La libertad condicionada del coronel (r) que se alió con “Cuchillo”

Los paramilitares de los Llanos Orientales entregaban a esa unidad militar víctimas para que fueran ejecutadas extrajudicialmente. / Archivo

El 10 de diciembre de 2006, Mauricio Álvarez Aza llamó por última vez a su abuela. Dijo que se iba a trabajar con un patrón a una finca y que, cuando ya estuviera bien ubicado, volvía a llamar. Nunca lo hizo. En realidad, fue engañado por tropas del Batallón de infantería N.° 43 del Ejército en Villavicencio (Meta). Fue trasladado, junto con Jhon Jairo Rodríguez, hasta un sector conocido como La Catorce en Cumaribo (Vichada), en donde ambos fueron ejecutados extrajudicialmente cinco días después. Ese batallón lo lideraba para la época el coronel Óscar Orlando Gómez Cifuentes, quien fue condenado en mayo del año pasado a 37 años y medio de cárcel por este crimen, en una sentencia que, además, develó que como alto mando militar, se alió con los paramilitares al mando de Pedro Oliverio Guerrero, alias Cuchillo. Hoy, está en libertad condicionada.

Así se lo confirmó a este diario la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ante la cual el coronel se sometió desde el 15 de marzo de 2018. Según la información, al oficial se le pidió que suscribiera el acta de sometimiento (cosa que sucedió el 11 de febrero de 2019) y que presentara un “compromiso claro, concreto y programado de aportes a la verdad” para mantener la libertad transitoria y condicionada, lo que ya hizo. Su caso es una radiografía de la forma como tropas del Ejército se valieron de organizaciones criminales para presentar resultados operacionales. Así lo dijo, por ejemplo, el juez promiscuo de Puerto Carreño que lo condenó en 2019, pues en medio de las pesquisas, la Fiscalía recopiló testimonios que indicaron que el coronel Gómez cobraba $600.000 mensuales a “Los Macacos” y $700.000 a “Los Cuchillos” para que pudieran dedicarse al narcotráfico libremente .

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También se probó que el oficial sostuvo reuniones con Pedro Oliverio Guerrero, alias Cuchillo, el temido jefe del Ejército Revolucionario Popular Anticomunista (Erpac), que se fundó después de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia. En ellas se concretaban ejecuciones extrajudiciales. Un testigo dijo, por ejemplo, que en una ocasión el subteniente Édgar Erazo sacó un portátil en donde mostró las coordenadas de donde se iba a hacer un trabajo y mover gente. “Dos días después (para abril o mayo de 2007) les dieron dos positivos en el sector conocido como Sardinas en Cumaribo (…) Óscar Gómez Cifuentes emitía órdenes ilegítimas de atentar incluso contra la población civil, so pretexto de obtener resultados operacionales”, dice la sentencia que lo condenó.

Su nombre saltó a la luz, también, porque el 4 de noviembre de 2007 se reportó la baja de Dumar Jesús Guerrero Castillo, alias Carecuchillo, hermano de alias Cuchillo, en un supuesto combate con el Erpac. Luego se supo que todo había sido una parafernalia para fingir su muerte (había indicios de la participación de Gómez Cifuentes), el 20 de mayo de 2008 se entregó a las autoridades. Al encontrar al oficial responsable de la ejecución de Mauricio Álvarez Aza y Jhon Jairo Rodríguez, la justicia acreditó que a las víctimas las consideraban las tropas “regalitos”, a fin de cumplir con las exigencias que les hacía el coronel Gómez Cifuentes y recibir beneficios a cambio. No solo en estos dos casos, sino en varios más, en los que las víctimas eran trasladadas en una camioneta blanca al servicio de la institución. Incluso, entre 2006 y 2007, hubo víctimas entregadas por los paramilitares.

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“Este hecho es concordante con las alianzas criminales entre el coronel Gómez Cifuentes y miembros de algunos grupos ilegales que delinquían en la región, como las bandas “Los Macacos”, después de “Los Cuchillos”, que desplegaban un accionar ilícito conjunto en toda la región sobre la cual tenían claro dominio militar para el control del negocio del tráfico de drogas, tráfico de armas, cobro de extorsiones, entre otros, y que las tropas recibían en contraprestación pago de una nómina paralela. “De ello tenía conocimiento en general la tropa del Batallón”, dice la sentencia en contra del oficial. El 30 de octubre de 2017, el coronel Gómez Cifuentes fue enviado de regreso a Colombia, deportado por Estados Unidos, país al que ingresó en 2014 y en el que se quedó más tiempo del legalmente permitido.

Para el abogado Ómar Laiton Cortés, de la Corporación Colectivo de Abogados Opción Jurídica, quien representa a las víctimas, resulta paradójico que el coronel Óscar Orlando Gómez Cifuentes esté libre y que la misma justicia especial les haya certificado —en un derecho de petición, fechado el 28 de enero de 2020— que el caso de Mauricio Álvarez, un hombre que ganaba la vida como conductor, no está priorizado. Por este caso también están investigados el teniente Edgar Erazo Londoño, el cabo tercero Gilberto Castañeda Pava y los solados Rubén Ramírez Álvarez, César Alberto Restrepo, Arndulo Rativa Ovalle, Leonardo Quiroga Sánchez y Jhon Fredy Quirama Grajales, este último, testigo estrella para develar las alianzas con los paramilitares y quien no registra sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz.

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“Los hechos que motivan la petición tienen relación con una unidad militar (Batallón de Infantería No. 43) cuyo estudio no se ha priorizado, por lo que aún no son objeto de la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR). En consonancia con lo anterior, a la fecha, la muerte del señor Mauricio Álvarez no está siendo investigada”, dice el documento firmado por el magistrado Alejandro Ramelli, quien dejó en claro que no es que dicho batallón no vaya a ser objeto de investigación, pues es posible que en el futuro así sea. Por ahora, dentro del macro caso 003 que lleva la JEP (el de falsos positivos), hay seis unidades militares priorizadas: el Batallón La Popa de la Primera División, la Brigada Móvil 15 de la Segunda; el Gaula Casanare y el Batallón de infantería N.° 21 de la Cuarta; el Batallón de artillería Número 4 de la Séptima y el Batallón de infantería N.° 27 en Huila.

Para el abogado Laiton Cortés, es contrario a los derechos de las víctimas que la Fiscalía aún no haya realizado las exhumaciones del cadáver de la víctima para que sean entregados a sus familiares, pues, aunque se sabe que está en el camposanto de Cumaribo, ninguna autoridad les da razón. “Nunca hemos tenido respuesta alguna de que está en tal fosa. Nada. Los engañaron, les dispararon y les plantaron un arma y unas granadas. Los identificaron, pero a pesar de eso, nunca nos dijeron. Nos enteramos hace aproximadamente un año”, relató Deyanira  Murcia, sobrina de Mauricio Álvarez Aza, quien tuvo que empezar a enfrentar esta lucha judicial desde muy joven. "Queremos recuperar el cadáver. Tenemos derecho como familia a tener un luto, a tener un cuerpo y no esta incertidumbre".

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