La tutela contra el fallo que ratificó a Edgardo Maya en la Contraloría

Solicita tumbar el fallo proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado a favor del contralor general, en cuatro demandas de nulidad contra su postulación por la Corte Constitucional y elección en el Congreso, para que las estudie nuevamente la Sala Plena.

-Redacción Política
22 de noviembre de 2017 - 02:17 p. m.
El contralor general Edgardo Maya. / Archivo
El contralor general Edgardo Maya. / Archivo

Una tutela presentada por el ciudadano Carlos Sepúlveda ante el Consejo de Estado busca tumbar un fallo, de octubre de 2016, proferido por la Sección Quinta del mismo tribunal a favor del contralor general, Edgardo Maya Villazón, frente a cuatro demandas de nulidad electoral contra su postulación por parte de la Corte Constitucional y posterior elección en el Congreso de la República, el 19 de agosto de 2014. Una batalla jurídica que se inició una vez posesionado Maya en el cargo, cuando la Red de Veedurías Ciudadanas comenzó a hablar de supuestos vicios de forma en dicha elección e inició una cruzada para separarlo del organismo de control. Ahora, la tutela pretende que se revoque el fallo favorable y que sea la Sala Plena la que aborde las demandas.

Estas argumentaban que en el proceso de postulación y elección del contralor general se incurrió en violación al reglamento de la Corte Constitucional, incursión en la prohibición del “yo te elijo, tú me eliges”, inhabilidad por desempeño como conjuez, aproximación a la edad de retiro forzoso, violación a los principios constitucionales y legales, y desconocimiento del principio de legalidad. Todas fueron trasladas por competencia a la Sección Quinta, donde fueron asignadas, dos a la consejera Lucy Jeannette Bermúdez y dos al consejero Alberto Yepes Barreiro. Posteriormente, en agosto de 2015, los procesos fueron acumulados, resultando por sorteo nuevamente asignados a la magistrada Bermúdez.

El problema, según el documento de la tutela conocido por El Espectador, es que en todo ese tire y afloje se han dado una serie de presuntas irregularidades y una “feria de favores” alrededor de quienes decidieron las mencionadas demandas. Por ejemplo, previamente, el 30 de septiembre de 2014, Bermúdez había declarado ante el presidente de la Sección Quinta su impedimento para conocer del caso, dado que uno de los cargos endilgados fue el del clientelismo en la Corte Constitucional –el denominado “yo te elijo, tú me elijes”–.

El meollo del asunto es que los magistrados Alberto Rojas Ríos y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, de la Corte, votaron a favor de la postulación de Maya, pese a que antes habían sido sus procuradores delegados cuando este estuvo al frente del Ministerio Público, y Bermúdez también había sido procuradora delegada ante el mismo Consejo de Estado y ocupado otros cargos en la entidad. “Estas situaciones, que si bien no generan afectación de mi ánimo objetivo e imparcial de juzgadora, pueden ubicarme en similar situación a la censura que plantean los demandantes en los doctores Mendoza Martelo y Rojas Ríos”, argumentó Bermúdez.

El impedimento fue resuelto por la consejera Susana Buitrago, el 5 de febrero de 2015, quien concluyó que como Bermúdez había manifestado que “dicha situación no afectaba su ánimo objetivo e imparcial de juzgadora”, no existían razones para aceptarlo y menos para separarla del conocimiento de las demandas. Solo que el 24 de noviembre de 2014, Buitrago se había declarado igualmente impedida para conocer de las demandas contra Maya porque ella había sido su electora cuando este fungió como conjuez ante el Consejo de Estado en varios casos.

Curiosamente, también en febrero, la Sección Quinta, con dos conjueces: Ricardo Hoyos y Jaime Córdoba, sí aceptó el impedimento de Buitrago. Ante estos hechos, en junio de 2015, los demandantes solicitaron ante el presidente del Consejo de Estado, Rafael Vergara, que el proceso fuera resuelto por la Sala Plena debido a la su importancia jurídica, como ya se había hecho en otros procesos como el del exprocurador Alejandro Ordóñez, el de la exfiscal Viviane Morales o el del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro. Pero la petición fue denegada por la misma Sala Plena el 30 de agosto de 2016. Cuatro magistrados salvaron su voto argumentando razones en doctrina y casos ya fallados: Hugo Fernando Bastidas, María Teresa Briceño, Carlos Alberto Zambrano y Stella Conto Díaz del Castillo.

En dicha discusión, otros magistrados diferentes de la Sección Quinta, Roberto Augusto Serrato Valdés (Sección Primera) y Danilo Rojas Betancourth (Sección Tercera), también declararon su impedimento para intervenir. El primero por haber sido procurador delegado en la época de Maya como procurador general y el segundo por tener a su hermana, Eddy Lucía, como contralora delegada desde el 27 de mayo de 2014. Los impedimentos fueron aceptados y la Sala Plena los separó del conocimiento del proceso.

La tutela señala que en las vigencias anteriores a ser postulado por la Corte Constitucional a la Contraloría, Maya fue su conjuez de este alto tribunal y de la misma Sección Quinta del Consejo de Estado, en este último, para los años 2013 y 2014, en 11 procesos donde fueron consejeras ponentes Lucy Jeannette Bermúdez y Susana Buitrago. “Así las cosas, es claro concluir que el cargo de conjuez le dio ventajas tanto en la postulación en la Corte Constitucional como en la resolución a su favor en la Sección Quinta de las demandas presentadas, como en efecto sucedió”, dice el recurso judicial en mención, enfatizando que “la falta de independencia e imparcialidad primó desde la presentación de las demandas, violándose el derecho fundamental al debido proceso y por ende a los intereses generales de la sociedad”.

El alegato cuestiona el fallo del Consejo de Estado a favor del contralor Edgardo Maya y plantea que la Sección Quinta no respetó los presupuestos de razonabilidad, racionabilidad y proporcionalidad, violando derechos fundamentales, lo que encaja en lo que denomina la Corte Constitucional como los “defectos materiales o sustantivos”, causales de procedibilidad para la acción de tutela. Sin duda, toda una papa caliente para el mismo Consejo de Estado, así Maya esté ya en la recta final de su labor al frente del ente fiscalizador.

Por -Redacción Política

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