prevención de posibles conductas que atenten contra el orden público”.

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Además de exponer las mismas razones de carácter preventivo dadas por las anteriores entidades, la Policía Nacional fue más allá y recopiló varios casos en los que las requisas fueron la piedra fundamental para descubrir actividades delincuenciales o personas buscadas por las autoridades. Además, tomó ejemplos como la legislación española, muy similar a la colombiana en este tema, para asegurar que el registro físico es una acción que “ocasiona el menor perjuicio a la dignidad de las personas”.

En el pronunciamiento del Ministerio Público se destaca que, además de los ya conocidos argumentos constitucionales, se señala que los argumentos del accionante no contarían con una justificación válida. Por ejemplo, de acuerdo con la Procuraduría, en la demanda no se explica “las razones por las cuales la posibilidad de registrar a personas físicamente vulnera el derecho a la intimidad”. Además, según el Ministerio Público, la demanda es igual a otra “previamente rechazada por la Corte”.

Las intervenciones de las distintas partes ya están, por lo que ahora el balón está en el campo de la Corte Constitucional. Será el alto tribunal el que decida si darle la razón al demandante, o escuchar a los múltiples intervinientes y dejar este apartado del Código de Policía tal cual está actualmente.

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Redacción Judicial

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