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El caso 003 de la Jurisdicción Especial para la Paz son las muertes de civiles cometidas por integrantes de la Fuerza Pública para ser presentadas como bajas, conocidos públicamente como "falsos positivos" o ejecuciones extrajudiciales. La JEP priorizó las muertes ilegítimas de civiles luego de recibir de la Fiscalía de Colombia un informe que identifica 2.248 víctimas entre 1988 y 2014 y que dice que el fenómeno se disparó en 2002 y su etapa más crítica se evidenció entre 2006 y 2008. En el marco de sus pesquisas, la JEP está solicitando información reservada al Ministerio de Defensa.
La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP requirió al Ministerio información "sobre organización, jurisdicción, funcionamiento y resultados operacionales de la Primera, Segunda, Cuarta y Séptimas Divisiones del Ejército Nacional". En concreto, pidió que se entreguen los resultados operacionales que hubo entre el 2000 y el 2016, especificando el tipo de resultado, lugar, fecha, unidad que lo reporta y los nombres de las personas reportadas como muertes en combate, capturas y desmovilizaciones.
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Igualmente, pidió que se entreguen los documentos sobre la creación, modificación y asignación de jurisdicciones de unidades, Comando Conjuntos, Fuerzas de Tarea y comandos operativos entre 1983 y 2016. Así como los estados mayores de divisiones y brigadas y de batallones entre 2000 y 2010 y los manuales y reglamentos de operaciones de combate y de inteligencia entre 1983 y 2016.
Además, solicitó los planes de operaciones de la Brigada Móvil 15, y las Brigadas 2, 10, 4, 30, 5, 16, 17 y 7 del Ejército Nacional. La JEP solicitó igualmente a la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar entregar el detalle de todas las investigaciones que adelanta por muertes en combate, detallando el estado de la investigación, el nombre de la persona investigada, su rango, unidad a la que está adscrita, el nombre de la persona muerta en combate, fecha y lugar de ocurrencia del hecho.
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De acuerdo con el informe que entregó la Fiscalía a la JEP el blanco de este fenómeno fueron personas en condición de vulnerabilidad. Respecto a las labores de las víctimas, el 45 % eran campesinos, y el 30 % trabajadores informales. A esas condiciones, que fueron determinantes para priorizar este caso, la JEP tuvo en cuenta que al menos 41 víctimas pertenecían a comunidades indígenas, concretamente a los pueblos kankuamo, wiwa y wayúu.
Los datos de la Secretaría Ejecutiva y la Fiscalía permiten además focalizar las divisiones que incurrieron con mayor frecuencia en esta práctica. Se señala que en la Primera, Segunda, Cuarta, Quinta y Séptima se concentró el 60 % de los falsos positivos, en los que se involucran “personas con posiciones de mando y alto rango en la organización militar que pudieron haber tenido un rol determinante”, según indica el auto de apertura del caso.
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De hecho, la Fiscalía asegura que hay cerca de 2.100 procesos judiciales por ejecuciones extrajudiciales en los cuales se investigan las conductas de oficiales (activos o en retiro) que alcanzaron los grados de coronel y general