La JEP se quedó sin secretario ejecutivo: renunció Néstor Raúl Correa

El alto funcionario había estado a cargo de esta oficina desde septiembre de 2016. Su renuncia se da tres semanas después de haber pedido medidas cautelares sobre los archivos de inteligencia y contrainteligencia del DAS.

Néstor Raúl Correa llegó a la Secretaría Ejecutiva de la JEP a principios de 2017. Archivo El Espectador

Néstor Raúl Correa, el hombre que manejaba los recursos y el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) desde septiembre de 2016 de manera provisional y desde enero de 2017 de manera oficial, no va más. Aunque la oficina de prensa de la JEP señala que no ha recibido información al respecto todavía, fuentes cercanas a la JEP le acaban de confirmar a El Espectador que Correa presentó su renuncia. 

Correa se encontraba en una posición incómoda por dos razones, principalmente. La primera tenía que ver con el manejo de los recursos de la cooperación internacional, que son los que financian el funcionamiento de la JEP. Según divulgó el diario El Tiempo, los gobiernos de Noruega, Suiza y Suecia le solicitaron recientemente al Ministerio de Hacienda una reunión extraordinaria para exigir claridad sobre la manera en que sus recursos han sido invertidos en proyectos del posconflicto, entre los cuales se cuenta la JEP.

Internamente, a Correa también habían empezado a cuestionarlo por la manera como venía administrando los recursos de la JEP, tema que se volvió un poco más complejo cuando W Radio reveló que él había alquilado vehículos para los magistrados por el mismo valor que hubiera costado comprarlos. De hecho, hace menos de una hora, la JEP publicó un tuit que decía: 

 

 

En la información divulgada por la sala de prensa de la JEP, Correa explica que el alquiler de los carros se hizo de manera concertada con el Ministerio de Hacienda, y que "la compra de vehículos está expresamente prohibida en el artículo 83 de la Ley 1873 de 2017, que hace relación a las medidas de austeridad. Otra igualmente importante es que no existía ni existe aún una disposición legal que incluya a los funcionarios de la JEP entre aquellos que por razón de su cargo deban contar con esquemas de seguridad predeterminados". 

Pero dentro de los órganos de la JEP había más de uno insatisfecho con su trabajo como gerente. Una fuente de alta credibilidad le dijo a este diario sobre Correa: "No tenía capacidad gerencial; era desorganizado; cuando llegamos no había puestos de trabajo ni computadores; cuando llegaron los equipos de trabajo de los magistrados no tenían computadores, correos electronicos, no había lineas telefónicas; le decíamos una cosa, hacia otra; los procesos administrativos eran lentos". 

La segunda razón por la cual Néstor Raúl Correa estaba en una posición incómoda era la solicitud de los archivos de inteligencia y contrainteligencia del DAS. Tal como lo reveló El Espectador el pasado 20 de marzo, Correa ordenó medidas cautelares anticipadas sobre esos archivos "con el fin de preservar documentos relacionados con el conflicto armado". Correa justificó su decisión recordando las leyes nacionales o pronunciamientos internacionales que hablan de la necesidad imperiosa de preservar archivos relacionados con violaciones a los derechos humanos. 

Aunque el funcionario explicó también por qué legalmente tenía la facultad de tomar esa decisión, en cuestión de días los demás organismos del Estado reviraron. Ni la Fiscalía ni la Procuraduría quisieron hacer caso a su solicitud, alegando que solo un juez de la República podía darles esa orden. Y lo peor: ni siquiera la presidenta de la JEP, la magistrada Patricia Linares, apoyó su petición. En ese momento, la fractura entre la Correa y la cabeza judicial de la JEP se hizo más que evidente. 

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