La Fiscalía y Roberto Prieto, investigado por Odebrecht, llegan a un preacuerdo

Roberto Prieto es investigado por el pago de los sobornos de la multinacional Odebrecht. / Cristian Garavito - El Espectador.

La Fiscalía General presentará el próximo 13 de diciembre en audiencia pública el preacuerdo al que llegó con José Roberto Prieto, exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, investigado por el sonado caso Odebrecht. Prieto es investigado por las actuaciones ilegales que se utilizaron para adjudicar algunos tramos del proyecto de la Ruta del Sol. En este caso, el sector tres, entregado en 2010 a Yuma Concesionaria S.A., liderada por la empresa Impregilo Spa sucursal de Colombia. La Fiscalía le abrió investigación formal por, presuntamente, haber recurrido al tráfico de influencias ante la Agencia Nacional de Infraestructura para lograr una adición al contrato Ruta del Sol III, para la construcción del puente Plato (Magdalena).

Aunque Prieto no aceptó ninguno de los cinco cargos que le endilgó la Fiscalía, ya está listo de parte del ente investigador la negociación que se presentará ante un juzgado, que implicaría que Prieto acepta su participación en algunos delitos, a cambio de una rebaja de pena. A Prieto la fiscalía le imputó los delitos de falso testimonio en calidad de autor, falsedad en documento privado en calidad de determinador, autor de tráfico de influencias de particular, enriquecimiento ilícito a favor de terceros e interés indebido en la celebración  de contratos.

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El empresario es investigado porque habría condicionado su gestión de intermediación a que los estudios y diseños del citado puente quedaran a cargo de la empresa Consultores Unidos S.A., del empresario Eduardo Zambrano, quien es procesado igualmente por haber puesto su firma al servicio de las acciones ilegales de Odebrecht —tal cual él mismo confesó—. Según el ente investigador, Prieto, que era una persona reconocida por estar vinculado a campañas presidenciales, usó esa condición para ejercer supuestas presiones en favor de Yuma Concesionaria. A cambio de ello habría recibido $650 millones, que fueron cobrados por medio de una factura ficticia expedida por la empresa Megaland S.A.S. Prieto, por su parte, se declaró inocente.

Esa factura, la 032 del 18 de mayo de 2016, describía supuestos estudios de topografía y geología para la hidroeléctrica de la vertiente cordillera Oriental de Guavio, que nunca se realizaron. Precisamente, el representante legal de esta compañía, Gilberto Hernán Saldarriaga Giraldo, fue condenado el pasado 24 de mayo por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Medellín a ocho meses de prisión por haber servido como intermediario para el pago de los $650 millones.“El aquí indiciado tenía como modus operandi pedir dinero a empresas y personas diciendo que era requerido para tapar huecos de las campañas políticas de Juan Manuel Santos”, señaló la fiscal del caso durante la imputación de cargos a Prieto.

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Adicionalmente, a Prieto se le cuestiona haber mentido sobre el supuesto aporte de recursos de la multinacional Odebrecht a la campaña presidencial 2010-2014. Los cuestionamientos tienen que ver con la declaración bajo juramento que realizó el 24 de mayo de 2017 ante la Comisión de Acusación y la Procuraduría General al respecto. “Negó el origen del dinero para la producción de unos afiches promocionales de esa campaña presidencial, negó que tuvo conocimiento sobre este asunto, lo que contrasta con las declaraciones de varios directivos de la multinacional Odebrecht a la Fiscalía”, dijo la fiscal.

Incluso, para la Fiscalía, Prieto habría faltado a la verdad ante la Comisión de Acusación y el Ministerio Público en temas relacionados con los aportes de Odebrecht para realizar que una empresa en Panamá realizara unas encuetas como apoyo a las elecciones presidenciales 2014-2018. De hecho, para argumentar ante el juez 45 penal municipal de Bogotá que lo enviara a la cárcel, la Fiscalía reveló unas interceptaciones que reflejarían la intención de Prieto de manipular y tratar de llegar a los testigos de este caso, en concreto, a Luiz Antonio Bueno Júnior, Luiz Antonio Mameri y Luiz Eduardo Da Rocha Soares, y el expresidente de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Martorelli.

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