La mutación del derecho en Colombia: una mirada al caso de Stella Conto (Análisis)

El abogado y profesor de Derecho Público, David Andrés Murillo Cruz, analizó una reciente decisión de la Corte Constitucional en la que ordenó una reparación a favor de la exconsejera de Estado, luego de enfrentar violencia psicológica y económica de parte de su exesposo.

La Corte Constitucional le dio la razón a la exmagistrada Stella Conto frente a su pedido de ser indemnizada por el maltrato psicológico del que fue víctima por parte de su pareja. Gustavo Torrijos-El Espectador

La semana pasada mediante el Comunicado de Prensa No. 9 del 25 de febrero de 2020, la Corte Constitucional dándole publicidad a la parte resolutiva de su sentencia SU-080 de 2020, que resuelve el caso de la exconsejera de Estado, Stella Conto Díaz, en materia de reparación de daños en procesos de divorcio y similares por violencia intrafamiliar, sorprendió gratamente. Lo hizo, porque si bien aún no se conoce en integridad el cuerpo de la sentencia, el resumen del fallo publicado evidencia que la Corte decidió asumir, finalmente y de forma responsable, su función de juez convencional.

La convencionalización del derecho se entiende como la armonización del ordenamiento jurídico nacional con las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado en materia de derechos humanos a través de lo que hoy se denomina corpus juris internacional

El proceso de convencionalización adquiere mayor relevancia cuando son las altas cortes de un Estado, pero en especial, las constitucionales, quienes practican la compatibilidad normativa para superar los obstáculos jurídicos nacionales (normas constitucionales y legales o practicas administrativas y judiciales) que desconocen los compromisos internacionales del Estado en materia de derechos humanos, con el fin de hacer cumplir con la función correctiva y preventiva del derecho y así materializar la justicia.

(Puede ver: Exmagistrada Stella Conto será indemnizada por violencia psicológica)

En Colombia, hasta hace unos meses, la Corte Constitucional se había mostrado renuente en aceptar responsablemente su obligación de ser, además de un tribunal de constitucionalidad, un tribunal de convencionalidad del derecho. Así, por ejemplo, recientemente en la sentencia C-111/19 se negó a declarar la inconvencionalidad entre las normas del Código Único Disciplinario y del Código General Disciplinario respecto al artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). 

En dicha decisión llegó, incluso, a confundir los efectos inter partes del resuelve de los casos (res judicata) con las interpretaciones obligatorias erga omnes (res interpretata) que emite la Corte IDH, comprometiendo de paso, la responsabilidad internacional del Estado, por casos como la sanción disciplinaria proferida por Alejandro Ordoñez en contra del ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

Por lo anterior, el caso Conto Díaz es histórico, dado que la Corte Constitucional como juez convencional decidió acoger los argumentos del defensor de la exconsejera de Estado, quien buscaba hacer mutar la institución de la condena de alimentos al cónyuge culpable en procesos de divorcio, en un mecanismo para conseguir la reparación integral de quien ha sido víctima de violencia intrafamiliar. 

(Además: “El silenciamiento de la víctima es un arma poderosa”: exmagistrada Stella Conto)

La pretendida mutación es de suma importancia para el orden jurídico colombiano debido a que nuestro proceso de divorcio no contempla una figura jurídica especial para lograr la reparación de los daños ocasionados a quien, en una relación de familia, ha sufrido de maltratos físicos, sicológicos o daños a la vida de relación.

La Corte Constitucional en esta ocasión, apoyándose más en instrumentos internacionales que en la literalidad de la Constitución de 1991, decidió reconocer la ausencia de un mecanismo en este tipo de procesos para “garantizar el derecho humano de las mujeres a vivir libres de todo tipo de violencia y a que ésta sea erradicada en todos sus contextos”.

Adicionalmente, fundándose en el preámbulo de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), reconoció que “la violencia contra la mujer es una ofensa a su dignidad y una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres”. 

También, evidenció que existen graves incompatibilidades entre el Código Civil, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Belém do Pará. Particularmente, porque estos instrumentos le obligan “al legislador y a los operadores jurídicos a diseñar, establecer, regular y aplicar los mecanismos necesarios para asegurar que la mujer víctima de violencia intrafamiliar tenga un acceso efectivo al resarcimiento, a la reparación del daño o a otros medios de compensación justos y eficaces”.

Fue con estos argumentos que decidió, entonces, proteger los derechos fundamentales de la señora Stella Conto Díaz a vivir libre de violencia intrafamiliar, a ser reparada y a no ser revictimizada; ordenar que se “disponga la apertura de un incidente de reparación integral” para ella y; exhortar al Congreso de la República, para que “regule ampliamente el derecho fundamental a acceder a una reparación integral en los casos de violencia intrafamiliar”.

(También: La magistrada que alzó la voz contra la discriminación)

Con esta decisión, sin duda, la Corte Constitucional ha demostrado las potencialidades que tiene la convencionalización del derecho para remediar las incompatibilidades normativas del derecho colombiano y ser una poderosísima herramienta para la protección de los derechos de quienes históricamente han sido más vulnerados. 

Adicionalmente, ha confirmado que las instituciones jurídicas no son cláusulas pétreas de contenido dogmático inmutables en el tiempo, sino que son instrumentos vivos que van evolucionando a la medida de los cambios sociales, en aras de lograr una sociedad más justa. 

*Abogado y docente investigador en Derecho Público de la Universidad Libre

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David Andrés Murillo Cruz*

Judicial

La mutación del derecho en Colombia: una mirada al caso de Stella Conto (Análisis)

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