Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General radicó una solicitud para trasladar de Cali a Bogotá el proceso penal que se adelanta contra el exsenador de la República, Juan Carlos Martínez Sinisterra por su presunta participación en el delito de enriquecimiento ilícito.
En su argumentación, el ente investigador aseguró que el excongresista, quien se encuentra cobijado con medida de aseguramiento por otros dos procesos que se le adelantan, tiene un gran poder político en el departamento del Valle del Cauca por lo que se podría afectar la investigación.
"Es una persona con gran influencia política en el Valle, contando con aliados en lo judicial en lo judiical en los órganos de control", precisa uno de los apartes de la solicitud de la Fiscalía General en la cual se hacen anotaciones sobre las pruebas recolectadas en el marco de la investigación y que dejan entrever el poder político de Martínez Sinisterra.
En este punto se asegura que un exfiscal, quien ahora funge como procurador delegado ´para la vigilancia electoral, lo estaba ayudando a conseguir una serie de beneficios jurídicos y procesales. Este funcionario, tendría una gran cercanía con el exsenador, y le habría colaborado con diferentes trámites.
"Otro procurador, al parecer amigo del defensor, le colaboraría con una juez de ejecución de penas en lo referente a la ejecución de la sentencia, aun cuando se dice que la misma no aceptaría por el escándalo que le generaría", señala la petición que indica que este tipo de acciones afectaría la investigación que se adelanta.
En otro de los apartes se asegura que un director del CTI interfirió en el proceso de allanamiento a la vivienda del excongresista pese a que existía una orden para su captura. El funcionario, según la denuncia, habría asegurado que dicha orden quedaría suspendida y que él trabajaría en una entrega a la justicia de Martínez cuando cumplió la condena por el delito de concierto para delinquir agravado (parapolítica).
"Tiene la capacidad de movilizar a una gran cantidad de personas", señala la petición al hacer referencia expresa a una comunicación que sostuvo con una amiga el 27 de junio de 2012 en la cual "ordena convocar a un grupo de 2.000 a 3.000 personas alrededor de su casa", todo esto basándose en los amplios recursos económicos.
"Hace referencia a sumas millonarias para apoyos electorales ilegales", concluye la petición que fue rechazada por el alto tribunal al considerar que pese a estos señalamientos no se allegó una prueba que permitiera verificar el dicho de lo ahí expuesto. "Se contrae en simples afirmaciones carentes de respaldo probatorio".
Martínez Sinisterra se encuentra privado de su libertad en la cárcel La Picota de Bogotá y en su contra cursan dos procesos penales por narcotráfico y las irregularidades que rodearon las elecciones atípicas para Gobernador en el Valle del Cauca en el 2012.