La posición de la Fiscalía es “descarada”: abogados de víctimas del Palacio de Justicia

El Espectador consultó a abogados cercanos al proceso del holocausto sobre la nueva tesis del ente investigador, según la cual, en seis casos de personas que desaparecieron durante la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985, ya no existiría el delito de desaparición forzada.

La Corte IDH condenó hace cinco años al Estado por los desaparecidos, torturas y ejecuciones extrajudiciales durante toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985.Archivo El Espectador

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) citó al Estado colombiano el próximo 6 de septiembre para que le explique qué ha hecho por esclarecer el caso del Palacio de Justicia. Para esa diligencia, la Fiscalía intentará demostrar que no hubo desaparición forzada en seis de los 11 casos decretados por el tribunal internacional, sino errores en la identificación de los cuerpos, como ha dicho recientemente uno de los fiscales del caso en medios de comunicación. El Espectador conversó con abogados cercanos al proceso sobre las declaraciones del ente investigador y la conclusión es una: la Fiscalía está desconociendo cosas que ya están probadas en el expediente.

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La controversia comenzó con las declaraciones del fiscal Jorge Sarmiento a varios medios de comunicación. Según el joven funcionario, “la Fiscalía ha encontrado a algunas de las personas desaparecidas, y por las circunstancias en que las hemos encontrado, la hipótesis ya no puede ser la desaparición forzada”. Jomary Ortegón, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), quien ha representado a familiares de víctimas que desaparecieron en la toma y retoma del Palacio, le dijo a este diario que esta versión del ente investigador, por un lado, desconoce el expediente del caso y, por otro, sería una intención de tergiversar la verdad de lo que ocurrió.

La hipótesis de la Fiscalía —la que quiere ahora llevar ante la Corte IDH— se centra en que existieron confusiones en la entrega de los restos de las personas que murieron durante el holocausto. Sin embargo, en la sentencia de 2014 del tribunal internacional, como explica Ortegón, se aclaró que más que errores, eran irregularidades que habían garantizado la impunidad de lo que pasó en 1985. "La Corte ya había determinado que en realidad no se trató de malas entregas o errores en la identificación, como sostiene hoy la Fiscalía, sino de acciones deliberadas por parte de las autoridades militares que tuvieron el manejo de la escena del crimen con el fin de desviar las investigaciones", aseguró Ortegón.

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Desde que el M-19 se tomó el edificio de las altas cortes del país el 6 de noviembre de 1985 y las fuerzas militares lo retomaron con violencia al día siguiente, Carlos Rodríguez, Irma Franco Pineda, Cristina Guarín, Gloria Anzola de Lanao, Norma Esguerra Forero, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, David Suspes Celis y Lucy Amparo Oviedo no volvieron a sus casas y sus familias no los vieron más. Por esto, por la negligencia en la investigación y por la complicidad para cubrir con impunidad lo sucedido, fue que la Corte IDH condenó al Estado colombiano hace ya cinco años.

La abogada Ortegón, además, explicó que las 11 desapariciones, así como ejecuciones extrajudiciales y varias torturas registradas en la toma y retoma del Palacio, ya fueron probadas ante la Corte IDH. Por esto aseguró: “Lo que la Fiscalía está diciendo no está basado ni en el expediente, ni en evidencia técnica, ni en evidencia científica; sino en suposiciones que, en cambio, sí desconocen lo que se logró probar a nivel internacional y es que sí hubo desaparición forzada en el Palacio de Justicia".

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Germán Romero, también abogado de víctimas en este caso, le dijo a El Espectador: “Tenemos a una Fiscalía que, definitivamente, en lugar de mostrar su compromiso con las víctimas de desaparición forzada, decidió de manera abierta y descarada trabajar en las tesis de los militares”. El abogado se refiere a la defensa de todos los uniformados en el caso: que supuestamente no existió desaparición forzada, sino errores en la entrega de los cuerpos. Pero, aclara Romero, “aquí hasta las sentencias absolutorias en casos de militares —como la del coronel (r) Alfonso Plazas Vega— hablan y confirman las desapariciones forzadas. Ninguna sentencia niega esos delitos”.

De hecho, Ortegón asegura que el Cajar venía advirtiendo en diferentes informes que enviaron a la Corte IDH que la Fiscalía no estaba cumpliendo con las órdenes de ese tribunal de darle celeridad a la investigación. "Nosotros hemos advertido que el equipo de fiscales no estaba desarrollando líneas de investigación. Es decir: no está investigando al DAS, no ha investigado a la Policía, no ha vuelto a investigar a los militares. No ha tomado ninguna decisión relevante en los últimos cinco años y se ha dedicado, apoyado en Medicina Legal, a revisar todas las entregas de restos", señaló la abogada.

Sin embargo, Romero y Ortegón señalan que esta nueva hipótesis de la Fiscalía no va a ser tenida en cuenta en la Corte IDH. Para Romero, “no existe una sola prueba que refute los videos de cuando (algunos de los desaparecidos) salen con vida, las declaraciones de civiles y de militares que dan cuenta de los interrogatorios, las torturas y lo ocurrido en la Casa del Florero —a donde se llevaron a varios de los que luego desaparecieron—. Tampoco dan cuenta de las graves irregularidades en el traslado de las personas y posteriormente su devolución y puesta dentro del Palacio de Justicia. La Fiscalía abandonó completamente la línea de investigación que se tenía frente al comando del Ejército”.  

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Para Ortegón, la Corte IDH no tendrá en cuenta lo que va a presentar la Fiscalía, porque en lugar de demostrar que investigaron, se concentraron en desvirtuar cosas que ya están probadas en el expediente. Para la abogada, esta tesis “no tiene ningún sustento jurídico ni fáctico y es descarado” pues desconoce todos los avances en la investigación y, en cambio, “es un argumento torpe” porque, asegura, “la Fiscalía está reconociendo su incapacidad para investigar lo sucedido”. Romero concluye: “Lo que se confirma es que esta administración de la Fiscalía, en caso de graves violaciones de derechos humanos, abandonó cualquier posibilidad de investigar militares”.

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Redacción Judicial

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