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La Fiscalía General tiene en su poder un audio de 58 segundos en el cual se escuchan al ministro de Defensa, general Miguel Vega Uribe y el comandante del Ejército, general Rafael Samudio Molina en el que hacen referencia a los detalles sobre el operativo de recuperación del Palacio de Justicia los días 6 y 7 de noviembre de 1985.
El ministro de Defensa le manifiesta al general Samudio que cuentan con información sobre el número de guerrilleros del M-19 que participaron en la toma de la edificación ubicada en el centro de Bogotá. Acto seguido el comandante del Ejército le manifiesta que van a “revisar todo, hacer el balance y ver qué pasó”.
“Revisar que los que salen entre los retenidos no se nos vayan a mezclar”, puntualiza el general Vega Uribe, al hacer referencia a la necesidad de controlar la salida de los rehenes hacía la casa Museo del Florero con el fin de evitar que los guerrilleros del M-19 se mezclaran.
El comandante del Ejército le asegura que en esos momentos tenían información que (Luis) Otero, uno de los comandantes del M-19 y líder de la toma, “se nos salió con la cédula de un muerto”, mientras que (Andrés) Almarales “está herido y se lo llevaron a unidad de PM. En fin, estamos en eso, estamos en la parte, digamos, más compleja que es esta limpieza, identificación y manejo de estas cosas”.
Esta prueba se suma a los otros audios recolectados por un radioaficionado quien registró las conversaciones que sostuvieron en sus radioteléfonos los comandantes del Ejército que participaron en la operación de recuperación del Palacio de Justicia.
Las mismas han sido la base para la apertura de investigaciones, principalmente en contra del comandante de la Brigada XIII del Ejército, general (r) Jesús Armando Arias Cabrales –condenado a 35 años de prisión- y el comandante del B-2, coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano -condenado a 40 años- por los desaparecidos del Palacio de Justicia.
En las grabaciones se registran las ordenes que habrían dado para impedir la entrada de miembros de la Cruz Roja, así como las acciones dirigidas a “limpiar” el Palacio de Justicia y controlar a las personas que eran trasladas a la Casa del Florero para su respectiva identificación.