:format(jpeg)/www.elespectador.com/resizer/J-VCOfpRVjIaK9S49oDVBn5H91s=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/RUXQ5H3F6BDZPGXZUEQOY6MRSQ.jpg)
“Su obvia condición de representante legal del departamento, ordenador del gasto, titular de la función contractual y delegante, le imponían al mandatario, al señor Gaviria Correa, obligaciones de coordinar, dirigir, vigilar y controlar las funciones delegadas y el cumplimiento de las exigencias legales, muy a pesar (de) que hasta el seguimiento y control a la delegación lo hiciera a través del comité asesor de contratación”. La Fiscalía tiene más de un reproche a la manera en que el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, manejó el contrato de la Troncal de la Paz cuando ocupó ese mismo cargo entre 2004 y 2007. Este, el de no haber estado más pendiente del proyecto vial, es uno de ellos. (Además de Aníbal Gaviria, Fiscalía investigará a Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos)
El pasado viernes 5 de junio, el fiscal Francisco Barbosa lanzó la inesperada noticia de que al gobernador Gaviria se le había impuesto medida de aseguramiento por dos delitos: contratación sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. El polvorín político que desató el anuncio no fue menor, pues en menos de 24 horas Antioquia tenía nuevo gobernador, al menos temporalmente (Luis Fernando Suárez, secretario de Gobierno departamental). El presidente Duque aseguró públicamente que estaba seguro de que Gaviria va a aclarar su situación ante las autoridades, pero la medida de aseguramiento en su contra pinta un panorama difícil para el mandatario regional.
El documento de 123 páginas, revelado por Blu Radio, señala que “sin que se evidenciara aprobación de la garantía única que amparara los riesgos indicados en el contrato”, Gaviria dio luz verde al incremento del anticipo del valor básico del contrato. Estaba en 25 % y, por autorización de Gaviria, pasó al 29 %, a pesar de que, asegura la Fiscalía, no hubiera un estudio para soportar esa decisión. Según el organismo investigador, en la licitación estaba claro que el anticipo sería del 25 % y cambiarlo ya sobre la marcha no era un asunto menor, pues esa cifra tiene incidencia directa en quienes se presentan como oferentes: mientras más reducido sea el anticipo, más recursos propios deben conseguir para asumir gastos iniciales.
En su defensa, el abogado de Gaviria aseveró que la diferencia de la cifra era, en realidad, un error de mecanografía. La Fiscalía no lo cree así. Para el ente investigativo, la unión temporal que consiguió el contrato (Consorcio Troncal de la Paz) sí obtuvo $1.412 millones de más por esa vía. De esa forma, dice la medida de aseguramiento contra Gaviria, se cometieron tres pecados: uno, que se violó la transparencia en las reglas con que se seleccionó al contratista para esta importante iniciativa vial; dos, hubo deslealtad frente a quienes participaron en la licitación y tres, hubo irresponsabilidad de los funcionarios públicos que estaban a cargo del proyecto.
El Consorcio Troncal de la Paz firmó el contrato con la Gobernación de Antioquia el 12 de febrero de 2006 por $41.663 millones y debía, en 26 meses, mejorar y pavimentar el tramo La Cruzada – Caucasia – Escarralao. El contrato recibió dos adiciones: la primera el 12 de septiembre de 2007 por $3.995 millones y la segunda por $16.334 millones el 12 de diciembre del mismo año –cuando el contrato estaba a dos meses de terminar–. Con la última adición, la fecha final del contrato quedó para el 14 de abril de 2010 y luego, por otras modificaciones, para el 25 de junio de ese año. El valor final del contrato fue de $61.993 millones.
Esa unión temporal la lideraban personas cuyos nombres en el campo de construcción de vías han sido protagonistas durante años: los Solarte. El representante legal era Luis Fernando Solarte Viveros y de ella hacían parte también Carlos Solarte y su hija Paola. Estos dos últimos han ocupado titulares de prensa en años recientes por cuenta de un escándalo de corrupción mayúsculo que no se ha cerrado: Odebrecht. CSS Constructores, una de sus empresas, era socia minoritaria de Odebrecht y de Episol (del Grupo Aval). Según la Fiscalía, el dinero del anticipo se usó para comprar maquinaria y equipos “cuya propiedad ostentaron siempre los consorciados Carlos y Luis Héctor Solarte Solarte”. (“La Fiscalía no está funcionando bien”: Aníbal Gaviria)
La Fiscalía dice que hubo contratación sin requisitos legales porque el consorcio Troncal de la Paz recibió $10.239 millones como anticipo (el 29 % del contrato) sin que se hubiera constituido la garantía que se adquirió con Seguros del Estado el 23 de diciembre de 2005. No obstante, la resolución de liquidación unilateral del contrato, que conoció El Espectador, indica que las pólizas se constituyeron y aprobaron ese día y que “se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato”. Según esa resolución, todos los tramos se entregaron e, incluso, quedó un saldo en favor del departamento por $894 millones.
Aun así, la Fiscalía insiste en que con ese contrato se cometieron irregularidades y que Aníbal Gaviria, como gobernador, debía estar al tanto. En su indagatoria, rendida el pasado 20 de abril, Gaviria habló de “de la imposibilidad para que una sola persona, el gobernador, haga el control debido en la forma que debe hacerse”. Explicó que dejó el contrato en manos de Margarita Ángel Bernal, una experimentada funcionaria que fue jefe de operaciones del Metro de Medellín, quien era su secretaria de Infraestructura; que, a su vez, Ángel Bernal llevaba todas las decisiones al comité de contratación, el cual tenía la última palabra; y que le parecía “exótico” que le imputaran a él cargos por asuntos que no determinó directamente.
“Más exótico le resulta lo del peculado porque está comprobado que el anticipo se amortizó en el 100% y demuestra con circulares del Departamento de Planeación Nacional y de la Contraloría General de la República”, dice la Fiscalía. Gaviria insistió en que su actuación fue limpia y ajustada a las normas, y que el resultado final de la Troncal de la Paz fue exitoso, ejemplar, llevado a cabo “con eficiencia, economía y transparencia”. Expresó que esta situación es la más incómoda que ha tenido que afrontar como funcionario e insistió en que ni el contrato ni los otrosí los firmó él. Para la Fiscalía, por el contrario, la Secretaría de Infraestructura actuó en nombre de la Gobernación. Y, por eso, Gaviria debe ser investigado.