Procuraduría apoya la acción judicial
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La disputa interna de la JEP por el manejo de su presupuesto

La Secretaría Ejecutiva de la JEP le pidió a la Corte Constitucional tumbar una norma del Plan de Desarrollo que le da autonomía presupuestal a la Unidad de Investigación y Acusación de esa justicia especial.

El director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, Giovanni Álvarez, defendió su autonomía presupuestal.  / Mauricio Alvarado
El director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, Giovanni Álvarez, defendió su autonomía presupuestal ante la Corte Constitucional. Mauricio Alvarado - El Espectador

La petición de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de excluir a la exguerrillera de las Farc conocida como Sonia, por supuestamente haberse rearmado, generó revuelo nacional. El partido FARC salió a desmentir de inmediato que Omaira Rojas apareciera en el video en el que Iván Márquez anunció su regreso a las armas y, dos horas después, la Sala de Amnistía e Indulto decidió que no había pruebas suficientes para abrirle un incidente de incumplimiento. Ella negó tener relación con los guerrilleros rearmados. Se trata de uno más en una lista de enfrentamientos entre la UIA y la JEP que en el último año se ha venido engrosando.

Mientras el país político espera que se defina la situación de Sonia, quien pagó 13 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico, hay otro asunto clave que tiene a la Unidad de Investigación y Acusación en el eje de un debate en el interior de la Sala Plena de la Corte Constitucional: el control del presupuesto destinado para su funcionamiento. La Secretaría Ejecutiva de la JEP presentó una demanda en contra de un artículo del Plan de Desarrollo 2018-2022 que le da autonomía administrativa y presupuestal a la UIA y que, en su criterio, usurpa sus funciones. ¿La razón? Que, según el Acuerdo de Paz, quedó claro que está en cabeza de la Secretaría, y en la de nadie más, administrar y ejecutar los recursos de la JEP.

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Lo que se aprobó con el artículo 141 del Plan de Desarrollo es que el Estado debe garantizar esa autonomía presupuestal y que su director (hoy es Giovanni Álvarez) podrá hacer lo que considere para determinar la estructura y el funcionamiento, incluido el asignar personal. Además, dice que la Unidad “se identificará como una sección en el Presupuesto General de la Nación”. No obstante, la demanda que está firmada por la secretaria ejecutiva María del Pilar Bahamón insiste en que es esa entidad la llamada a distribuir los recursos de los tres organismos judiciales que componen la JEP: las Salas de Justicia, el Tribunal para la Paz y la UIA, bajo la orientación de la Presidencia de la JEP y el Órgano de Gobierno.

La Secretaría cita, por ejemplo, la reforma constitucional que creó a la JEP (el Acto Legislativo 01 de 2017), que explícitamente señala que la Secretaría Ejecutiva es la que “se encargará” de hacer esa gestión presupuestal; así como el Decreto 1068 de 2015 (modificado en 2017) que especifica que la JEP también será “una Sección Presupuestal”. Además, indica que la Ley Estatutaria de esa justicia Especial (Ley 1957 de 2019) fue expedida después del Plan de Desarrollo y en ella también se ratifica a la Secretaría como la encargada de la plata. En pocas palabras, que las normas vigentes se contrarían entre sí y eso, para la Secretaría, es un problema porque se afecta la obligación de cumplir con el Acuerdo de Paz de buena fe.

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Por esa razón, la Secretaría Ejecutiva de la JEP le pidió a la Corte Constitucional que tumbe ese artículo del Plan de Desarrollo. Si no sucede, según su criterio, el Ministerio de Hacienda tendría que asignar el presupuesto en dos secciones, “lo cual impediría eficiencia y ahorro en la ejecución del mismo, pues la UIA, por ser un órgano que no está llamado a cumplir labores administrativas ni financieras, no cuenta en la actualidad con herramientas ni con el talento humano necesario para realizar su propia gestión presupuestal”. Pero para Giovanni Álvarez, director de la UIA, nada de esto es cierto y en un documento de 16 páginas se defendió ante el alto tribunal.

Álvarez sostiene que es “absolutamente necesario” que quede vivo el artículo 141 del Plan de Desarrollo, esencialmente porque no es una “dependencia” de la JEP, como argumenta la Secretaría, sino un organismo que tiene sus propias funciones y protocolos que justifican un presupuesto tanto para su funcionamiento como para inversión. Explicando que cuenta con 11 equipos y grupos (enfocados en género, contexto, técnicos, entre otros), el director de la UIA enfatizó que la destinación de sus recursos no debe estar subordinada al órgano de gobierno de la JEP, dada la magnitud de sus funciones que incluyen, entre otras, dar medidas de protección a víctimas y testigos, fijar acuerdos de cooperación y dirigir policía judicial.

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“La inmediatez con la que estos se requieren demanda de la autonomía administrativa adecuada para organizar los procedimientos internos, así como de la autonomía técnica y presupuestal para poderlos llevar a cabo (…). No se fracciona la JEP ni funcional, ni presupuestal, ni administrativamente, todo lo contrario, fortalece la autonomía e independencia, tanto del sistema como de su órgano investigativo. Por lo tanto, es una norma complementaria de la Ley Estatutaria de la JEP. De las estadísticas presupuestales actuales, se demuestra la precariedad en la que actualmente se encuentra la UIA por el irrisorio monto asignado que repercute directamente en el cumplimiento de la misión”, señaló Álvarez.

En este caso, la Procuraduría se pronunció en favor de la Secretaría Ejecutiva de la JEP, argumentando que darle autonomía presupuestal a la UIA va en contra de la integralidad del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, del cual forma parte la JEP. “No es posible separar a la UIA de esta competencia como si se tratara de una entidad independiente y ajena a la Jurisdicción. Ahora bien, esto no implica que la UIA carezca de cierto grado de libertad para elegir a sus funcionarios, designarlos y ejercer sus funciones, pues es claro que la Unidad es el órgano creado para garantizar el derecho a la justicia de las víctimas cuando haya ausencia de reconocimiento de responsabilidad individual o colectiva”.

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La Presidencia de la República, los ministerios de Hacienda y de Justicia, así como el Departamento Nacional de Planeación intervinieron en favor de la Secretaría, pues consideran que ese artículo del Plan de Desarrollo fue derogado tácitamente por la Ley Estatutaria de la JEP y que, por lo tanto, la UIA no tiene una sección independiente del presupuesto: “No podría una misma persona jurídica ser una sección del presupuesto general con autonomía y, a la vez, ser uno de sus órganos otra sección del presupuesto también con autonomía presupuestal”, explicaron estos voceros del gobierno del mandatario Iván Duque.

Desde que se echó a rodar el andamiaje de la JEP, en más de una ocasión han resultado la JEP y la UIA de encontronazos. Por ejemplo, cuando el fiscal de apoyo de la UIA Carlos Bermeo fue detenido pidiendo dinero a cambio de influir en la extradición de Jesús Santrich, Patricia Linares, presidenta de la JEP, pidió enérgicamente a Giovanni Álvarez que revisara todas las hojas de vida de los funcionarios a su cargo, a quienes él mismo había seleccionado. En agosto del año pasado, este diario documentó los roces que se han presentado entre funcionarios de la JEP y de la UIA, pues, al parecer, a más de uno en la JEP le molesta que Álvarez –quien niega la disputa interna– insiste en ser una “fiscalía paralela”.

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El caso está en manos de la magistrada Cristina Pardo, quien ya negó una petición de Giovanni Álvarez para que se hiciera una audiencia pública. Contra este mismo artículo cursa otra demanda que presentaron varios congresistas de la oposición como María José Pizarro, Juanita Goebertus, Victoria Sandino, Julián Gallo y Gustavo Bolívar, que aseguran que darle autonomía presupuestal a la UIA desconoce el diseño institucional de la JEP. “(La UIA) no es una ‘fiscalía paralela’ para los delitos cometidos en el conflicto y en consecuencia reconocerle autonomía a nivel similar al de la JEP solamente fragmentaría a esta última”. Este otro caso está en manos del magistrado Alejandro Linares.

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Alejandra Bonilla Mora / @AlejaBonilla

Judicial

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