La gestión indebida del senador Pulgar, según la Corte Suprema

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En 157 páginas, la Sala de Instrucción del alto tribunal expuso cómo el senador del Partido de La U buscó interceder ante un juzgado y el Gobierno en favor de terceros involucrados en una disputa por el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Y señaló que su detención era necesaria para evitar una obstrucción a la justicia.

Para la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia no hay duda alguna: el senador del Partido de la U Eduardo Pulgar realizó gestiones indebidas e intentó sobornar a un juez de la República en favor de un sector de los directivos de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, en medio de una disputa por el control de ese claustro. La gestión ilegal, realizada en aras de conseguir un beneficio propio de índole electoral, se desplegó “con abuso de la función y del cargo” que ostenta como congresista. Por esa razón, el alto tribunal ordenó su detención preventiva mientras avanza el proceso en su contra. Pulgar fue capturado el pasado martes 1º de diciembre en el aeropuerto El Dorado.

“Puede discernirse de los hechos objeto de investigación, al menos hasta este momento, que el aforado Pulgar Daza ha utilizado su influencia como senador de la República para la consecución de su finalidad de manera ilícita”, dijo la Sala en la decisión de medida de aseguramiento que El Espectador tiene en su poder. La gravedad se incrementa, agregó la Corte, si se tiene en cuenta que Pulgar pretendía derivar de sus gestiones beneficios y prebendas que le garantizaran la reelección para el Congreso en 2018. Pulgar habría tratado de “utilizar su influencia para beneficiar su carrera política sin importar los servicios, principios y derechos que sean transgredidos”.

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Para entender este proceso, que tiene a Pulgar en la cárcel La Picota de Bogotá, hay que remitirse a una disputa entre primos por el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, creada en 1973 por Gabriel Acosta Bendeck. En junio de 2016 Ivonne Acosta Acero, integrante del consejo directivo e hija del excongresista, removió de ese órgano a dos integrantes: Luis Fernando Acosta Osío y Gina Díaz Buelvas, lo que originó que los miembros fundadores de la universidad se reunieran, crearan un nuevo consejo, sacaran a Carlos Jaller Raad (esposo de Ivonne) de la rectoría en diciembre de 2016 y nombraran en su reemplazo a Alberto Acosta Pérez y a Acosta Osío como presidente del consejo.

En pocas palabras, había dos consejos directivos. El que lideraba Alberto Acosta Pérez, a su vez representante legal -bando al que pertenece el actual rector, Juan José Acosta Osío-, y el de Ivonne Acosta Acero. Ambos intentaron que el Ministerio de Educación les reconociera sus respectivos representantes legales y rectores nombrados; el primero lo obtuvo. Pulgar aparece en escena en medio de dichas disputas cuando debía realizarse ante un juez una audiencia para el restablecimiento del derecho y suspensión de actos de registro o registros obtenidos fraudulentamente en relación con la remoción como rector de Carlos Jaller. Diligencia que le correspondió por reparto al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Usiacurí (Atlántico), a cargo entonces de Andrés Rodríguez Caez.

Pulgar logró, a través de Ronald Emil Padilla Acuña, exalcalde de Usiacurí y socio político, una reunión con el juez Rodríguez Caez en su casa en Barranquilla que fue grabada por el servidor judicial y en la que suceden dos hechos diferentes. Primero, el senador Pulgar expone el conflicto por la universidad y da cuenta cómo, antes de buscar al juez, ya había hecho gestiones ante la Presidencia y el Ministerio de Educación para que el asunto se resolviera en favor de Luis Fernando Acosta Osío, dado que el claustro le daba votos y “billetico” en campaña. “(…) Conseguí que finalmente ahí pusieran a un tipo que ha estado antes en la Universidad, que es sobrino del viejo Acosta”, dijo Pulgar al juez.

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Pulgar le propuso al juez que le ayudara, que había “un negocio” por $200 millones. Ante la negativa del juez Rodríguez, hubo una segunda reunión hecha en la oficina de David Name Terán, en la que Luis Fernando Acosta Osío le habló al servidor judicial de la mediación de Pulgar ante las autoridades nacionales en el asunto. En este contexto, para la Sala de Instrucción de la Corte Suprema es claro que Pulgar realizó gestiones indebidas en diferentes flancos en favor de terceros y con la intención de beneficiarse a sí mismo, hecho del cual él mismo dio fe en la reunión con el juez de 2018 que salió a la luz por el periodista Daniel Coronell.

En la grabación, se oye a Pulgar decirle al juez: “Los manes están preocupados y yo te digo la verdad, a mi lo que más me preocupa es la vaina política que ya está a nueve meses, es mi elección y esa vaina es un hueco, esos manes (la gente de la Universidad Metropolitana de Barranquilla) me ayudan ahí con becas, me dan puestecitos. Yo te hablo la verdad y cuando inicia la campaña me tiran un billetico”. Y además, en la conversación, insiste en exponer su rol político y las posibles influencias que en un futuro se podrían mover en caso de “ayudarse” mutuamente: “Yo ya conocí a un juez y tu conociste a un senador, ahí vamos en la vida”, dijo.

Pulgar intercedió ante el juez a raíz de la aparente preocupación que Luis Fernando Acosta Osío tenía sobre lo que podía pasar en la audiencia, en la cual el otro grupo de directivos buscaba que Carlos Jaller recuperara la rectoría de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. “Las influencias indebidas las exteriorizó y materializó el investigado respecto de dicho servidor público, incluso con prescindencia del ofrecimiento del dinero, mediante ostentación del cargo, luego de declinada por el funcionario judicial la propuesta ilícita, insistió con la connivencia de Padilla Acula en que actuara en beneficio de parte”, concluyó la Sala de Instrucción.

Pulgar le dijo al juez, entre otras, “(…) Joda hermano, yo eh, por lo menos eh, me gustaría ver si dentro de tus posibilidades puedes aplazar esa vaina, una decisión así sea de ocho días pa que joda, pa mostrar alguna gestión yo también, ¿sí me entiendes?”. Y ante la nueva negativa del juez, Pulgar le insistió: “(…) Si tú puedes hacer sin meterte en problemas yo te agradecería esa vaina (…) esa es la vida porque a veces el derecho te da para un lado o pal otro, ¿no es así, doctor?”. Todo esto lo ratificó en la investigación el hoy exjuez Rodríguez, quien solo declaró cuando la Corte pidió su ingreso al programa de protección de testigos. Finalmente, salió del país para proteger su vida.

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En el proceso declararon la exministra de Educación Yaneth Giha y otras dos funcionarias, quienes negaron alguna influencia de Pulgar Daza en la inscripción del representante legal de la universidad. Para la Corte, sin embargo, está probado que ese proceso no fue pacífico y que se resolvió poco antes de las reuniones de las cuales dan cuentas los audios, realizadas entre el 17 de mayo y el 14 de junio de 2017, justamente en favor del bando que Pulgar pretendía favorecer y con una rapidez inusitada, según los otros interesados en este asunto. “Se afianza la realidad del reconocimiento que efectuó de haber desplegado sus influencias ante las autoridades nacionales para que la inscripción del representante legal se efectuara a favor del designado por la familia Acosta”, dijo la Corte.

Con este panorama, la Sala de Instrucción aseguró que detener a Pulgar Daza era necesario al estimar que “Pulgar Daza ha vulnerado distintos principios, con abuso del cargo y, de contera, de la especial posición social que le otorga aquel que desempeña (…) Lo anterior refleja la manera en la que el aforado utiliza su poder político, con lo que se ha configurado delitos de significativa gravedad (…) Puede colegir la Sala que, de no imponerse la medida en comento, existe una probabilidad de que el congresista utilizará el influjo para intentar distorsionar algunos medios suasorios que restan obtener en la actuación”.

Al reseñar el temor que llevó al exjuez a exiliarse, la Sala indicó que es posible que esa misma coerción pueda ser ejercida o sentida por otras personas cuyo testimonio sea pertinente y necesario en este caso, ya que todavía no se han recopilado todas las pruebas, pues falta acopiar documentación en el Ministerio de Educación. “Resulta viable pronosticar con razonabilidad y, ante lo establecido, una eventual actitud de obstrucción de la justicia”, agregó la Sala. Esa corporación, además, dedicó buena parte de la decisión para indicar que la grabación realizada por el juez, aportada por este al proceso por una copia “espejo” y conocida por partes por los medios de comunicación, no es ilegal. Entre otros, porque no se necesita una orden previa de autoridad judicial cuando quien graba la conversación es quien interviene en ella.

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