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Edwin Besaile, gobernador de Córdoba, empezó a defenderse de la investigación por responsabilidad fiscal que anunció la Contraloría en su contra este jueves relacionada con el cartel de la hemofilia. Según el organismo de control, Besaile ordenó pagar más de $1.500 millones a la IPS San José de la Sabana para tratar a pacientes de hemofilia “con soportes presuntamente falsos” y, por eso, podría terminar obligado a devolverle al Estado la cantidad mencionada.
Besaile, por su parte, asegura que tiene cómo mostrar que no tuvo nada que ver con el llamado cartel de la hemofilia, el cual surgió en Córdoba y por el cual ha sido acusado también su antecesor, Alejandro Lyons. Y esa defensa comienza con una denuncia que Besaile presentó en la Fiscalía, en agosto de este año, contra el representante legal de la IPS San José de la Sabana, por falsedad en documento privado y fraude procesal.
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Según la denuncia, conocida por este diario, en 2016 la Gobernación de Córdoba le giró a esa entidad $1.525 millones -es decir, la plata que ahora la Contraloría dice que se perdió probablemente por culpa de Besaile- para el tratamiento de 14 personas diagnosticadas con hemofilia. No obstante, señala la denuncia, una reciente auditoría de la Contraloría dejaba ver que no había historias clínicas de los pacientes, informes de comités técnico-científicos o cualquier otro tipo de soportes para justificar los pagos.
“Tanto la Gobernación de Córdoba como la Contraloría General de la República advirtieron que los pagos realizados a la IPS San José de la Sabana (…) se realizaron fundamentados en documentos y soportes falsos e incoherentes entre sí”, señala el gobernador Besaile en el documento que radicó en la Fiscalía.
Y agregó: “No existe evidencia de que estas personas hayan sido diagnosticadas por las EPS del régimen subsidiado al cual se encuentran afiliados, ni se evidencia que hayan recibido tratamiento médico alguno para este tipo de enfermedades. Sin embargo, la IPS San José de la Sabana presentó documentos e hizo recobros injustificados a la Gobernación de Córdoba”.
La Contraloría, por su parte, está muy interesada en que este caso avance rápidamente, al punto que el contralor, Edgardo Maya, “solicitó a la Gerencia de la Contraloría en Córdoba, imprimirle la celeridad necesaria al proceso, y adelantar cuanto antes las diligencias de averiguación de bienes para decretar de forma inmediata medidas cautelares”. Es decir, para embargar los bienes de Besaile, quien es hermano del congresista Musa Besaile.
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Como parte de sus indagaciones, la Contraloría entrevistó al médico hematólogo Luis Alfredo Meza Nieves, cuya firma aparece en varias de las autorizaciones de los pacientes. Meza Nieves, dice la Contraloría, admitió nunca haber trabajado con la IPS cuestionada. “Lo anterior permite afirmar, que los documentos aportados por la IPS para el pago de la Gobernación, serían presuntamente falsos”, señaló el organismo de control.
Así mismo, la Contraloría interrogó a uno de los supuestos pacientes diagnosticados con hemofilia. Él declaró “que nunca ha tenido enfermedad alguna, que ni él ni nadie en su familia es paciente hemofílico, y que nunca se ha realizado exámenes médicos ni de laboratorio para diagnosticar esa enfermedad, ni en Montería, ni en ninguna otra ciudad del país”. Las facturas de la IPS San José de la Sabana fueron emitidas en enero de 2015 -cuando Alejandro Lyons era el gobernador de Córdoba- pero, señala la Contraloría, fueron pagadas por el gobernador Edwin Besaile Fayad.