En el Chocó

La herencia paramilitar a 20 años de la operación Génesis

Habitantes de cinco municipios del Bajo Atrato chocoano denuncian que en las últimas dos semanas al menos 600 paramilitares han hecho presencia en la región. La Fuerza Pública, preocupada por la compleja situación, reforzó esta zona del país con 4.000 soldados.

El 24 y el 27 de febrero de 1997, el Ejército y los paramilitares realizaron dos operaciones en el Bajo Atrato chocoano para atacar al frente 57 de las Farc, conocidas como Génesis y Cacarica, respectivamente. El resultado: 3.500 desplazados de manera forzada, un general del Ejército condenado a 25 años de cárcel por el asesinato de un campesino y una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado por no haber protegido a la comunidad chocoana. Hoy, luego de 20 años de las incursiones armadas, los pobladores denuncian que no han sido reparados y que reductos paramilitares de al menos 600 hombres hacen presencia en Riosucio, Bojayá, Bahía Solano, Vigía del Fuerte y Carmen del Darién.

Aunque la comunidad de Riosucio ha denunciado la presencia paramilitar en una zona del municipio conocida como San José de la Balsa desde hace más de dos décadas, las autoridades —aseguran los pobladores— han hecho poco por combatirla. Con los primeros pasos dados hacia la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc, el frente 57 de esta guerrilla se movilizó al punto de concentración de las Brisas (Riosucio) y la comunidad reclama que ahora quienes ejercen el control son los paras. Así lo confirmaron a El Espectador cuatro líderes de ese municipio chocoano que viajaron a Bogotá para denunciar los hechos ante diferentes entidades estatales y catalogaron la situación como “insostenible”. Pidieron que sus nombres no fueran revelados: la situación está demasiado delicada como para darse el lujo de hacer denuncias con nombre propio.

Según lo relatado por los líderes, desde 2015 la presencia de paramilitares viene en aumento. Pero sólo desde el pasado 24 de enero los paras, que operan bajo el rótulo de Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), tienen sitiados y amenazados a los habitantes de los cinco municipios mencionados. Alias Fredy, quien es identificado por los habitantes de Riosucio como el jefe político de los paras, entró junto con 60 hombres armados y de camuflado pidiendo a los ‎habitantes de Riosucio que se mantuvieran neutrales para que no sufrieran en caso de que se presentaran enfrentamientos armados. Los reportes que reciben los cuatros líderes desde su territorio es que los hombres hacen presencia de manera intermitente en el caserío Bijao-Cacarica.

Fue en ese mismo caserío de Riosucio donde, según se registró ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), hace 20 años hombres del bloque Élmer Cárdenas de las autodefensas, al mando de Freddy Rendón Herrera, alias el Alemán, desplazaron de manera forzada a 3.500 personas en colaboración con el Ejército. La Corte, además de manifestar que las comunidades negras fueron despojadas de sus tierras de forma ilegal, condenó al Estado por no haber protegido a la población local. En julio de 2015, luego de haberse sometido a la Ley de Justicia y Paz en febrero de 2007 y de haber cumplido ocho años de prisión, Rendón Herrera recuperó su libertad.

Otro de los hechos de la operación Génesis por los que la Corte IDH condenó al Estado colombiano en 2013 fue el asesinato del campesino Marino López Mena. Uno de los líderes que viajaron a Bogotá a denunciar la actual presencia de las Autodefensas Gaitanistas fue, justamente, uno de los testigos de la muerte de López y narró lo ocurrido ante el Sistema Interamericano, donde contó cómo los paras decapitaron al campesino y jugaron fútbol con su cabeza frente a toda la comunidad. “El pasado 1º de febrero las AGC les regalaron a los niños balones de fútbol en Bijao y promovieron partidos entre las comunidades. Hemos sabido que tienen un listado con líderes a los que pretenden asesinar. Ellos advierten que no son los mismos paras de hace 20 años. Aún me duele recordar lo que le hicieron a Marino”, le contó el líder a este diario.

En 2012, el general (r) del Ejército Rito Alejo del Río, quien comandaba la operación Génesis, fue condenado a 25 años de prisión al ser hallado culpable de la ejecución del campesino chocoano Marino López. Si bien el Juzgado Octavo Especializado de Bogotá aceptó que Del Río no fue responsable directo del asesinato del campesino, la justicia no aceptó que en una zona tan militarizada como lo estaba Bijao-Cacarica en ese momento, el Ejército no tuviera conocimiento de la presencia de los paramilitares a pocos kilómetros de la Fuerza Pública. Además, los testimonios de varios líderes de las autodefensas ante la justicia, como H.H., Mancuso, el Alemán y Doble Cero, indicaron que en varias oportunidades se reunieron con el general (r) Del Río para preparar incursiones de manera conjunta.

Hace dos semanas, cuando para los pobladores de esta región del Chocó empezó a ser mucho más notorio el aumento del pie de fuerza paramilitar, un líder de Bojayá sostuvo una reunión en Quibdó con los altos mandos de la Fuerza Pública para reportar la presencia de los Gaitanistas en el departamento. El Espectador habló con el general Mauricio Moreno Rodríguez, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán del Ejército, que opera en el Bajo Atrato, y supo que el Ejército también está preocupado por estas denuncias. El general Moreno respondió que “se intensificarán las acciones de inteligencia para determinar quiénes son estos grupos al margen de la ley, para no permitir su avanzada en el territorio”.

Ante la frágil situación de orden público que se vive en zonas como Belén de Bajirá, Riosucio, Bahía Solano, Carmen del Darién y Bojayá, el comandante de la Séptima División, general Jorge Salgado, anunció el pasado 8 de febrero que ya se dio la orden de trasladar más tropas hacia la región del Bajo Atrato. Unos 4.000 hombres fueron enviados. Asimismo se ordenó ubicar a uniformados en puntos estratégicos para evitar que grupos armados ilegales establezcan corredores de movilidad en esos municipios. En estas misiones, el Ejército tendrá el respaldo de la Fuerza Aérea, el CTI de la Fiscalía y la Policía, con el propósito de que el Eln y los reductos paramilitares no se asienten en las regiones que una vez ocupó las Farc.

La comunidad chocoana está a la expectativa de que esas decisiones militares tengan algún efecto en su vida diaria. Los pobladores dicen, además, que no entienden cómo el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo no ve lo que ellos sí: que los paramilitares están dominando de nuevo su región. Los habitantes de Bijao denunciaron el fin de semana pasado que un grupo de paramilitares entró a la zona humanitaria Nueva Esperanza en Dios preguntando, en tono amenazante, por sus líderes. Según ellos, a pesar del aumento de soldados, la Fuerza Pública sólo llegó ocho horas después de que se diera la voz de alerta. Dicen que los Gaitanistas operan con tal impunidad en Bijao que esta semana celebraron el cumpleaños de uno de sus líderes a plena luz del día.

La reactivación del paramilitarismo en Colombia ya es un hecho para muchas comunidades del país y se especula sobre el fortalecimiento de las estructuras de los gaitanistas. Aunque el Alemán dice que no está dispuesto a volver a la guerra y que ahora se dedica a prattcticar deportes extremos —incluso sufrió un accidente el año pasado realizando ciclomontañismo—, las autoridades no descartan del todo la posibilidad de que haga contactos con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Se trata, al fin y al cabo, de un grupo que fundó su hermano, Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, quien tiene una condena de 20 años de prisión en su contra y tres órdenes de extradición a Estados Unidos.

Esta región del Chocó donde hoy el paramilitarismo vuelve a emerger como una gran amenaza conoce bien la guerra. Y se resiste a volver a ella. Por ejemplo, Bojayá, que en el plebiscito para refrendar los acuerdos con las Farc en octubre pasado votó por el Sí casi de manera unánime. Semanas antes, las Farc le pidieron perdón a la población por la masacre que vivió ese municipio en mayo de 2002, cuando al menos 74 personas murieron por un cilindro bomba durante un enfrentamiento entre esa guerrilla y el bloque Élmer Cárdenas de las Auc. Ahora que la guerrilla ha prometido abandonar las armas, los chocoanos no quieren que resurja el fantasma del paramilitarismo y que la historia se repita.

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