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“A Colombia le preocupa enormemente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haga requerimientos basándose en simple información de prensa, sin aportar ninguna valoración de pruebas (…) uno no puede iniciar contra un Estado una critica sin tener las pruebas suficientes”. Así respondió el abogado Camilo Gómez Alzate, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), a las peticiones que elevó la Comisión de la Verdad ante el organismo internacional porque, supuestamente, entidades del Estado no estarían aportando información suficiente para el esclarecimiento de crímenes en el marco del conflicto armado.
En contexto: Comisión de la Verdad pide a la CIDH que exhorte al Estado a entregarle información.
En la conferencia de prensa convocada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que se dio en menos de 24 horas de la audiencia protagonizada por la Comisión de la Verdad, Gómez hizo un reclamo a la Comisión Interamericana: que debería respetar el principio de subsidiaridad. Esto significa, según su concepto, que el organismo internacional no tendría competencia en asuntos que deben resolverse entre las mismas instituciones en conflicto a nivel interno. “Tienen una preocupación por intervenir apresuradamente en procesos internos de un Estado (…) No tiene función paralela aquí”, agregó Gómez Alzate.
Las duras respuestas del Gobierno son sobre el rol del organismo internacional y en contra Alejandro Valencia y Francisco José de Roux, funcionarios de la Comisión de la Verdad en Colombia, un organismo que nació con la firma del Acuerdo de Paz de 2016 y cuyo objetivo es dar luces sobre lo ocurrido en el marco del conflicto armado con la extinta guerrilla de las Farc. De acuerdo con las denuncias de Valencia y de de Roux, ante la CIDH, la Comisión de la Verdad no ha podido acceder a información de entidades oficiales e, incluso, ha recibido comunicaciones negativas de la Policía, las Fuerzas Militares, el ministerio de Justicia, el Instituto Nacional de Medicina Legal y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
“Hemos tenido mayores dificultades con las Fuerzas Militares, y se genera mayor resistencia cuando indagamos sobre hechos puntuales, sensibles, sobre los cuales hay denuncias que implican a la fuerza pública, como son algunos casos de masacres. No sucede lo mismo cuando la información solicitada es más genérica”, explicó Alejandro Valencia ante la CIDH. El funcionario aseguró que, por ejemplo, la Armada les ha negado acceso a inventarios documentales a cargo de la jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia, con la excusa de que se trata de documentos amparados por reserva legal.
A la Comisión de la Verdad le restan 11 meses para presentar su informe final, sobre los elementos que ha podido recoger durante tres años que ha trabajado dentro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). En vista de las presuntas dilaciones y bloqueos que ha recibido por parte de entidades estatales, el comisionado Alejandro Valencia pidió a la Comisión Interamericana que reconozca la labor e importancia del despacho frente a los derechos de las víctimas: “Que la CIDH requiera al Estado para que presente, antes de marzo de 2021, un informe detallado sobre el estado de las peticiones elevadas por la Comisión de la Verdad relacionadas con el acceso a información y, en cualquier caso, presentar la justificación para la negativa de entrega de esta”.
Durante la audiencia, la comisionada Esmeralda Arosemena, del organismo internacional, denunció la violencia que vienen sufriendo los líderes sociales y defensores de derechos humanos, de quienes, según sus palabras, se esperaba un mejor panorama tras la firma de los Acuerdos de Paz. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo que va corrido del año han asesinado a 287. Así mismo, Arosemena lamentó la ausencia del Gobierno, que no se presentó a la audiencia de ayer 8 de diciembre y, por tanto, habría evitado darle la cara a cuestionamientos relacionados con el funcionamiento de la Comisión de la Verdad.
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Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, por su parte, agregó que en Colombia existen barreras para que la Comisión de la Verdad ejerza sus funciones, lo que podría condenar a las generaciones siguientes a continuar padeciendo la violencia del conflicto armado. “La ausencia del Gobierno colombiano en esta reunión, para mí, es poner en evidencia la verdad política que nosotros estamos viviendo en el país”, agregó Francisco de Roux, presidente del organismo que busca esclarecer lo sucedido en más de medio siglo de guerra interna.
Camilo Gómez Álzate, como representante del Gobierno, aseguró que Colombia no se va a retirar del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como lo hizo Venezuela en 2013. “La Comisión y la Corte lamentablemente degeneraron. Se creen un poder supranacional, se creen un poder por encima de gobiernos legítimos del continente”, explicó el presidente Nicolás Maduro en su momento. Sin embargo, el Gobierno colombiano asegura que se siente tratados de forma ”asimétrica” por parte de la CIDH e, incluso, creen que las recomendaciones y estrategias propuestas por la institución son, muchas veces, imposibles de realizar.