Caso Uribe: audiencia de preclusión se suspendió sin que Fiscalía argumentara

Noticias destacadas de Judicial

Aunque se tenía previsto que este martes la Fiscalía expusiera sus argumentos sobre por qué debe precluirse el proceso por presunta manipulación de testigos en favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, la diligencia se limitó a la petición de Deyanira Gómez y Gonzalo Guillén para que sean acreditados como víctimas. La audiencia seguirá el viernes 9 de abril a las 8:00 de la mañana.

La audiencia en que la Fiscalía debía exponer las razones que llevaron a pedir la preclusión del expediente judicial por presunta manipulación de testigos en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez se suspendió sin que pudiera realizarse tal objetivo. La razón de ello es que desde las 9:00 de la mañana hasta las 2:45 de la tarde, la diligencia se centró en la petición para que fueran reconocidas como víctimas en este caso Deyanira Gómez, esposa del testigo Juan Guillermo Monsalve -quien ha vinculado al expresidente con grupos paramilitares-, así como el periodista Gonzalo Guillén. Después de una extensa discusión, la jueza 28 de conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz Rassa, suspendió la diligencia para el viernes 9 de abril a fin de poder tomar una decisión al respecto.

(Le puede interesar: El caso Uribe llega a un punto clave: hoy se empieza a definir de fondo ante jueces)

La audiencia inició pasadas las 9:00 a.m. de este martes 6 de abril de 2021, con la petición del abogado de Monsalve, Miguel Ángel del Río, para que en el expediente sea reconocida como víctima la exesposa del testigo Deyanira Gómez, quien está en el exilio. Del Río citó interceptaciones rendidas de conversaciones entre Álvaro Uribe y el abogado Diego Cadena en las que ambos hablan sobre ella y el primero pregunta por dónde trabaja Gómez. Narrando cómo la mujer fue objeto de medidas de protección por orden de la Corte Suprema; que ella grabó, con conocimiento del alto tribunal, una reunión que sostuvo con Cadena; y destacando actos sospechosos en su contra, como seguimientos, el abogado del Río sustentó su petición.

(Le puede interesar: Caso Uribe: “Salí del país por mi seguridad y la de mis hijos”, declaró Deyanira Gómez)

Del Río se refirió a una serie de documentos revelados el fin de semana por el periodista Daniel Coronell, de abril de 2018, en el que los escoltas narran hechos que serían sospechosos como un indigente que optó por dormir frente a su lugar de vivienda o el seguimiento de su vehículo de una moto. Deyanira Gómez se quedó sin trabajo en mayo de 2018. Del Río relató como un país, que no mencionó por su seguridad, acogió la petición para protegerla. “Aquí hay un daño. Una mujer declaró en un proceso penal y sus dichos generaron que para el abogado Diego Cadena y Álvaro Uribe Vélez era ella el obstáculo para la retractación de Juan Guillermo Monsalve. Se genera un daño, el exilio, con dos niños”, dijo el abogado.

Según del Río, en su caso, hay otro daño, de carácter patrimonial pues la finca “La Veranera” fue objeto de medidas cautelares de extinción de dominio por parte de la Fiscalía, de su propiedad. Y cuestionó comentarios del expresidente de Álvaro Uribe en redes sociales sobre Deyanira Gómez, calificándola como un “instrumento de Santos-Barceló-FARC”. Es un andamiaje que tiene como propósito deslegitimar a una víctima”, dijo el abogado. En la diligencia, el abogado Roberto Rodríguez, además, solicitó que sea considerado como víctima en este proceso el periodista Gonzalo Guillén en una intervención que ameritó constantes regaños de la jueza Ortiz Rassa para que fuera concreto al respecto.

Sobre estas peticiones, el fiscal Gabriel Jaimes solicitó al juzgado no aceptar el reconocimiento de víctimas al considerarlas improcedentes porque Deyanira Gómez “no tiene vínculo o relación directa con los hechos jurídicamente relevantes” por los cuales se inició la investigación contra el expresidente Uribe. Para Jaimes, Deyanira Gómez está acreditada como testigo “pero no como pasivo de los hechos atribuidos a Uribe Vélez. No existe un nexo fáctico”. Y sobre el caso de Guillén, el fiscal Jaimes dijo que no razón para que fuera incluido y reconocido como víctima pues este interpuso denuncia en contra de Jaime Lombana y Álvaro Uribe por lo que allí sería el escenario para que lo hiciera. En ambos casos, el fiscal dijo que ambos podrían acudir a la justicia si sienten lesionados sus derechos.

(Le puede interesar: “Jamás he buscado retractarme (sobre Álvaro Uribe)”: Juan Guillermo Monsalve)

A su turno, el Procuraduría pidió que se investiguen las situaciones irregulares que anunció la defensa de Deyanira Gómez pero estimó que no hay lugar a reconocerla como víctima en este caso, al igual que en el caso de Guillén, ya que los cuestionamientos que ha hecho él y su abogado contra el abogado Jaime Lombana, no tienen que ver con este caso. “Ambos pueden tener la condición de víctimas de delitos que tiene que investigar la Fiscalía pero no víctimas sobre lo que se investiga en este radicado”, dijo el procurador delegado. A su turno, Reynaldo Villalba, abogado de Iván Cepeda, reprochó la postura de la Fiscalía y la Procuraduría y dijo que no reconocer a Gómez como víctima sería inconstitucional.

“(Deyanira Gómez ha sufrido junto con su esposo todas las campañas de descrédito desde el mismo imputado”, dijo Villalba al cuestionar que el fiscal Jaimes no se pronunciara sobre hechos cómo que Gómez tuviera que salir del país o que haya sido despedida. “Eso no salió de la nada, salió de este proceso. Y con el concepto del imputado de que Deyanira es una mujer “peligrosa”. No me deja de sorprender la Fiscalía. ¿Acaso no es un daño real concreto y específico perder el empleo, salir al exilio y las campañas de desprestigio contra el testigo de cargo que era en ese momento su esposo?”, agregó el abogado al señalar que el reconocimiento de víctima solo necesita prueba sumaria y no comprobarse plenamente que Álvaro Uribe tiene o no algo que ver con ello.

“Este proceso tiene una relación directa con graves violaciones de derechos humanos y la señora fue víctima de graves violaciones de derechos humanos que la obligaron a salir del país y tenemos que ver cuál es la actitud del imputado sobre ella”, agregó Villalba. Sobre el caso de Guillén, el abogado resaltó que en el expediente Uribe el periodista es mencionado decena de veces por lo que sí debería ser reconocido como tal. El exvicefiscal Jorge Perdomo apoyó la solicitud en el caso de Gómez la señalar que la mujer ha sido utilizada como un “instrumento” para buscar la retractación de Juan Guillermo Monsalve.

A su turno, el exfiscal Eduardo Montealegre pidió aceptar el reconocimiento de ambas personas al recodar que caben en el universo de víctimas, no solo los daños directos, sino también indirectos, según un fallo de la Corte Constitucional. “El Ministerio Público y la Fiscalía están creando una interceptación de víctimas que fue declarada inconstitucional”, dijo Montealegre, quien fue magistrado de la Corte Constitucional. Y resaltó la conversación citada inicialmente por el abogado Miguel Ángel del Río entre Uribe y Cadena sobre la mujer en la que el expresidente pregunta en dónde trabaja Gómez. “¿Por qué Uribe pregunta sobre una testigo?”, dijo.

De otro lado, la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez solicitó no aceptar a estas dos personas como víctimas al indicar que no se puede considerar como víctima a cualquier persona con interés en el caso, sea testigo o interviniente. El abogado Jaime Granados, apoyando la intervención del fiscal Jaimes, dijo que Deyanira Gómez no sale mencionada en los hechos jurídicamente relevantes que iniciaron el proceso contra su cliente, señalando que la fecha clave acá, en su criterio, es el 22 de febrero de 2018, día de la visita de Diego Cadena al testigo Juan G. Monsalve. “Álvaro Uribe solo tuvo conocimiento de este proceso el día 24 de julio de 2018 cuando públicamente se conoce el llamado a indagatoria. Uno no puede navegar en el espacio como si fuera un acto de ficción”, dijo.

Granados señaló que, aceptar la acreditación de cualquier persona que haya sido afectada por la investigación en curso, implicaría que incluso él, como apoderado judicial de Álvaro Uribe, podría constituirse como víctima ya que fue amenazado. “No, no, no, eso no puede ser. Hay que aterrizarse a los hechos”, dijo al apuntar que la situación de la amenaza fue denunciada debidamente a la Fiscalía y se ha trabajado de manera sigilosa. En sentido similar, rechazó la petición de Guillén al señalar que sería ilógico que cada periodista que cubra un caso se pueda acreditar como víctima y alguien hace alguna mención a su trabajo en cualquier sentido.

“Las grabaciones que se refieren a las conversaciones sostenidas con Álvaro Uribe con sus abogados, no solo Diego Cadena, y con Jaime Lombana y conmigo fueron interceptadas sin orden judicial. Deben ser excluidas”, dijo en referencia a las grabaciones que señaló el abogado Miguel Ángel del Río. Para Granados, sin validar su legitimidad, esa conversación no aduce a los hechos jurídicamente relevantes. Granados aseguró además que está “fuera de lugar” asegurar que Álvaro Uribe tiene relación con el despido de Deyanira Gómez de Coomeva. Y apuntó que, en todo caso, eso sucedió después del delito que se investiga en este expediente: soborno en actuación penal.

Granados señaló que el expresidente no ha sido llamado a ninguna declaración en el caso de las situaciones de seguridad expuestas sobre Deyanira Gomez. Según Granados, la discusión sobre si Deyanira Gómez está siendo víctima de una campaña de desprestigio o no sería objeto de un nuevo proceso judicial, pero no amerita que sea considerada víctima en este proceso. (Le puede interesar: “Jamás he buscado retractarme (sobre Álvaro Uribe)”: Juan Guillermo Monsalve)

La solicitud de preclusión se realizaría el viernes

En este caso, la Fiscalía sólo ha publicado un escueto comunicado señalando que, en criterio de esa entidad, “varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o partícipe”. Jaimes deberá profundizar las razones detrás de esas afirmaciones, en una petición que ha sido controvertida desde su anuncio, el pasado 5 de marzo, por la víctima acreditada en este proceso, Iván Cepeda, así como por el exfiscal Eduardo Montealegre, quien pidió ser reconocido como tal. Ambos denunciaron esta misma mañana al fiscal Jaimes por presunto prevaricato, pues consideran que la Fiscalía solo ha buscado la “impunidad de Uribe”.

Jaimes recibió el expediente el 3 de septiembre de 2020, luego que el expresidente Uribe Vélez renunciara al senado y, con ello, la Corte Suprema de Justicia perdiera competencia para seguir investigándolo. La pesquisa en su contra la inició dicho tribunal el 16 de febrero de 2018 cuando tuvo información, desde la defensa de Cepeda, que el testigo Monsalve estaba siendo abordado de diferentes vías para que se retractara de sus afirmaciones. Ese abordaje, dijo la Corte, denotaba una urgencia pues el material se necesitaba para presentarlo ante el alto tribunal con la intención de que fuera revocada otra decisión que esa Corte había tomado días atrás: archivar una denuncia que Uribe había puesto contra Cepeda por manipulación de testigos.

Aunque la Sala de Instrucción de la Corte Suprema detuvo al expresidente el 4 de agosto de 2020, para el fiscal Gabriel Jaimes el paso siguiente de esta investigación no era llamarlo a juicio sino, al contrario, pedir su preclusión. Según Jaimes, no hay prueba de que el expresidente haya cometido delito y algunos de los hechos de este caso no pueden calificarse como ilegales. En contra parte, Cepeda y Montealegre consideran que las pesquisas de Jaimes no apuntaron ni a ratificar ni a ahondar en la investigación que ya había adelantado la Corte Suprema, que goza de validez, sino a “arrasarla” en favor de Uribe, quien en este momento tiene la calidad de imputado.

El caso Uribe consta de varios episodios. Por un lado, están los abordajes al testigo Monsalve, como los calificó la Corte Suprema, tanto por intermedio del abogado Diego Cadena, quien se presentaba como apoderado del exmandatario, como por Carlos López, alias Caliche, quien habría sido buscado por el representante Álvaro Hernán Prada. Ambos, con un único fin, buscar su retractación en los días 21 y 22 de febrero de 2018. Cadena visitó a Monsalve en prisión, pero no obtuvo el documento que necesitaba. Al tiempo, su compañero en la cárcel, Enrique Pardo Hasche le decía al testigo que se pusiera “del lado del ex”. Y un viejo conocido, Caliche, le escribía por WhatsApp diciéndole que “le habían llegado del ex” para que presentara una carta o un video con la retractación.

(El plan de trabajo del fiscal Gabriel Jaimes para el caso Uribe)

De otra parte, en este caso están de presente las estrategias utilizadas por el abogado Diego Cadena para conseguir testigos que hablaran en favor del expresidente Uribe y de su hermano, Santiago, quien está en juicio por conformación de grupos paramilitares. La Corte Suprema había acreditado la existencia de pagos y promesas de pagos a Carlos Enrique Vélez, quien terminó enviado cartas a la justicia señalando que Iván Cepeda le había pedido incriminarlos. Lo hizo con el propio testimonio de alias Víctor, quien dijo que Cadena le ofreció $200 millones.

La idea era desacreditar a otro testigo, al exparamilitar Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, quien también ha vinculado a Álvaro Uribe Vélez con el Bloque Metro de las Autodefensas. Los acercamientos, dijo la Corte, incluyeron a Eurídice Cortés, alias Diana, y a otros exparamilitares que firmaron cartas, hechas por Cadena, que fueron entregadas a la Corte Suprema. Según ese alto tribunal, el expresidente no solo sabía de las gestiones de Cadena sino que estaba pendiente de las labores del abogado a través del personal de su Unidad de Trabajo Legislativo.

Igualmente, en este caso, la Corte Suprema de Justicia señaló que Uribe buscó, a través de terceras personas, buscar al narcotraficante Juan Carlos El Tuso Sierra, quien dijo en 2009 que fue buscado por Piedad Córdoba e Iván Cepeda para que incriminara al expresidente Uribe, a cambio de conseguir asilo para él y su familia en Europa, hecho negado por los mencionados. Sierra envió cartas a la Corte en ese sentido pero no declaró ante la Sala de Instrucción. En cambio, sí lo hizo ante la Fiscalía. Se espera que a lo largo de la diligencia, la Fiscalía explique su postura sobre estos hechos, así como sobre las gestiones que habría hecho ante la familia de Monsalve, el ganadero Juan Guillermo Villegas, amigo de antaño del expresidente, con el fin de que este confiara en el abogado Cadena.

(Le puede interesar: Radiografía del caso Uribe en la Fiscalía)

Comparte en redes: