La pelea Uribe-Cepeda continúa

“La Procuraduría se equivocó en absolver a Iván Cepeda”: Defensa de Álvaro Uribe

Para la defensa del expresidente Álvaro Uribe, se incurrió en dos errores al absolver al senador del Polo por una presunta manipulación de testigos. Pide revocar la decisión y que sea sancionado.

El hoy senador Iván Cepeda fue representante a la Cámara entre los años 2010 y 2014. / El Espectador

Molestia provocó en algunos sectores políticos la decisión de la Procuraduría de absolver al senador del Polo Democrático Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos para que declararan en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Mientras el congresista celebraba el anuncio del Ministerio Público, la defensa de Uribe anunció un recurso de reposición contra esa absolución, para pedirle al ente de control disciplinario que revoque la decisión y sancione al congresista. El documento de 31 páginas, conocido por El Espectador, fue radicado en la entidad el pasado 19 de octubre y se encuentra en estudio en la Procuraduría.

Básicamente son dos los motivos de inconformidad del abogado Jaime Granados, defensor del senador del Centro Democrático. El primero tiene que ver con que, según el abogado, la entidad “se equivocó” al considerar que la conducta del senador Cepeda no constituye una extralimitación de sus funciones. Y por otra parte expone que la entidad erró al concluir que Cepeda no realizó actos para presionar a otros para que dieran un falso testimonio contra el expresidente Uribe. “En nuestro criterio, el despacho se equivoca en la decisión impugnada, al realizar una aproximación simplista de lo que es la función de control político y las facultades de investigación que se pueden desarrollar dentro de la misma”, señala el texto.

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Este nuevo capítulo de la pelea entre Uribe y Cepeda empezó en marzo de 2013, cuando el expresidente denunció al entonces representante a la Cámara “por la presunta comisión de faltas disciplinarias al investigar y recepcionar testimonios que no estaban dentro de sus funciones”. Dichos testimonios a los que hacía referencia la denuncia son los de los exparamilitares Ramiro de Jesús Henao, alias Simón, y Gabriel Muñoz Ramírez, alias Castañeda, a quienes el hoy senador del Polo Democrático supuestamente ofreció beneficios a cambio de que declararan en contra de Uribe y sus familiares.

En octubre de 2015, el Ministerio Público llamó a juicio disciplinario a Cepeda y decretó la práctica de varios testimonios, entre los que se encontraban los de los exparamilitares. Tanto Henao como Muñoz Ramírez afirmaron a los investigadores haber tenido encuentros con el congresista, pero esta misma entidad concluyó que esos encuentros se dieron en el marco de su labor como representante a la Cámara y “no representaba(n) una extralimitación de sus funciones”. Además, la Procuraduría encontró algunas contradicciones en las declaraciones entregadas por los exparamilitares, por lo que terminó absolviendo a Iván Cepeda en decisión del pasado mes de julio, que fue confirmada el 8 de octubre de este año.

Sin embargo, la defensa de Uribe no comparte esta opinión. Para el abogado Granados, la extralimitación de las funciones de Iván Cepeda como representante “se encuentra perfectamente configurada”, y para ello cita diversa jurisprudencia sustentando lo afirmado. “La función pública no se puede ejercer de forma caprichosa, por lo cual el mismo ordenamiento contempla el principio de legalidad como límite al ejercicio del poder y mecanismo efectivo de control de las actividades de los servidores públicos”, se resalta en el documento. Aunque en la petición se deja clara la función investigativa que se tiene en el marco del control político, señala que ésta tiene una serie de límites, los cuales fueron sobrepasados por el senador.

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Según la denuncia, Cepeda visitó a los exparamilitares el 26 de julio de 2012 y el 30 de mayo de 2013, sin ningún tipo de autorización, usurpando funciones de tipo judicial. “Cepeda no tenía facultades para recolectar prueba que no estuviese enmarcada en el relacionado con el control político”, señala la petición. Lo correcto, según Granados, era que la comisión a la que pertenecía Iván Cepeda citara a los testigos a comparecer al Congreso para que allí rindieran declaración pública. “Cepeda desplegó actividad investigativa ilegítima que no tenía relación directa ni indirecta (…) con el objeto de indagación de la respectiva comisión, es decir, que la actividad excedió el ámbito de competencia del congresista”.

Asimismo, el defensor consideró que el ente de control disciplinario se valió de testimonios de personas cercanas a Cepeda, como los representantes Germán Navas Talero y Ángela María Robledo, para justificar las visitas del hoy senador a varios exparamilitares en las cárceles “a fin de que dieran declaraciones sobre Álvaro Uribe Vélez”. “Si el despacho hubiese realizado un verdadero análisis de la conducta del disciplinado no habría cometido los referidos yerros y habría podido concluir que la conducta sí constituía extralimitación de funciones y sí era objeto de reproche desde el punto de vista disciplinario”, resalta la petición.

Pero para la defensa del expresidente Uribe los errores de la Procuraduría van más allá, debido a que esta entidad tampoco les dio credibilidad a los testimonios de los exparamilitares Ramiro de Jesús Henao y Gabriel Muñoz Ramírez. Según Granados, el Ministerio Público resta valor a estas declaraciones por existir dos contradicciones en el testimonio de Muñoz Ramírez. Para el abogado, el exparamilitar sí acierta en declarar que hubo un encuentro con Cepeda Castro, aunque se equivoque en describir los detalles de tiempo y lugar. Además agrega que no se tuvo en cuenta la reunión con la abogada Mercedes Arroyave, quien supuestamente les insistía en ayudar a Cepeda.

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“Resulta contradictorio que el despacho concluya como un hecho cierto que el disciplinado ‘no ofreció’ beneficios ya que ‘no fue posible acreditar el contexto y con certeza lo acontecido en los encuentros’”, agrega el documento. Esta solicitud ya se encuentra en manos de la Procuraduría y será esta entidad la que determine si reversa su decisión de absolver al senador Iván Cepeda de las acusaciones que hay en su contra por manipulación de testigos o se mantiene firme en su decisión, coincidiendo con la Corte Suprema de Justicia al no responsabilizar a Cepeda de tal delito.