La app dejará de operar el 1° de febrero

La estrategia que le dio la estocada final a Uber

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La aplicación sobrevivió a sanciones de diferentes entidades, pero un fallo de la Superindustria, por competencia desleal, fue lo que determinó su salida del país. Esta es la historia detrás de esa demanda.

Tras casi siete años de operación, la plataforma Uber suspenderá su funcionamiento en Colombia a partir del 1° de febrero. No valieron las sanciones administrativas, ni las protestas, ni los fallidos intentos de autoridades locales, Gobierno y Congreso por regular esta plataforma de transporte. Al final fue la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) la que ordenó, el pasado diciembre, suspender el servicio tras determinar que la empresa incurre en conductas de competencia desleal. Llegar a este punto no fue tarea fácil, y a la contraparte de Uber, Cotech, le tomó años perfeccionar su estrategia.

Desde que Uber llegó a Colombia, los directivos de Cotech -operador de la app Taxis Libres- se preguntaban cómo era posible que el gigante tecnológico lograra pasar por encima de los estrictos controles del transporte público del país. La elegida por Cotech para esta tarea fue la firma Alviar González Tolosa. Esta conformó un equipo con dos de los socios, Nicolás Alviar y María Fernanda Tolosa, y dos abogados júnior. Desde un principio tenían claro que el proceso podría tardar alrededor de un año y medio, por los tiempos procesales de Colombia, pero si querían una demanda bien estructurada y blindar su éxito, podrían tardar mucho más.

En diálogo con El Espectador, el abogado Nicolás Alviar explicó que comenzaron por ver cómo respondía Uber a la oleada de demandas y sanciones que les ponían en otras partes del mundo: siempre contestan que no son una empresa de transporte, sino una app, y cuando, por ejemplo, le ordenan a Uber Colombia desconectar la aplicación, responden que no les es posible, pues no la controlan ellos. El paso siguiente, entonces, fue entender el organigrama de sus contrincantes: averiguar quiénes eran los socios de Uber Colombia. “Nos pusimos a investigar la estructura de Uber y la primera conclusión fue: ¡esto está muy bien pensado!”.

Por lo que encontraron, Uber BV, en Holanda, es dueña del 100 % de las acciones de Uber Colombia, también controla el software, maneja el dinero y les paga a los conductores. Uber Technologies, en Estados Unidos, es el soporte tecnológico. Si hay una falla en la plataforma, esta tienen 80 ingenieros. Por último, Uber Colombia es una empresa “de papel” que promociona la marca. “Está muy bien pensado, porque cada una de esas compañías hace lo mismo que las áreas de una empresa de transporte”. Estaba decidido: se irían tras las tres empresas con la tesis de que eran una sola, dividida en varios países. “Era una lucha de David contra Goliat”, señala Alviar.
 

Sin embargo, revisando la reacción de Uber ante otras acciones judiciales, previeron que no sería fácil hacer que la empresa desconectara su servicio, así hubiera una orden de un juez de por medio. Por eso los abogados de Cotech decidieron involucrar a los operadores de telecomunicaciones (Claro, Tigo, Movistar y ETB) en el proceso para que se les ordenara cesar el flujo y almacenamiento de datos hacia la app, en caso de que se fallara en contra de Uber. Mientras tanto, para continuar con la investigación, contrataron abogados en Holanda y Estados Unidos que les ayudaron a recabar los documentos de las compañías con sede allí. “Trajimos los papeles originales a Colombia, los autenticamos en notaría, los apostillamos por ser documentos expedidos en el extranjero y los adjuntamos como pruebas”, cuenta el abogado. Esa misma burocracia ralentizó el proceso una vez radicaron la demanda ante la SIC, pues la entidad tuvo que notificar a los representantes legales en el exterior. “Fue un proceso muy engorroso”, para el cual, además, no existe ningún atajo.

Cuando iniciaron las audiencias, en 2018, las filiales de Uber llegaron representadas por las firmas de abogados más reconocidas de Colombia. La primera exigencia de Cotech fue que comparecieran los peces gordos de Uber. Aunque no lograron sentarlos frente al juez, la cabezas de Uber BV y Technologies sí fueron interrogadas por videoconferencia. Allí surgió el siguiente tropiezo: tenían que contar con un traductor que supiera de términos legales y de tecnología para que todo estuviera en regla. Con el intermediario, “un interrogatorio que normalmente duraría una hora se podía tomar todo el día”, dijo Alviar.

Fueron esos testimonios los que terminaron dándole la punta de lanza a Cotech para el ataque final. “Le preguntamos al representante de Uber BV qué hacían ellos y respondieron que eran los licenciatarios, dijo que ellos sí recogían la plata y confirmó que ellos pagaban las multas. Es decir, confesó todo lo que hacían en Colombia. El más evasivo fue el de Uber Colombia. Solo respondió que tenían un contrato de intermediación. Entonces el juez de la SIC le cuestionó: ¿usted por qué tiene establecimientos de comercio?, ¿cómo así que afilia carros y atiende a conductores?”, recuerda Alviar.

Uniendo lo que hacía cada empresa en países diferentes, el juez concluyó que, en efecto, se trataba de una misma compañía y le dio la razón a Cotech el 20 de diciembre del año pasado. “El juez les enumeró 13 cargas de las empresas de taxis (infraestructura, pólizas de responsabilidad civil, talleres), que Uber no tiene que cumplir excusándose en que es una aplicación”, señala Alviar. Con el fallo de la SIC en mano, Cotech les pidió a todos los operadores móviles que desconectaran el flujo de datos de Uber entre el 27 y el 30 de diciembre.

La compañía ya anunció que cesará de operar en Colombia comenzando el próximo mes, pero para Alviar esto no es suficiente. “¿Cómo así que una empresa puede decidir cuándo hacerle caso a la justicia?”, dice. Por eso, el pasado 13 de enero denunció ante la Fiscalía colombiana a los directivos de Uber en Europa y Norteamérica. Uber, por su parte, anunció que demandará a Colombia por supuestas infracciones al TLC con EE. UU. y dijo el pasado martes: “Uber no está en situación de ilegalidad. Estamos desde hace 6 años en un escenario de no reglamentación del servicio prestado usando la aplicación, que nos trajo al escenario actual pese a las reiteradas solicitudes y manifestaciones de Uber de colaborar para la definición de una regulación”.

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