Ha sido dos veces gobernador del departamento

La nueva investigación que enreda al gobernador de Norte de Santander

Además de la investigación penal por presuntas irregularidades en un contrato firmado durante su primer periodo, la Procuraduría lo tiene en el radar por cuatro convenios para ejecutar el PAE por $51.000 millones. También indagan irregularidades del programa en Putumayo y Cartagena (Bolívar).

William Villamizar es el gobernador de Norte de Santander. Tomada del diario La Opinión

El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, tiene una nueva investigación que lo pone en el radar de la Procuraduría. Además del expediente penal que tiene en la Fiscalía por las supuestas irregularidades en un contrato que firmó durante su primer periodo como gobernador, la Procuraduría le acaba de abrir un proceso disciplinario por cuatro convenios que suman más de $51.000 millones. (Le podría interesar: Investigarán a gobernadores de Nariño y Norte de Santander por irregularidades en contratos)

Las presuntas anomalías que el Ministerio Público indaga están relacionadas con el Programa de Alimentación Escolar (PAE). El gobernador, al parecer, adjudicó los convenios de manera directa, omitiendo la convocatoria pública que debía realizarse para este tipo de contratos. Sumado a esto, en la selección del contratista se habría realizado de manera sesgada sin tener en cuenta la idoneidad y experiencia para ejecutar los convenios para la ejecución del PAE.

Los convenios que tienen en líos al gobernador Villamizar fueron otorgados a la Corporación de Desarrollo Social Tanai Jawa, entre el 25 de enero de 2016 y el 5 de enero de 2017. Por estos mismos hechos, el Ministerio Público igualmente le abrió investigación a la gobernadora encargada, Sonia Arango Medina, y a la secretaria de Educación del departamento, María Fabiola Cáceres Peña. (Lea también: William Villamizar alcanza por segunda vez la Gobernación de Norte de Santander)

Por su parte, la Fiscalía investiga un contrato que habría firmado el 14 de diciembre de 2009 por $6.000 millones para el suministro de materiales pétreos suscrito entre la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación y el contratista Pedro Antonio Silva, propietario del establecimiento de comercio Triturador La Roca. Para el ente investigador se vulneraron los principios de contratación, por lo que generó, al parecer, un detrimento al erario del departamento. Sin embargo, ante el Tribunal Superior de Bogotá, William Villamizar se declaró inocente de estos hechos.

¿Irregularidades en el PAE de Putumayo y Cartagena?

Por otro lado, la Procuraduría formuló pliego de cargos a Oscar Darío Mallama Quetama, gobernador (e) de Putumayo, por presuntas irregularidades en la planeación, celebración y ejecución de un contrato por más de $9.900 millones para la alimentación de estudiantes del departamento en 2017. A Jorge Enrique Ferrín Dorado, secretario de Educación del departamento, y a José Luis Moreno Lozano, jefe de la Oficina de Contratación, también le formularon cargos.

En este caso, el contrato se habría adjudicado a la unión temporal El Putumayo Somos Todos, conformada por las empresas Seval Logística y Fundación SAC de Colombia, sin que la gobernación, al parecer, contara con los estudios técnicos y financieros precisos establecer el presupuesto de la licitación pública. Además de los posibles sobrecostos por más de $26.000 millones en las raciones alimenticias, el Ministerio Público indaga si los pliegos contaban con las reglas que aseguraran la selección imparcial del contratista. (Le sugerimos: 28.000 niños afectados por la suspensión del PAE en Quindío)

Entre las supuestas irregularidades encontradas también se destaca, por ejemplo, la petición de un sistema para controlar el número de menores atendidos –que no se habría utilizado–, un puntaje específico que ofreció la gobernación por el control de los alimentos entregados y las condiciones del proponente que fue escogido. La Procuraduría dice que los funcionarios habrían incumplido los lineamientos técnicos fijados por el Ministerio de Educación para el PAE.

Entre tanto, el organismo de control indaga a varios funcionarios –por determinar– de la alcaldía de Cartagena (Bolívar) tras la decisión de la Secretaría de Educación de declarar desierta la convocatoria pública que buscaba contratar al operador del servicio para este año. En este proceso, la Procuraduría solicitó a la Secretaría de Educación los soportes del proceso adelantado, así como un informe estado actual del PAE en la ciudad y la forma en cómo se va a ejecutar para proteger el derecho a la educación de 89 mil alumnos. (Lea: “Derecho a alimentación de pueblos indígenas implica respetar sus tradiciones”: Corte Constitucional)

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Redacción Judicial

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La nueva investigación que enreda al gobernador de Norte de Santander

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