El fantasma que la ronda es una presunta inhabilidad que se evidencia a gritos por haber renunciado muy tarde a su cargo como jefa de la Oficina Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge, CVS.
Es tal el lío jurídico que en las últimas horas el Tribunal Administrativo de Córdoba ordenó la suspensión provisional del acuerdo 02 del 18 de febrero de este año, que la declaró electa, pese a que en repetidas ocasiones varios cordobeses alertaron, a través de una acción popular, a las autoridades electorales sobre esta presunta inhabilidad.
Sáenz se posesionó en la CVS el 3 de enero de 2007 y renunció el 25 de abril del mismo año para ser la candidata oficial del Partido Liberal a la Gobernación de Córdoba. Sin embargo, uno de los requisitos para aspirar a cargos de elección popular obliga a que un año antes de las elecciones no se ocupe un puesto público en el que haya ejercido poder, autoridad política y manejo de personal.
Por eso, el que haya permanecido como jefa de la Oficina Administrativa y Financiera de la CVS, cuatro meses antes de las elecciones del 28 de octubre pasado, la inhabilitaría, de acuerdo con el articulo 30 de la Ley 617 de 2000. El mismo Manual de Funciones de su cargo evidencia que tenía manejo de presupuesto y de personal. Incluso, el director de CVS, Élder Oyola, a través de la resolución 1.1019 del 30 de enero de 2007, delega en Sáenz la facultad de ordenar pagos y suscribir cheques girados.
El Espectador tuvo acceso a varios cheques firmados por la señora Sáenz, que establecen que sí hizo pagos desde su cargo. Uno de ellos es por $5’552.732 a nombre de Carlos Alberto Cortés Valero, cheque número 3416335 del Banco Agrario de Colombia.
Pese a las evidencias, el 29 de enero de este año el Juzgado Tercero de Montería, que meses antes había decretado medida cautelar para que Sáenz no recibiera la credencial, ordenó la nulidad del proceso y notificó al Consejo Electoral —CNE— la decisión, sin dar la posibilidad de que los demandantes apelaran.
El 18 de febrero, el CNE le entregó la credencial. Pero la Red de Veedores y Veedurías Ciudadanas de Colombia —Ver— instauró una tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que a su vez profirió una medida provisional para suspenderla del cargo. Y el 26 de marzo le pidió un informe al Consejo Electoral solicitando explicaciones por haber entregado la credencial sin considerar la presunta inhabilidad.
En el alto Gobierno hay mucha preocupación. El ministro del Interior, Carlos Holguín, aún no tiene claro si el acuerdo 02, que declaró electa a Marta Sáenz Correa, está vigente. Por eso, a través de una comunicación del 25 de marzo, le pidió al CNE hacer claridad.
En diálogo con El Espectador, Sáenz reconoció que sí firmó cheques pero dijo que nunca fue ordenadora de gasto. “Ese no es un argumento para declarar mi inhabilidad. Renuncié a seis meses de las elecciones porque en las funciones establecidas en el Manual de Funciones de la Corporación yo no ejecutaba autoridad administrativa ni fui ordenadora de gasto”.
Por ahora, Córdoba sigue siendo protagonista del ranking colombiano de más gobernadores en el menor tiempo. En Cuatro años, lleva nueve.