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En un reciente operativo del Gaula de la Policía al interior de la cárcel La Modelo de Bogotá, fue hallada una red de extorsión telefónica que operaba en el patio cuatro del penal. Durante un allanamiento a más de 893 reclusos, por parte de miembros de la Fuerza Pública, el Escuadrón Móvil Antidisturbios y funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) se son incautaron 10 libretas con nombres y pagos, 240 sim cards, ocho equipos de comunicación y cinco micro sds, desde donde se realizaban las estafas a nivel nacional y donde, según las investigaciones del Gaula, son cientos de afectados que cayeron en una modalidad denominada la "falsa encomienda internacional".
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Fuentes cercanas al operativo le contaron a este diario que ocho denuncias permitieron dar con esta red y que se presumen que más de 1.000 personas fueron víctimas de los extorsionadores de La Modelo. También, se supo que el grupo criminal habría logrado recaudar más de $1.000 millones con esta modalidad. Una de las víctimas, un ingeniero alcanzó a consignar $85 millones.
Esta nueva estrategia criminal contactaba a personas, por medio de sus cuentas de redes sociales, de perfiles de clase media y alta que podían tener algún familiar en el exterior, con el fin de crear un primer acercamiento en donde generaban confianza con su potencial víctima. Una vez ganada la confianza por parte del supuesto familiar o amigo, le pedían el favor de recibir una encomienda, la cual sería enviada por medio de una empresa de transporte aéreo y mensajería internacional, con todos los gastos pagos.
Ya aceptada la propuesta por parte de la víctima, esta daba los diferentes datos personales para poder recibir dicho encargo en su hogar, a lo que acto seguido el miembro de la red extorsiva tomaba de nuevo contacto con el afectado, para confirmar el supuesto envío, anexando una fotografía de la guía.
Realizado dicho procedimiento y pasado uno o dos días, la víctima recibía una llamada por parte de una persona, quien se identificaba como supuesto funcionario de una reconocida empresa de servicio aéreo y mensajería internacional en Colombia, manifestándole que tenía una encomienda represada sin autorización de entrega, por diferentes problemas generados, entre ellos (gastos adicionales que se habían generado por el peso y dimensión de dicho elemento), a lo que le exigía el pago de “aranceles e impuestos adicionales” o este se vería en la obligación de dar el reporte a la DIAN.
Cuando la víctima, en medio de su angustia, accedía al primer pago de dichas exigencias, los victimarios empleaban una segunda fase, con el fin de obtener más dinero, la cual consistía en realizar una llamada por parte de una persona que fingía ser funcionario de la DIAN, el cual aseguraba que había sido reportado/a por la empresa de carga, por unos elementos recibidos en los cuales se habían encontrado elementos ilícitos, tales como divisas o elementos no reportados ante las autoridades aduaneras.
De acuerdo a esto, el supuesto funcionario le indicaba a la víctima que se acercaría a su lugar de residencia, con el fin de empezar las diligencias de tipo judicial para hacer los trámites judiciales pertinentes y dejarlo/a a disposición de las autoridades competentes.
Como si esto fuera poco, posteriormente la víctima recibía una llamada por parte del responsable de la empresa de carga, quien como si fuera un ángel de la guarda, actuaba como mediador, convenciendo al afectado de que lo mejor era solucionar el problema con el funcionario de la DIAN, acordando una cierta suma de dinero. Es así como de esta manera la víctima era amenazada y constreñida con el fin de obtener provecho ilícito afectando su patrimonio económico.
Una vez el Gaula de la Policía tiene conocimiento de lo que se venía presentando, decide desplegar un grupo de investigación criminal y Cibergaula, los cuales logran establecer mediante diferentes estrategias como era el accionar de estos delincuentes, descifrando el protocolo criminal que empleaban para hacer caer a sus víctimas en un libreto inventado en su totalidad por mentes inescrupulosas desde el interior de un centro penitenciario del país.
En entrevista con este diario, el director del Gaula de la Policía, Fernando Murillo señaló que en Colombia se volvió cultura pagar una extorsión. "Es difícil que las víctimas de extorsión denuncien. Hace unos años hablábamos de un 10 % de víctimas que denunciaban y a través de esa concientización del no pago hemos alcanzado un 33 % de víctimas que denuncian el caso, pero queremos seguir creciendo esa cifra", señaló el alto uniformado.
Asimismo, añadió que la modalidad que más le preocupa es la llamada carcelaria, en la que sigue cayendo varios. "Lo que está pasando con las cárceles es una preocupación, no solo de Colombia, sino de varios países de América Latina. En cárceles de Salvador y Chile, por ejemplo, ya están llamando a ciudadanos de otros países a extorsionar. Hoy la estrategia es allanar las cárceles: el año pasado allanamos 84, donde encontramos más de 1.600 celulares, que sometemos a pruebas para hacerles un estudio forense", señaló Murillo.