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La disputa legal por un terreno que fue base de paramilitares en Bolívar

El predio en cuestión había sido secuestrado por la Fiscalía bajo el argumento de que fue una base paramilitar y que su comprador lo sabía. Sin embargo, la Corte Suprema determinó que el comprador había actuado de buena fe.   

Los paramilitares hicieron de la finca Brisas de San Andrés su base, la rebautizaron como "La Uno" y le hicieron mejoras.Herminso Ruiz

En 1998, cuando el Bloque Central Bolívar (BCB) llegó al corregimiento de Brisas de San Andrés, en Simití (Bolívar), los pobladores de la zona rural abandonaron sus tierras para huir de los enfrentamientos armados. Uno de estos fue Andrés Rojas Rolón, un hombre cuya familia le había regalado una finca, llamada al igual que el corregimiento, para que viviera con su esposa. Este terreno había quedado a nombre de la madre de Rojas, debido que este era menor de edad en el momento de la compra.

Durante su estadía en dicho corregimiento, los paramilitares hicieron de la finca Brisas de San Andrés su base. La rebautizaron como La Uno y le hicieron varias mejoras, todas ordenadas por Rodrigo Pérez Álzate, más conocido como Julián Bolívar. A pesar de que seguía siendo su propietario, Andrés Rojas no podía vivir allí debido a la presencia paramilitar, que le pagaba una especie de arriendo en contraprestación.

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El BCB estuvo en Simití hasta 2003 y siempre ocupó La Uno, aún incluso cuando Julián Bolívar cedió la comandancia de este bloque paramilitar a Carlos Mario Jiménez, alias Macaco. Cuando este grupo paramilitar salió, a Rojas Rolón le pagaron un dinero como compensación por los posibles daños causados. Sin embargo, este prefirió vender, ante la posibilidad de que algún grupo guerrillero, o los propios paramilitares, le hicieran algo por haber permitido la presencia del BCB en su finca durante casi 6 años.

La finca tuvo varios propietarios hasta que llegó a manos de Juan Carlos Hernández, persona originaria de Simití que estuvo allí durante la ocupación paramilitar. Luego, en el 2000, se fue a prestar el servicio militar a la isla de San Andrés, archipiélago en el que estuvo hasta 2009, cuando volvió a su tierra para comprar la finca “Brisas de San Andrés”.

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La compra de la finca fue expedita, no tuvo mayores contratiempos o demoras por papeleo, y Hernández solo se limitó a revisar el historial de titulares del predio, sin importarle que los paramilitares lo habían ocupado durante varios años. Por cerca de 9 años, Hernández ocupó la finca sin ningún problema, hasta que la Unidad de Persecución de Bienes de la Fiscalía logró que la magistrada de control de garantías de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bucaramanga decretara embargo y secuestro de Brisas de San Andrés, para así iniciar un proceso de extinción de dominio.

Para el ente acusador, Brisas de San Andrés era un predio que había pertenecido a paramilitares y Hernández no fue un comprador de buena fe, puesto que sabía que ese predio había sido ocupado por hombres del Bloque Central Bolívar. Además, señaló la Fiscalía, como este había prestado servicio, sabía lo que pasaba con los predios que habían sido de grupos alzados en armas.

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Ante la posible pérdida de su predio, el comprador impugnó la decisión. En un primer momento, la magistrada del tribunal santandereano negó el pedido de Hernández. La togada acogió los argumentos de la Fiscalía y aseguró que no existía la posibilidad de que el predio fuera comprado de buena fe ya que su reputación era bastante conocida. Sobre todo, porque los paramilitares habían salido hace poco de la zona y el terreno todavía tenía su influencia.

No contento con este fallo, Hernández llevó el proceso a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema. Allí se revocó tanto las medidas cautelares como el fallo de primera instancia. Para el alto tribunal, los argumentos de la Fiscalía no tenían sentido, ya que el predio nunca fue de los paramilitares. Para soportar este punto, los magistrados señalaron que “Julián Bolívar aclaró que su presencia en el inmueble se debió a la ocupación que hicieron por tratarse de un sitio estratégico, con lo cual reconoció que invadieron el terreno y que nunca fue de su propiedad o de la del grupo”.

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De esta forma, bajo este argumento, no existía viabilidad a la extinción de dominio pedida por la Fiscalía. Esto debido a que para aplicar esta medida, el predio tenía que ser directa o indirectamente propiedad de los paramilitares, y en este caso no ocurrió así.

“Aunque el inmueble fue usado por el Bloque Central Bolívar para establecer su cuartel general en el sur de Bolívar, esa situación en sí misma no demuestra su ilegalidad, pues, como se demostró en el incidente, la presencia del grupo ilegal obedeció a la ocupación violenta del inmueble, sin que su propietaria y su poseedor —María Antonia Rolón y Andrés Rojas Rolón—, pudieran oponerse”, declaró el alto tribunal. De esta forma, la Corte Suprema le dio la razón a Hernández y le devolvió la plena propiedad de Brisas de San Andrés.

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Redacción Judicial

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