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Un total de 178.597 hectáreas pérdidas por cuenta de la deforestación registró el Ministerio de Ambiente en el 2017. Por esta razón, la Procuraduría General hizo un llamado de alerta y urgió por medidas efectivas e inmediatas que permitan hacer frente al daño ecológico que se presenta en la Amazonía colombiana. La petición la hizo a la Fiscalía General, al propio Ministerio de Ambiente, a la Agencia Nacional de Tierras y a la Superintendencia de Notariado y Registro.
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La Procuraduría solicitó a la Fiscalía iniciar una investigación que permita identificar a los principales responsables de los delitos que afectan el medio ambiente en el Amazonas. De igual forma, envió una carta al ministro de ambiente, Luis Guillermo Murillo, y al director técnico de la Dirección de Bosques, Diversidad y Servicios Ecosistémicos, César Augusto Rey Ángel, pidiendo información sobre "las solicitudes de sustracción en áreas de reserva forestal de la Amazonía que se encuentren en trámite e indicar su estado actual".
La entidad además hizo un llamado al director Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper Strouss, para que en el trámite de titulación de terrenos se tenga en cuenta la grave situación de la región. Y al Superintendente de Notariado y Registro, Jairo Alonso Mesa Guerra, le solicitó que tenga en cuenta la información técnica dentro de los procesos jurídicos de restitución de tierras.
El pasado 5 de abril, la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia histórica en la que se indicaba que la región, desde ahora, se considerará al Amazonas como un sujeto que cuenta con derechos tal y como los tiene un ciudadano del común. (También le puede interesar: La Amazonía colombiana tiene los mismos derechos que una persona)