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Para este viernes 14 de julio, a las 8:15 a.m., en el Tribunal Superior de Bogotá, está programada la audiencia virtual de imputación de cargos contra quien, hasta el 27 de junio de este año, fue el jefe anticorrupción de la Fiscalía: Gustavo Moreno Rivera. Su abogado defensor, Francisco Bernate, ha asegurado que Moreno aceptará el delito que le van a imputar, concusión, que significa buscar un lucro personal a través de las actividades que se ejercen como funcionario público. En hechos: que Moreno le pidió más de $500 millones al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons por realizar acciones desde su cargo como fiscal para favorecerlo en las investigaciones que cursan en su contra.
Moreno está interesado en que su extradición se agilice. En Estados Unidos, su suerte estará en manos de la jueza federal Chris McAliley y los fiscales Juan Antonio González Jr. y Lynn M. Kirkpatrick. McAliley, a cargo de la Corte del Distrito Sur de la Florida, que opera en Miami, entró a la Rama Judicial de ese país en 1985, como asistente de un juez, y tiene un doctorado en derecho de la Universidad de Nueva York. Moreno afrontará el cargo de conspiración para lavar activos, un tema que McAliley ya ha manejado. Por ejemplo, ella fue la primera jueza que tuvo a su cargo el proceso contra Yankel Rosenthal, un poderoso empresario hondureño que sigue en juicio por blanqueo de recursos del narcotráfico.
Juan Antonio González Jr., abogado de la Universidad de Miami, lidera el equipo en nombre del Departamento de Justicia y lleva 26 años trabajando como funcionario judicial. Fue el fiscal que manejó el caso de una red de lavado de dinero en 2010, que terminó sacudiendo al propio Hugo Chávez. En el proceso que estaban involucradas 15 personas, la mayoría venezolanas, que ocultaban plata del narcotráfico en bancos estadounidenses o con intermediarios de Venezuela para cambiarlos por bolívares, y Chávez, al enterarse, acusó al gobierno de Estados Unidos de estar fabricando un expediente en su contra para ordenar su captura, que no ocurrió.
Por último está Lynn M. Kirkpatrick, quien hace parte del equipo de uno de los casos más importantes para la justicia estadounidense en relación con México: el proceso de Joaquín Chapo Guzmán. Este narcotraficante mexicano, quien se escapó de la cárcel de máxima seguridad en la que estaba recluido en julio de 2015 —una fuga cinematográfica que incluyó la construcción de un túnel que llegaba a su ducha—, llegó extraditado a EE. UU. el 19 de enero de este año y Kirkpatrick es una de los 11 funcionarios judiciales que armaron este complejo expediente, en el cual también hubo aportes de las autoridades colombianas.
Ese es, brevemente, el equipo que la justicia estadounidense designó para manejar el caso del exfiscal Gustavo Moreno y de Leonardo Pinilla, quien, al parecer, hizo las gestiones para que el mensaje de Moreno llegara efectivamente a oídos del exgobernador Alejandro Lyons: dinero a cambio de impunidad. La audiencia de imputación de cargos de Pinilla era ayer, pero el fiscal del caso notificó que Pinilla se negó a subirse al vehículo que envió el Inpec para trasladarlo a los juzgados de Paloquemao, en el centro de Bogotá. La audiencia quedó de nuevo programada para el próximo 26 de julio y la Fiscalía le solicitó al juez del caso procesarlo aun si Pinilla no está presente.
Gustavo Moreno, por su parte, aunque todavía no ha tenido la audiencia de imputación, ya aceptó cargos. En una carta que los medios divulgaron el 1º de julio pasado, tres días después de haber sido detenido en su propia oficina, Moreno pidió perdón a sus compañeros de la Fiscalía y, en especial, a su madre, su hija y su esposa, Carolina Rico, quien corre el riesgo de quedar involucrada en este asunto pues a ella le encontraron billetes de los que Lyons le entregó a Moreno y que en realidad eran parte de una trampa tendida por la DEA para el exfiscal. “Sencillamente caí, me equivoqué y debo asumir las consecuencias de este grave error”.
El gran lío judicial que afronta Moreno empezó en mayo de este año, cuando la DEA y la Fiscalía se enteraron de que el entonces fiscal le exigía dinero a Lyons a cambio de favorecerlo, “cargando de trabajo” a los fiscales de su unidad que trabajaban en ese caso, para que así el expediente no avanzara. Le ofreció, y hasta parece que alcanzó a entregarle, declaraciones de testigos que habían hablado en su contra. Pero Lyons, en vez de ceder, buscó a la DEA —está en Miami desde abril pasado— y encontró un posible camino para evadir a la justicia colombiana, en donde aún lo espera la imputación de 20 cargos en su contra por un posible desfalco al erario mientras era gobernador.
Desde entonces, Moreno estuvo detenido primero en el búnker de la Fiscalía y luego en La Picota. En su carta aseguró: “Ante las autoridades explicaré las razones de este fatídico encuentro (con Lyons). Voy a colaborar con la justicia norteamericana y la justicia colombiana”. Desde que fue detenido, las autoridades están revisando su patrimonio, escudriñando en todos los procesos que tenía la Dirección Anticorrupción de la Fiscalía para establecer si hubo más “torcidos”, considerando si su esposa también debería ser investigada y cumpliendo con los requisitos para que su extradición se dé en el menor tiempo posible.