La encrucijada judicial del senador Álvaro Uribe Vélez

La decisión de la Sala de Instrucción II de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la que ordenó investigar al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez por falsa denuncia y presunta manipulación de testigos para hacer un montaje en contra del también congresista Iván Cepeda, revivió otro proceso en su contra. El alto tribunal ordenó revisar en qué va la investigación contra Uribe Vélez por presuntas omisiones de la Gobernación de Antioquia en la masacre en el corregimiento de La Granja en 1996. “Se ordena rendir informe a la Sala acerca del estado en que se encuentra dicha actuación”, señala el auto de la Corte Suprema de Justicia. ( En contexto: Las interceptaciones de la Corte que llevaron a investigar al senador Álvaro Uribe Vélez).

Dicha investigación está desde diciembre de 2014 en el despacho del magistrado Gustavo Malo, sin que haya tenido avances. A la fecha Malo se encuentra fuera de su cargo por una incapacidad médica. Contra él también continúan las investigaciones por presuntamente ser parte de una red de corrupción que direccionaba procesos a cambio de millonarias sumas de dinero. Lo que se ha conocido como el cartel de la toga, por el que es investigado el exmagistrado Leónidas Bustos y el exmagistrado Francisco Ricaurte.

El proceso inició con una denuncia presentada por el asesinado defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo. Tenía como base la incursión de grupos paramilitares en distintas zonas de Antioquia y, particularmente, lo hizo para advertir que desde 1996, en el municipio de Ituango, de donde era oriundo, estaba operando un grupo paramilitar promovido por los jefes de las autodefensas Carlos Castaño y Salvatore Mancuso. Pero además manifestó que los paramilitares actuaban sin que la Policía, el Ejército, la Fiscalía o la Personería tomaran alguna acción para evitarlo.

Las denuncias de Valle Jaramillo, en vez de provocar una acción del Estado para proteger a la población civil, lo que hicieron fue causar la reacción de los altos mandos militares y de la Gobernación de Antioquia, entonces a cargo de Álvaro Uribe, quienes rechazaron sus denuncias. La confrontación pública se acrecentó después de las masacres de La Granja y El Aro, en área rural de Ituango. Luego el defensor de derechos humanos fue asesinado por sicarios en 1998. La matanza de La Granja dejó en 1996 cuatro personas muertas y decenas de desplazados, y al año siguiente fue perpetrada la de El Aro, con 15 víctimas mortales. (Le puede interesar: Iván Cepeda revela pruebas que comprometerían a Uribe con manipulación de testigos falsos).

Desde el principio se supo que el paramilitarismo estuvo detrás del crimen de Valle. La investigación llevó a confirmar la condena de los ganaderos Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo Osorio, quienes deberán pagar 30 años de cárcel. En la misma decisión el Tribunal Superior de Medellín ordenó investigar al senador Uribe por el asesinato, “participaron varias personas más, varias de ellas están muertas y otras no han sido siquiera vinculadas a las mismas, en especial de quienes formaban parte de las instituciones estatales, Gobernación de Antioquia y Fuerzas Militares y de Policía”, dice el fallo.

En total, el expresidente Álvaro Uribe Vélez completa cinco solicitudes de investigación en su contra: unas por presuntos vínculos con paramilitares, otras tienen que ver con hechos violentos que registraron cuando fue gobernador de Antioquia, y se suma este último proceso por presunta manipulación de testigos. Algunos procesos se encuentran en la Comisión de Acusación, otros sin avances en la Corte Suprema de Justicia, lo mismo los que adelanta la Fiscalía delegada ante la Corte. Pero al momento no figura ninguna decisión en contra del senador.

El expresidente Uribe se defiende argumentando que está siendo perseguido, “sigue el ánimo persecutorio en la Corte Suprema de Justicia, mantendré mi número telefónico, por el cual hablo todo. Seguiré en búsqueda de personas que me ayuden a esclarecer la verdad, a desvirtuar el ataque artero”, así se defendió.

La decisión del alto tribunal no es de poca monta. Según fuentes de la Corte, son cuatro años de investigación, recolección de pruebas e incluso interceptaciones de llamadas los que los llevaron a concluir no investigar a Cepeda, luego que Uribe Vélez lo denunciara por buscar testigos falsos que los relacionaran con grupos paramilitares. En cambio, encontraron pruebas de que los testigos fueron manipulados y el senador del Centro Democrático pasó de denunciante a investigado.

Una de las llamadas interceptadas por la Corte da cuenta de una conversación del senador Uribe Vélez con Juan Guillermo Villegas el 22 de diciembre de 2015, “las llamadas las interceptaron todas y la Fiscalía nos hizo seguimiento. Yo desde hace muchos días sabía eso, pero o lo había concretado, me están investigando a mí con usted y que interceptado el teléfono. O sea que esta llamada la están escuchando esos hijueputas”. Luego, dice que al día siguiente iba a hacer escándalo en Twitter, como en efecto sucedió. Tal como lo aseguró a Villegas, Uribe al día siguiente, esto es el 23 de diciembre de 2015, trinó en su cuenta de Twitter: “He recibido informaciones sobre interceptaciones y seguimientos de la justicia en mi contra, ya tengo pruebas de los días 21 y 22 de octubre”.

Este capítulo también llevó a la Corte a plantearse serios interrogantes que podrían terminar en otras líneas de investigación contra funcionarios judiciales que habrían intervenido en las investigaciones. La primera tiene que ver con la sala de interceptación de la Fiscalía y las conversaciones que habrían sido borradas. Para la época el director del CTI, Julián Quintana, era el encargado de la unidad. Además, de la filtración de información confidencial al expresidente Uribe. “Investigar lo ocurrido entre el 24 y 30 de marzo de 2015 con los abonados respecto de los cuales el sistema no grabó y la filtración de información”, dice el auto.