La supuesta filtración de la Fiscalía al senador Álvaro Uribe Vélez

La Corte Suprema de Justicia le pidió a la Fiscalía investigar las grabaciones que habrían sido borradas del sistema de interceptaciones de la entidad, además de la entrega de información confidencial.

El Sistema Esperanza así se la conoce a la sala de interceptaciones legales de la Fiscalía.Archivo El Espectador

La decisión de la Sala de Instrucción II de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que ordenó investigar al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, por falsa denuncia y presunta manipulación de testigos, será la clave para iniciar nuevas investigaciones. Una de esas líneas tiene que ver con la solicitud que la Corte le hizo a la Fiscalía para que se investigue las conversaciones que habrían sido borradas de la plataforma Esperanza de la Fiscalía. Además, de la filtración de información confidencial al expresidente Uribe Vélez: “Investigar lo ocurrido entre el 24 y 30 de marzo de 2015 con los números telefónicos respecto de los cuales el sistema no grabó y la filtración de información al senador”, dice el fallo. (Le puede interesar: La encrucijada judicial del senador Álvaro Uribe Vélez).

Así las cosas, tendrá que verificarse qué ocurrió en el sistema Esperanza, el cual es el centro de interceptaciones legales de la Fiscalía General de la Nación y cuenta con el financiamiento de Estados Unidos. La unidad cuenta con 18 salas, la mayoría están ubicadas en el búnker en Bogotá. “Desde la Fiscalía se gestiona y administra la plataforma, que puede conseguir datos y contenido de llamadas de telefonía móvil y fija. Tienen acceso varias autoridades policiales y está conectado a los operadores de telecomunicaciones del país”, señala uno de los investigadores que trabaja para esa unidad. (En contexto: Las interceptaciones de la Corte que llevaron a investigar al senador Álvaro Uribe Vélez).

El mismo investigador cuenta que el sistema de seguridad cuenta con la mayor seguridad posible: “Eso que dicen que se borra la información no es tan fácil, es un sistema con todos los seguros y respaldos de lo que se hace, si algo desaparece no puede ser algo tan involuntario”. La persona a cargo del sistema para la época que pide investigar la Corte es Julián Quintana, exdirector del CTI, quien podría ser uno de los primeros llamados a responder por las presuntas irregularidades que se registraron. Aunque fuentes del investigador señalaron a este diario que se esta estudiando la petición del alto tribunal para tomar una decisión.

Quintana ha tenido varios momentos que lo vinculan con el uribismo. En el primero fue acusado de realizar una persecución contra miembros de ese partido. El segundo caso hace referencia a la firma de contratos precisamente con miembros de ese partido. Los dos hechos se presentaron una vez dejó el cargo en la Fiscalía.

En 2016 el abogado Jaime Lombana denunció al exfiscal Julián Quintana y lo señaló de utilizar al CTI para perseguir al uribismo. Esto por las declaraciones que hizo contra del almirante (r) Álvaro Echandía en las que lo vinculó de haber presionado y haber entregado información en el denominado caso ‘hacker’, que no hace referencia más que a Andrés Fernando Sepúlveda, condenado por las interceptaciones ilegales a miembros de las Farc durante el proceso de negociación del acuerdo firmado en la Habana (Cuba) con el Gobierno. (Lea: "Julián Quintana utilizó al CTI para perseguir al uribismo": Jaime Lombana).

“No porque ahora tenga unos contratos que no sabemos a qué corresponden sale el señor Quintana a atribuirle la persecución que se dio contra el uribismo desde la Fiscalía de manera infame al almirante Echandía”, precisó en su momento Lombana, al citar las acciones que se tomaron contra Óscar Iván Zuluaga y su familia justo en la segunda vuelta de la campaña presidencial.

Los contratos a los que hacía referencia el abogado tiene que ver con una asesoría de investigación en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. El objeto del contrato era “prestación de servicios profesionales especializados para realizar acompañamiento jurídico a los procesos penales, disciplinarios y fiscales adelantados por la comisión de acusaciones de la cámara de representantes”, y fue suscrito por la directora administrativa de la época en la Cámara, María Carolina Carrillo y  Danny Julián Quintana, el 22 de septiembre del presente de 2016.

El exdirector del CTI firmó este contrato por un total de $24 millones para prestar sus servicios durante los últimos meses del año. El representante del Centro Democrático Edward Rodríguez, quien pertenece a la Comisión es la persona más cercana al exdirector del CTI. Quintana, por su parte, ha señalado siempre que su trabajo ha estado ajustado a las normas y a lo legal.

Lo cierto es que aunque la responsabilidad no recae en el exdirecror del CTI, una vez la Fiscalía tome la determinación de realizar las indagaciones serán varios los funcionarios los llamados para aclarar las irregularidades presentadas en el sistema de interceptaciones del ente acusador.