La lucha de 36 familias desplazadas para que el Estado les restituyera sus tierras

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En 2016 el Tribunal Superior de Antioquia ordenó que las familias restituidas recibieran subsidios de vivienda en un plazo de un mes, pero pasaron cuatro años para que estas víctimas de la violencia pudieran volver a su territorio en condiciones dignas.

El 7 de junio de 1999 llegaron a Salaminita (municipio de Pivijay, Magdalena) cerca de 30 paramilitares del frente Pivijay. Citaron a toda la comunidad y asesinaron a la inspectora de Policía, María del Rosario Hernández, y a dos jóvenes, Óscar Barrios y Carlos Cantillo. Luego les dieron algunas horas al resto para irse. El 8 y 9 de junio comenzó el éxodo de más de 50 familias, la mayoría hacia los cascos urbanos de Fundación y Pivijay.

Los paramilitares del Bloque Norte de las AUC arrasaron el pueblo. Con un bulldozer destruyeron y demolieron las viviendas y construcciones que conformaban el centro poblado de Salamita. Estos hechos dejaron en ruinas el corregimiento. Las familias con lo poco que pudieron cargar, salieron de la zona y se convirtieron en víctimas del desplazamiento forzado, pero ni la violencia desmedida y cruda del país logró apagarles la esperanza de volver a su territorio. La lucha ha sido larga, pero un nuevo grupo de familias ganó la batalla.

Hace más de tres años que la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia les reconoció el derecho a la restitución de tierras a 36 familias del centro poblado de Salaminita que se encontraban en situación de desplazamiento desde 1999. En esa sentencia de 2016, el Tribunal ordenó postular de manera prioritaria a los beneficiarios de la restitución en los programas de subsidio de vivienda para la construcción de viviendas nuevas, como garantía de reparación integral. Parecía que empezaba a hacerse justicia. (Lea también: La tierra despojada de Salaminita volvió a manos campesinas)

Pero, aunque la orden daba el plazo de un mes para que la Unidad de Restitución de Tierras realizara la postulación de las familias, pasaron casi cuatro años para que los beneficiarios de la sentencia vieran materializado su derecho a la vivienda digna. Hubo varios tropiezos en el camino. Para empezar, no era posible que el Banco Agrario otorgara subsidios para la reconstrucción de viviendas porque el centro poblado de Salaminita se constituía como zona urbana y no rural.

Ante esta barrera, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) acudió a la Sala Civil de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena la cual, finalmente, le ordenó al Ministerio de Vivienda otorgar los subsidios a los solicitantes para la reconstrucción de sus viviendas. Sin embargo, aunque mediaba una orden judicial directa, otro obstáculo se abrió paso. Según el ministerio, era “imposible legalmente” otorgar esos subsidios porque 27 de los 36 solicitantes ya habían sido beneficiarios de subsidios de vivienda con anterioridad a la sentencia (de 2016) que ordenaba la restitución de tierras.

Nuevamente, la CCJ se dio a la tarea acudió a los estrados judiciales en busca de revindicar los derechos de estas familias y, finalmente, el pasado 17 de septiembre, el Tribunal Superior de Cartagena le ordenó al Ministerio de Vivienda cumplir la orden de subsidiar a estas familias, sin dilación alguna. Al día siguiente, la entidad estatal acató la orden de asignar la totalidad de subsidios de vivienda de interés social urbano a favor de las familias restituidas y, al fin, estas personas tienen la oportunidad de volver al territorio donde crecieron y planearon su proyecto de vida, en condiciones dignas. (Le puede interesar: Salaminita, el pueblo que renace a paso lento)

“En medio de la celebración por este avance, desde la Comisión Colombiana de Juristas hacemos un llamado urgente a las otras entidades regionales y nacionales a las que se asignaron órdenes en la sentencia del 16 de diciembre de 2016 para que asuman el compromiso de acatarlas, en aras de materializar el enfoque transformador del derecho a la restitución de tierras”, indicó la CCJ a través de un comunicado público. Estas familias se suman a otras, que durante años han librado un espinoso y largo camino como víctimas de conflicto para que les devuelvan la tierra que la violencia les arrebató.

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