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La novela jurídica del humedal Jaboque y el magistrado Carlos Vargas Bautista

El magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló en contra del Acueducto de Bogotá y ordenó pagarle una millonaria indemnización al supuesto dueño de un predio que quedaba en los linderos del humedal Jaboque.

Archivo El Espectador

El magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Carlos Alberto Vargas Bautista fue imputado en la jornada de este jueves por los presuntos delitos de cohecho y prevaricato por acción y omisión. Según la Fiscalía, el togado habría cometido serias irregularidades en varios de los procesos en los que falló, entre ellos el del humedal Jaboque. 

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En este caso, el magistrado concedió una acción de reparación directa en la que se le ordenó al Acueducto de Bogotá que indemnizara al ciudadano Jorge Enrique Cortés Rojas por la suma de $65.000 millones. Esto debido a que, supuestamente, Cortés Rojas era el dueño de una finca que estaba al interior del humedal Jaboque y el Acueducto había incumplido con su deber de comprar dicho predio al demandante como lo ordenó un fallo del Consejo de Estado en 2001 -en este se establece que la alcaldía y el Acueducto debían comprar las propiedades al interior o en los linderos de los humedales de Bogotá para su preservación-. 

La decisión del magistrado se dio tras una demanda presentada por Cortés Rojas el 29 de junio de 2012, cuando radicó una acción de reparación en contra de la Empresa de Acueducto, la Defensoría del Espacio Público y el Concejo de Bogotá. Según Cortés Rojas, los demandados eran responsables de que él no hubiera aprovechado economicamente un predio que compró en 2001 cerca al humedal Jaboque debido a que este no podía ser explotado, por su condición de espacio protegido, y tampoco las entidades lo habían comprado. 

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Las partes demandadas aseguraron que las pretensiones de Cortés Rojas no tenían lugar debido a que estaba pendiente un pleito en el que se pedía la nulidad de la escritura que tenía este sujeto, ya que el predio la Providencia (el que supuestamente compró Cortés en 2001) estaba justo sobre un predio del distrito conocido como Parque La Florida, en el que estaba enmarcado el Humedal Jaboque. Dependiendo del resultado de este proceso, que establecía si Cortés Rojas era dueño legitimo o no de La Providencia, se podría decidir si la indemnización tenía lugar o no. Además, “el humedal Jaboque es de propiedad del Distrito Capital, y no puede un particular pretender convertirlo en propiedad privada”, señalaron los accionados. 

En segundo lugar, los demandados aseguraron que las exigencias del accionante ya habían caducado, por lo que el magistrado Vargas Bautista nisiquiera debía estudiar la solicitud. Según este argumento, las acciones que supuestamente afectaron a Cortés ocurrieron en 2001 y este solo pidió que fuera reparado en 2012, 10 años después de los hechos, cuando la ley establece que para una acción de reparación hay un plazo máximo de dos años para interponerla.

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Sobre estos argumentos, el magistrado aseguró que, a pesar de que se está cuestionando “la calidad de propietario del actor respecto del predio La Providencia” y hay una acción judicial frente a este tema, Jorge Enrique Cortés Rojas tiene una matricula inmobiliaria que lo acredita como propietario de la finca referida. Es decir, a pesar de que en otro proceso se está poniendo en duda y se estudia la legitimidad de dichas escrituras, en este proceso dichos documentos acreditan al demandante como propietario legitimo. 

Sobre el segundo apartado, el togado determinó que la caducidad no podía referensiarse desde el 2001 ya que el accionante no sabía que tenía derecho a que le compraran su finca. De esta manera, la caducidad comenzó a correr desde el 16 de noviembre de 2011, cuando el accionante le hizo el requerimiento al Acueducto de que comprara La Providencia, amparado en la decisión del Consejo de Estado en 2001. 

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Tras, supuestamente, estudiar los argumentos de ambas partes, el magistrado Vargas Bautista profirió una ponencia que fue aceptada por los demás togados de sección. En dicho fallo, de abril de 2014, quedó consignado que los argumentos de los demandados no tenían lugar, por lo que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá fue condenada a pagar una indemnización de $65.000 millones a Cortés Rojas. Esto por el daño causado al actor al no acatar el pronunciamiento del Consejo de Estado de 2001, que establecía que los predios adentro o en la ronda de los humedales debían ser comprados para garantizar la protección de dichos ecosistemas. 

Sin embargo, a principio de este año, la Sala Civil del Tribunal de Bogotá determinó que eran nulas las escrituras que le daban la propiedad de La Providencia, finca supuestamente al interior del humedal Jaboque, a Cortés Rojas. Para dar este fallo, se comprobó que las supuestas escrituras del predio, que databan de 1954, no eran genuinas. De acuerdo con el ente acusador, estos documentos habían sido insertados en el libro de la notaría en la que figuraba: mientras que todas las escrituras de ese año eran cocidas en un mismo libro, dicha escritura había sido pegada. 

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Según reveló la Fiscalía, la falsa escritura de La Providencia fue un intento de los paramilitares Ángel Gaitán Mahecha y Elkin Arroyave por apropiarse de los terrenos del humedal a finales del siglo XX. Para dicho fin, habrían usado como testaferro a Jorge Enrique Cortés Rojas, que sería hombre de confianza de Arroyave. Cortés Rojas fue capturado, a principio de 2019, por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, enriquecimiento ilícito e invasión de área ecológica. 

Sobre la decisión del magistrado Carlos Alberto Vargas Bautista, las investigaciones de la Fiscalía demostrarían que dicho fallo tiene un carácter irregular, ya que el magistrado no habría fallado en derecho con tal de beneficiar a la abogada Kelly Andrea Eslava, que era la representante de Cortés Rojas y tendría un vínculo de amistad con el magistrado Vargas Bautista. Ya en la determinación de 2014 aparece que el 20% de la suma a entregar al demandante, es decir un poco menos de $13.000 millones, tenía que ser dado a la abogada Eslava Montes, en virtud de la cesión de derechos litigiosos. Es precisamente este caso por el que el ente investigador imputó cargos a Vargas Bautista en la jornada de este jueves.

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Redacción Judicial

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