:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/3ao3Ry5EfpQrZl0_4uXtfo7fKsg=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/3KCGE2OBTFGXHF2IISOXTE7GWM.jpg)
En Colombia se registran 158 casos de periodistas asesinados en razón de su oficio. En 28 de ellos se logró condenar a los autores materiales y en solo cuatro a los intelectuales. Los 126 restantes permanecen en la impunidad. El porcentaje de impunidad se agudiza al 96 % cuando tomamos casos de secuestros o agresiones, y ronda el 99 % en casos de amenazas contra periodistas.
Esta larga historia de intentos de censura a través de la violencia ha estado acompañada de promesas de casi todos los que han ocupado el cargo de fiscal general. Anuncios a los medios que atajan por lo general un escándalo, pero que no logran ser efectivos en la investigación, el esclarecimiento y la sanción de quienes quieren censurar a la prensa.
El 29 de agosto de 1996 el periodista Richard Vélez se encontraba cubriendo las marchas cocaleras en Caquetá. Registró con su cámara los abusos de los militares contra los manifestantes y por ello fue golpeado salvajemente por el Ejército, mientras le reclamaban la entrega de la cámara a la cual se aferró a costa de serias lesiones. Esa misma noche las imágenes fueron difundidas generando un escándalo importante.
Dos días después, el entonces fiscal Alfonso Valdivieso anunció que abriría una investigación para “establecer si fue la Fuerza Pública la que agredió al camarógrafo”. Por su parte, el ministro de Comunicaciones de la época, Saulo Arboleda, se comprometió ante los medios, y en nombre del presidente Samper, a que se conocerían “muy pronto” las conclusiones sobre las investigaciones ordenadas por el Gobierno para esclarecer los hechos. Sobra decir que la participación del Ejército en este caso no estaba en duda; el reto era constatar si las autoridades colombianas estaban dispuestas a sancionar a los agentes que participaron.
Tras los asesinatos de Jaime Garzón y Guzmán Quintero, en 1999, el fiscal Alfonso Gómez Méndez anunció la creación de la “subunidad” especializada en libertad de prensa en el interior de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, comprometiéndose, tras los casos más sonados, a impulsar las investigaciones.
(Lea: 19 años sin Jaime Garzón)
El 25 de mayo del 2000, la periodista Jineth Bedoya fue secuestrada en las inmediaciones de la cárcel Modelo de Bogotá, torturada y violentada sexualmente. Bedoya rindió su primera declaración en una clínica de Villavicencio. Días después recibió una llamada de Carlos Castaño, quien le leyó apartes de su declaración.
(Lea: Jineth Bedoya pide no revictimizar a las mujeres violadas sexualmente)
En enero del 2001, Claudia Gurisatti tuvo que salir del país de manera intempestiva. Las autoridades le alertaron de un plan de las Farc para asesinarla. En mayo del mismo año fue desactivado un carro bomba con 250 kg de dinamita en frente de las instalaciones del semanario Voz.
En el año 2003, delegados de la Sociedad Interamericana de Prensa sostuvieron una reunión con el fiscal Luis Camilo Osorio, quien se comprometió a avanzar en la investigación de casos de crímenes contra la prensa.
En diciembre del 2008, el fiscal Mario Iguarán remitió a todos los fiscales delegados un “instructivo básico para la investigación de crímenes contra la prensa”. En 2010, el jefe del ente investigador Mendoza Diago reconoció la frecuencia de las amenazas contra la prensa e indicó que obedecían “a la reacción de algún personaje, de esos políticos, asociados con organizaciones criminales, que resultan denunciados públicamente (por comunicadores) y entonces cometen el homicidio”.
El 9 de febrero de 2011, Día del Periodista, la fiscal Viviane Morales anunció el “fortalecimiento investigativo por amenazas a periodistas”. Y en 2012, la Fiscalía, paradójicamente, indicó que la subunidad de periodistas ya no existía.
En 2013, el fiscal Eduardo Montealegre salió al paso de una ola de amenazas a periodistas en Valledupar en fechas coincidentes con el atentado al periodista Ricardo Calderón, y convocó a un foro. Allí se comprometió a que la unidad de análisis y contexto estaría a cargo de la investigación de crímenes contra la prensa, asegurando que se tenían hipótesis sólidas para que estos casos no quedaran en la impunidad.
Ninguna de las promesas mencionadas brindó los resultados esperados y todos los casos citados permanecen impunes.
Los fiscales pasan, pero los efectos de la violencia contra la prensa permanecen y se profundizan con la impunidad. La falta de justicia se convierte en una autorización, una actitud permisiva, que deja claro a los violentos que atacar a la prensa no tiene consecuencias. La impunidad incentiva la repetición de las agresiones.
El sistema judicial no solo es ineficaz, también ha demostrado que confiar en él puede empeorar las cosas. El pasado 9 de octubre, Richard Vélez cumplió 21 años en el exilio. Se vio obligado al asilo político por la persecución y amenazas que sufrió al brindar declaraciones que podrían derivar en sanciones a los militares que lo golpearon. Las sanciones nunca llegaron y él no pudo seguir haciendo periodismo en Colombia. Solo encontró justicia en el año 2012, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por su caso.
La familia de Guillermo Cano optó por no tener representación judicial en la investigación por el asesinato del director de El Espectador. El abogado al que encomendaron esa misión también fue asesinado. En el caso de Orlando Sierra, al menos nueve testigos fueron asesinados. A Jineth Bedoya la han obligado a declarar en más de 11 ocasiones y terminaron enloqueciendo a un testigo clave a través de medicación e internándolo en un pabellón psiquiátrico del Inpec. La periodista Claudia Julieta Duque fue torturada psicológicamente por el DAS por descubrir el montaje que se había orquestado para ocultar a los verdaderos responsables del asesinato de Jaime Garzón. Las posibilidades de alcanzar justicia son remotas, pero la revictimización o la ocurrencia de nuevas violencias es algo casi seguro.
(Lea:La reunión que podría reabrir la investigación por el asesinato de Guillermo Cano en la CIDH)
En los últimos meses, algunas decisiones parecen indicar avances, pero son aun débiles para reconocer un cambio significativo en el panorama de impunidad. Hay sentencias tardías, como la condena a 30 años de prisión contra José Miguel Narváez por el asesinato de Jaime Garzón, decisión que se logró 19 años después del crimen. O sentencias oportunas, como la condena a 58 años al autor material del asesinato del periodista Luis Antonio Peralta en el año 2015. El apoyo de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y la determinación de la Fiscalía fueron fundamentales para lograr este resultado en un tiempo razonable, siendo esta la condena más significativa por el asesinato de un periodista.
(Lea: Impunidad en procesos por ataques a periodistas llega al 98.81%)
A Colombia le correspondió ser el primer país de las Américas condenado internacionalmente por el asesinato de un periodista. Ocurrió en junio de 2018, por la impunidad del crimen contra el periodista Nelson Carvajal. Y la justicia administrativa ha condenado a la nación a indemnizar a los familiares de Luis Carlos Cervantes y Edison Molina por la responsabilidad del Estado en sus asesinatos. En investigaciones hay avances importantes, como la acusación a la cúpula del Eln por el secuestro de Salud Hernández y tres periodistas más en el Catatumbo, que es estéril en tanto no haya captura.
El fiscal Néstor Humberto Martínez se comprometió a investigar con diligencia el secuestro y asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio. Después de siete meses se ha capturado a tres de los coautores de los crímenes y hay avances judiciales que se deberían traducir en condenas ejemplares a toda la cadena de responsabilidad.
Además, Martínez se comprometió recientemente a combatir la impunidad de las amenazas contra la prensa. De hecho, la Fiscalía allanó la casa desde la cual se amenazó a María Jimena Duzán, concluyó que las amenazas contra Katherine Leal provenían de un interno en la cárcel de Valledupar y logró identificar a quien amenazó a través de Twitter a los periodistas Daniel Samper Ospina, Julio César González (Matador) y María Antonia García.
Hay suficientes pruebas en este caso, pero aparece un nuevo obstáculo: los mensajes fueron publicados desde Cali, difundidos en internet, las víctimas estaban en dos ciudades distintas y el sistema judicial aún no sabe en qué lugar está el juez competente para conocer de este caso. La Corte Suprema deberá resolver este dilema; mientras tanto, corresponde esperar pacientemente.
(Le puede interesar: Crece impunidad contra asesinatos de periodistas en el mundo)
De las 183 amenazas contra periodistas registradas en lo corrido del 2018, 46 se han transmitido a través de internet. Si creíamos que lo difícil era identificar a los responsables, tenemos que asumir que nuestra justicia aún no tiene claro dónde se juzgan las amenazas a través de internet y redes sociales.
Hoy, 2 de noviembre, día internacional de la ONU para poner fin a la impunidad de los crímenes contra la prensa, nos corresponde reconocer que en Colombia la prensa sigue estando bajo amenaza y que el poder judicial tiene una deuda importante con el derecho a informar y ser informado. Al cierre de la gestión del fiscal Martínez evaluaremos si sus compromisos se cumplieron.
* Director ejecutivo de la Flip.