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La espera para conocer el nombre del fiscal general de la nación duró casi un año. Luego de la renuncia de Néstor Humberto Martínez, en mayo del año pasado, el fiscal Fabio Espitia ocupó en interinidad durante ocho meses uno de los cargos más importantes y con más poder del país. Ayer, luego de varias votaciones fallidas y en medio de un clima tenso de elecciones en la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados por fin lograron un consenso. Con 16 votos a favor de 16 posibles, porque así está hoy el quórum en la Corte, y en ocho rondas de votación, el alto tribunal eligió a Francisco Barbosa Delgado como la cabeza del ente investigador para los próximos cuatro años. Al conocer la noticia, el jurista expresó que ahora su prioridad es enviarle una señal de tranquilidad al país.
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“Es muy importante para el país que la decisión haya sido por unanimidad. Una unanimidad que refleja el interés de la Corte de querer enviar también un mensaje al país. La Corte Suprema hizo un trabajo razonado, mesurado, de mucha profundidad con los tres candidatos que participamos en esta elección y optó por mi nombre”, señaló Barbosa desde el Palacio de Justicia. El nuevo fiscal asume como sus mayores retos la lucha contra la corrupción, atacar la criminalidad organizada, aumentar la tasa de esclarecimiento de los asesinatos de crímenes sociales y fortalecer la investigación judicial.
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El abogado, cercano al presidente Iván Duque, se impuso sobre sus compañeros de terna, Clara María González, secretaria jurídica de Presidencia, y Camilo Gómez, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Barbosa estudió derecho junto a Duque en la Universidad Sergio Arboleda y es reconocido por su trayectoria académica. Tiene especializaciones en las universidades Externado y Jorge Tadeo Lozano, dos maestrías, de la Javeriana y del Externado, una en historia y otra en derecho público, y un doctorado, también en derecho público, de la Universidad de Nantes (Francia).
Trabajó como fiscal especializado de la Unidad de Derechos Humanos de la entidad que ahora dirigirá y fue asesor jurídico externo de entidades públicas como el Ministerio de Hacienda en el gobierno de Andrés Pastrana, cuando esa cartera la manejaba Juan Manuel Santos. Desde antes de que el presidente Duque anunciara la terna que presentaría a la Corte Suprema, el nombre de Barbosa era uno de los más sonados para ocupar el cargo. Fue el primero en hablar cuando el alto tribunal llamó a los tres aspirantes a una entrevista pública, el pasado 5 diciembre.
Allí se refirió a algunos puntos que entraría a mejorar en la Fiscalía, como la policía judicial, la modernización tecnológica para adelantar investigaciones y la presencia de la entidad en territorio. “Quiero ser un fiscal de los territorios y no un fiscal del búnker”, señaló. Durante la entrevista, los magistrados también le preguntaron sobre temas más espinosos, como la relación con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el escándalo de Odebrecht. Por un lado, sostuvo que si era elegido fiscal buscaría tener una buena relación con la Jurisdicción, pues se considera un defensor de su propósito.
Por otro lado, aseguró que el complejo esquema de sobornos que fraguó la multinacional para quedarse con obras públicas “es una investigación que necesita respuestas firmes y rápidas”. Por eso propuso que dos de los 13 fiscales delegados ante la Corte se dediquen en su totalidad a estas pesquisas y a buscar mayor colaboración con Brasil. Este es uno de los temas más espinosos que recibirá Barbosa a su entrada a la Fiscalía, aunque la lista de prioridades ya es larga. El nuevo fiscal será el encargado de poner a andar a buen ritmo investigaciones como la de las chuzadas a abogados, periodistas y magistrados de las altas cortes, por ejemplo, que recién empieza a coger ritmo.
La elección del fiscal general era una de las tareas pendientes más importantes de la Corte Suprema y una de las más esperadas en el mundo judicial. No solo porque la renuncia del exfiscal Martínez se dio el año pasado, sino porque el presidente Duque se abstuvo de presentar la terna durante casi siete meses. Los nombres de los aspirantes solo se conocieron el 3 de diciembre del año pasado, cuando la Corte Suprema ya atravesaba una crisis para elegir a nuevos magistrados, y a pocos días de entrar a la vacancia judicial. Los problemas dentro de la Sala Plena se hicieron evidentes cuando, para acabar 2019, el alto tribunal alcanzó a tener siete despachos vacíos, sin que hubiera reemplazos a la vista.
Presiones internas, movimientos políticos y conveniencias personales, al parecer, han sido los ingredientes que han demorado las elecciones. Sin embargo, la de este jueves pareciera dar muestras de que la Corte, por fin, logró consensos. Ahora falta que elijan a las siete vacantes de magistrados y a su presidente y vicepresidente para este año que recién comienza.