Se espera fallo pronto

El sistema de transporte masivo en Cali se la juega toda en el Consejo de Estado

Un lío judicial entre Metro Cali y Git Masivo está en manos del alto tribunal, que estudia dos recursos diferentes. Ambos buscan definir si la primera debe pagar una multa de $197 mil millones, como lo dijo un tribunal de arbitramento, o si éste se equivocó al calcular la cifra.

El MIO entró a operar en la capital del Valle del Cauca en 2009/ Revista Semana

Por más negociaciones e intentos que hicieron los directivos del sistema de transporte público de Cali (MIO), operado por Metro Cali, y la empresa con mayor participación, Git Masivo, no hubo manera de que sus diferencias se resolvieran en las mesas de concertación. La pelea por cómo se les debía pagar a los operadores que invirtieron en el proyecto desde 2006, cuál era la manera correcta de interpretar los contratos firmados y los pasos que debían seguir para cumplir con lo acordado llevó a que las partes de la pelea recurrieran a los estrados judiciales. Aunque todo parecía resuelto con el fallo del tribunal de arbitramento, que se conoció en noviembre del año pasado, la disputa está aún lejos de saldarse.

El Consejo de Estado es ahora el tribunal llamado a dirimir la confrontación. Los magistrados de las secciones Tercera y Quinta estudian dos recursos diferentes que buscan modificar varios puntos del laudo arbitral, según el cual el vencedor era Git Masivo. En esa decisión, los árbitros del caso, Adriana Polanía, Antonio Pabón Santander y José Vicente Guzmán, explicaron que Metro Cali no utilizó la fórmula correcta para tasar las tarifas del servicio de transporte público. Añadieron que las pruebas presentadas en el caso eran lo suficientemente contundentes como para señalar que el operador estaba cometiendo un error costoso para la empresa y en consecuencia debía modificar sus cálculos y precios.

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El fallo del tribunal arbitral ordena a Metro Cali pagarle a Git Masivo más de $197.000 millones. Los ceros de la cifra los pusieron en aprietos y desde marzo pasado comenzaron el segundo round de la pelea en la Sección Tercera del Consejo de Estado, a donde llegó el que podía ser su primer salvavidas. Allí, el operador presentó un recurso de nulidad en el que considera que el laudo se refirió a más cosas de las que había pedido el demandante, un error en su concepto, que además no se pronunció sobre otras peticiones y que, a grandes rasgos, la decisión “no estaba sujeta propiamente al derecho”, como lo señaló a El País de Cali Francisco Borrero, secretario general de asuntos jurídicos de Metrocali.

El pasado 13 de abril, el magistrado que lleva el caso, Jaime Rodríguez Navas, suspendió las órdenes del laudo mientras toma una decisión de fondo. Es decir, el operador no tiene la obligación de pagar la millonaria cifra. Por la magnitud de la discusión y sus repercusiones, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado intervino en el asunto y ha venido asesorando al equipo de abogados de Metro Cali. Sin embargo, fuentes del alto tribunal consultadas por este diario señalaron que la decisión ya está tomada y, de nuevo, la justicia se pone del lado de Git Masivo. Según el fallo, que se conocería en los próximos días, el Consejo de Estado habría declarado infundado el recurso de nulidad.

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Aunque la decisión se habría tomado en las últimas semanas, Metro Cali no se quedó de brazos cruzados esperando el fallo. El pasado 12 de junio, la defensa del operador, que ahora encabeza el exmagistrado del Consejo de Estado y exministro de Justicia Enrique Gil Botero, interpuso una tutela. Según sus argumentos, el tribunal arbitral violó el derecho al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de su cliente, pues no tuvo en cuenta las normas y leyes vigentes a la hora de elaborar su decisión y además se equivocó al interpretar las cláusulas del contrato que fueron la génesis de la discordia: cómo se debía calcular la tarifa del servicio de transporte público.

Para Gil Botero y Metro Cali, el tribunal de arbitramento “incurrió en un flagrante error o vía de hecho” al no analizar lo que para ellos eran las leyes correctas. Agregaron que se trataba de un “yerro grosero” que dio lugar a que se tasaran los $197.000 millones. La tutela fue aceptada y el magistrado Jorge Octavio Ramírez, a quien le correspondió el estudio del recurso, ya se declaró impedido, pues, aseguró, el exministro Gil Botero fue compañero suyo mientras estuvo en el alto tribunal. Por ahora no se sabe cuál será el togado al que le corresponderá el expediente, pero sí la respuesta de Git Masivo en su defensa. De entrada, resaltó que el camino que eligió su contraparte es poco usual en los terrenos del litigio.

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Primero, porque interpuso una tutela mientras se resolvía un recurso similar en otra sección del Consejo de Estado, violando así la que consideran “la lealtad procesal, pues supone un recargo adicional a la jurisdicción”, que además puede llevar a soluciones contradictorias por parte de los jueces. Y segundo, porque lo que pretenden que se resuelva ahora en el alto tribunal ha debido discutirse durante el proceso de elaboración del laudo arbitral. Es decir, aunque ahora Metro Cali asegura que el tribunal de arbitramento no recurrió a las leyes correctas para pronunciarse, en las audiencias ante los árbitros del caso se refirieron las mismas normas que hoy consideran que no estaban vigentes.

El abogado de Git Masivo es Humberto Sierra Porto, exmagistrado de la Corte Constitucional y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien agregó en el documento de defensa que, además, la tutela no es el mecanismo correcto en este tipo de disputas. Señala que no cumple con el requisito de la inmediatez, pues ya pasaron seis meses desde que se conoció el laudo arbitral, y este recurso no se puede convertir en una instancia adicional o en “un nuevo espacio procesal para reexaminar cuestiones jurídicas y fácticas que fueron objeto del proceso arbitral”. En otras palabras, el camino que eligió el exmagistrado Gil Botero, y sus argumentos, es equivocado.

Saldar la disputa entre Git Masivo y Metro Cali es una tarea del Consejo de Estado, que ya estudia los argumentos de Gil Botero y Sierra Porto, dos pesos pesados del mundo jurídico en Colombia. Con su decisión no solo se definirá quién tiene la razón, sino que podría destrabar un lío jurídico que tiene en el medio una necesidad urgente de la tercera ciudad más importante del país: el presente y el futuro de su sistema integral de transporte.

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Redacción Judicial

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