La ficha de Alejandro Ordóñez que llevará el caso Uribe en la Fiscalía

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El expediente en contra del expresidente y exsenador Álvaro Uribe por presunto fraude procesal y soborno lo llevará Gabriel Jaimes, coordinador de los fiscales delegados ante la Corte Suprema. Fue la mano derecha de Ordóñez en el Consejo de Estado y en la Procuraduría.

El proceso por presunto fraude procesal y soborno que se le adelanta al expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez ya tiene doliente en la Fiscalía General de la Nación. Luego que el exjefe de Estado renunciara al Congreso y a su fuero y que, por tanto, la Corte Suprema considerara que había perdido la competencia para investigarlo, el expediente ya llegó físicamente a la Fiscalía General. Y ya fue asignado a un fiscal encargado de revisarlo. Se trata de Gabriel Ramón Jaimes, actual coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia.

“Por la complejidad del asunto, su alto impacto nacional y en aras de garantizar el debido proceso de todas las partes e intervinientes, fue asignado el proceso al doctor Gabriel Ramón Jaimes Duran, Fiscal de carrera que ostenta el cargo de Fiscal coordinador de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que cuenta con la experiencia y reconocimiento institucional en el adelantamiento de casos de gran connotación y quien desde hoy asumirá el conocimiento de la investigación con independencia y autonomía”, dijo la entidad.

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El anuncio lo hizo la Fiscalía luego que el expediente quedara a su disposición por mandato de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que el pasado 3 de agosto dictó medida de aseguramiento, consistente en casa por cárcel, en contra del exmandatario como presunto determinador de los delitos de fraude procesal y soborno en relación con una supuesta intención de manipular testigos que lo han vinculado con grupos paramilitares, entre otros. “Cualquier determinación con relación a este caso solamente será comunicada oportunamente por los canales oficiales dispuestos por la Fiscalía”.

Pero ¿quién es Gabriel Jaimes? Se trata de un funcionario público de vieja data que trabajó en la Fiscalía en 1994 y desde allí forjó parte de su carrera: en 1999 llegó a Bucaramanga y, en 2007, se fue para la Dirección Seccional de Fiscalías de Santa Rosa de Viterbo, en Boyacá. Luego, dijo, trabajó en “casos connotados en Colombia” desde la Unidad Anticorrupción. En abril de 2008 pasó al Consejo de Estado como magistrado auxiliar en el despacho del entonces magistrado Alejandro Ordóñez Maldonado, quien luego fue procurador general.

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Como contó este diario el pasado 20 de febrero, Jaimes Durán saltó a la Procuraduría de la mano de Ordóñez, con quien comparte su región de origen (Santander), su alma mater (la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga) y sus posturas políticas y religiosas. Ordóñez se posesionó ante el presidente Álvaro Uribe como procurador el 14 de enero de 2009 y, dos semanas más tarde, Jaimes Durán hizo lo mismo como procurador delegado del Ministerio Público en asuntos penales. En la hoja de vida que Jaimes Durán entregó a la Fiscalía de Barbosa hay algunas inexactitudes sobre las fechas en que estuvo en ciertos cargos.

Una de ellas indica que fue director nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría de enero a febrero de 2010: o sea, en la era Ordóñez. Pero en la página web de esa entidad hay una publicación de enero de 2009 en la que se anuncia la llegada de Jaimes Durán como procurador delegado en asuntos penales. Ahí se lee que él ya había sido director de Investigaciones Especiales de la Procuraduría. Y él solo trabajó en el Ministerio Público con Alejandro Ordóñez.

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El Espectador contó en febrero pasado que a Gabriel Jaimes Durán Estados Unidos le revocó la visa justo después de que Hernando Gómez Bustamante, un poderoso narcotraficante del cartel del norte del Valle conocido como Rasguño, declarara sobre el caso de Álvaro Gómez, lo que podría ser una piedra en el zapato para la fiscalía de Barbosa. Luego Jaimes pasó de ser la mano derecha de Ordóñez a un cargo de rango medio, como fiscal en Fusagasugá (Cundinamarca). No obstante, el fiscal Barbosa aseguró que esto no es cierto y que su coordinador de fiscales ante la Corte Suprema sí tiene visa, aunque fuentes de la embajada de Estados Unidos le ratificaron a este diario que no cuenta con ese documento.

Algo que está claro es que Jaimes Durán fue un hombre de toda la confianza de Ordóñez. Y que desde el pasado 13 de febrero tiene varias tareas encomendadas directamente por el fiscal Francisco Barbosa como esclarecer el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, aunque probablemente deberá declararse impedido ya que como procurador hizo solicitudes y emitió conceptos relacionados con este caso. Y ahora debe llevar avante la que es, probablemente, la investigación penal más importante que se lleva en Colombia: la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe. Lo primero que deberá resolver el fiscal Jaimes es qué hacer con la solicitud de libertad que ya interpuso la defensa del expresidente Álvaro Uribe.

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El abogado de Álvaro Uribe, Jaime Granados, presentó ante el despacho del fiscal general, Francisco Barbosa, la libertad “inmediata” de su cliente, quien se encuentra con casa por cárcel por orden de la Sala de Instrucción del alto tribunal desde comienzos de agosto pasado. Granados también pide que el proceso de Uribe adopte el procedimiento penal de la ley 906 de 2004 y no continúe con la ley 600 de 2000, bajo la cual la Sala de Instrucción estaba investigando formalmente a Uribe Vélez. Si el caso pasa a ley 906, como pide el equipo de abogados de Uribe, será un juez de control garantías el que estudie la solicitud de libertad.

La definición de la ley que se aplicará en este expediente es fundamental. No solo porque la defensa de Uribe podría pedir que se revoque la medida de aseguramiento, sino porque, de elegir el camino de la ley 906, la Fiscalía tendría que empezar desde cero la investigación y, así, podría revisar temas que han sido reprochados por el expresidente. Por ejemplo, el tema de la interceptación del celular del exsenador que siempre ha dicho, fue ilegal, pero la Corte ha sostenido que no fue así, pues todas sus decisiones fueron legales. A esto se suma que el senador Iván Cepeda, quien es víctima en este proceso, recusó al fiscal Francisco Barbosa y a su vicefiscal, Martha Mancera.

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