Absuelven a la Nación por muerte de niña en un centro vacacional de la Policía

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El 22 de marzo de 2009, una menor murió ahogada en una piscina del centro vacacional Villa Cristina de la Policía, en Fusagasugá. Luego de dos instancias judiciales, en las cuales su familia exigió reparación directa, el Consejo de Estado falló a favor de la Nación y ordenó a los demandantes pagar tres salarios mínimos a las instituciones involucradas.

El Consejo de Estado cerró el expediente de una menor muerta por ahogamiento, según dictamen de Medicina Legal, en una piscina del centro vacacional Villa Cristina de la Policía, en el municipio de Fusagasugá. La familia de la menor demandó a la Nación en primera instancia, batalla que ganó en el Juzgado Tercero Administrativo de Girardot. Sin embargo, tras apelación de las instituciones vinculadas, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló en contra de Martha Isabel Becerra, madre de la niña, y ahora el alto tribunal de lo contencioso-administrativo concluyó el pleito a favor de la Nación.

“El Consejo de Estado falla declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la parte actora (la familia de la menor) contra la sentencia que profirió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de fecha 12 de junio de 2014”. Con esas palabras, el alto tribunal le dio la razón al municipio de Fusagasugá, el Ministerio de Protección Social y a la Asociación Colombiana de Suboficiales en Retiro de la Policía Nacional -ACSURPONAL-, demandadas por su presunta responsabilidad en la muerte por ahogamiento de la menor de edad.

Todo empezó el 22 de marzo de 2009, cuando la menor murió ahogada en el centro vacacional Villa Cristina de la Policía, en Fusagasugá. Tras el deceso, el 20 de junio de 2011, ante el Juzgado Tercero Administrativo de Girardot la familia de la menor presentó su primera petición de reparación directa, “al considerar que las autoridades administrativas encargadas de la vigilancia y control de las medidas de seguridad exigidas para las piscinas, omitieron realizar los controles de rigor a este establecimiento, el cual, según la demanda, no contaba con los elementos de seguridad requeridos legalmente”, asegura el Consejo de Estado.

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El Juzgado Tercero Administrativo de Girardot falló a favor de la familia en principio, considerando que la asociación de suboficiales era administrativamente responsable por la muerte de la niña, dado que funge como propietaria de la piscina donde ocurrió el hecho. Sin embargo, en el caso del municipio de Fusagasugá y el Ministerio de Protección Social, el despacho judicial estimó que “la imputación jurídica y fáctica no le corresponde”.

“ACSURPONAL, como propietaria, administradora y encargada de prestar el servicio de piscina directamente, al no contar con las medidas de seguridad mínimas ordenadas por la Ley, es responsable de la muerte de la menor (…), por lo que procedió a la respectiva liquidación de perjuicios, disminuyendo la condena en un 50%”. El Juzgado de Girardot consideró que había responsabilidad compartida, dado que la niña, según las investigaciones, no se encontraba en compañía de un adulto responsable.

En segunda instancia, dada la sentencia proferida el 12 de junio de 2014, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró, en contraste, que no “existe prueba alguna que demuestre con plena certeza cual fue la causa de la muerte de la menor”. Si bien la necropsia redactada por Medicina Legal indicó que la causa probable fue el ahogamiento, el despacho consideró que hay una prueba testimonial que indica que ella “se lanzó (…) del tobogán y que apenas cayó quedó inconsciente, que no hizo ningún esfuerzo por salir”, lo que significaría la tesis de una presunta muerte producto de una bronco aspiración de comida antes de caer al agua.

Así mismo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que el Ministerio de Protección Social, demandado como parte de la Nación, no tiene dentro de su competencia la inspección y vigilancia de lugares donde se hayan construido piscinas. Además, la familia de la menor no habría demostrado el actuar omisivo de las entidades demandadas ni la imputabilidad del daño a las mismas. Esta decisión obligó a la familia a recurrir al órgano máximo en lo contencioso-administrativo: el Consejo de Estado.

El 26 de mayo de 2015, por tanto, la familia de la menor interpuso ante el Consejo de Estado un recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del Tribunal Superior de Cundinamarca. Aseguró que tal sentencia era nula porque el Ministerio de Protección Social nunca efectuó ningún trámite de supervisión al municipio de Fusagasugá. Además, enfatizó en las posibles contradicciones en el testimonio de la señora Ana Lucrecia Sosa, quien indicó que estaba en el restaurante del centro vacacional cuando ocurrió el hecho, lo que no tendría sentido porque ese lugar está distante de la piscina donde ocurrió el siniestro.

“(La familia) reprocha, igualmente, el alcance dado por el Tribunal al testimonio que rindió el señor José Zein Muñetón, quien para la época de los hechos fungía como administrador del Centro Vacacional Villa Cristina, ya que (…) manifiesta que ese día no había salvavidas, y se contradice con las demás versiones cuando dice que a la menor la atendió el paramédico. Él no puede dar fe de esta situación toda vez que él mismo manifestó que a la hora en que ocurrieron los hechos él no se encontraba en el balneario”, señaló el Consejo de Estado.

La Asociación Colombiana de Suboficiales en Retiro de la Policía -ACSURPONAL- su opuso al recurso de revisión instaurado por la familia de la menor, dado que “algunos hechos son ciertos, otros parcialmente ciertos y otros no le constan, por lo que deberán probarse”. Así mismo, argumentó que el recurso impuesto no es extraordinario, “en tanto es una proposición reiterada de un debate fenecido -terminado- a través del mejoramiento tardío de los argumentos de defensa”, es decir, para la institución la familia de Erika Julieth Arias pretende solo mejorar unos argumentos fallidos. Por su parte, el municipio de Fusagasugá decidió guardar silencio en esta fase del proceso.

El Consejo de Estado determinó, una vez presentado el recurso de revisión, que la naturaleza extraordinaria de esta herramienta judicial tiene como objetivo analizar nuevamente las sentencias ejecutoriadas y, si es el caso, invalidar tales decisiones con el interés de preservar el valor de la justicia y la seguridad jurídica. La familia de la menor invocó el artículo 250 de la ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo de la alta corte, indicando que debía revisarse el fallo emitido por el Tribunal Suprior de Cundinamarca porque podría “existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.

Sin embargo, el Consejo de Estado consideró, una vez analizados los argumentos de la demandante, que la acción invocada no se configura en ninguna de las causales de revisión. Al contrario, intentarían utilizar ese medio de impugnación excepcional como si se tratase de una tercera instancia, “al pretender reabrir la discusión en relación con las pruebas que fueron aportadas al proceso ordinario y cuestionar la valoración que de estas realizó el juzgador”, aseguró el alto tribunal.

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“Por tanto, como el juez del recurso extraordinario de revisión, tiene la competencia limitada por las causales de revisión señaladas por el legislados en el artículo 250 (...), no es el encargado de revisar la valoración probatoria, ni examinar la actividad interpretativa del juez ordinario como lo pretende el recurrente (la familia). El recurso extraordinario de revisión, insiste la Sala, es una excepción al principio de cosa juzgada, que procede por causales específicas, y no en una instancia adicional en el proceso ordinario en que se profirió la sentencia cuestionada”, concluyó el Consejo de Estado.

Así las cosas, la familia demandante pierde la batalla en el Consejo de Estado por acceder a reparación directa, tras la muerte en extrañas circunstancias de la menor en una piscina del centro vacacional Villa Cristina de la Policía, dado que el recurso exigido no procede tras la decisión Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Además, el alto tribunal ordenó a quienes exigían resarcimiento pagar tres salarios mínimos al Ministerio de Protección Social y a la Asociación Colombiana de Suboficiales en Retiro de la Policía Nacional.

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