“La tutela (contra los hermanos Uribe) no es la vía”: juez a Iván Cepeda

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Por segunda vez, un juez de la República determinó que este recurso judicial, presentado por el congresista Iván Cepeda en busca de defender su buen nombre e intimidad, es improcedente. Cepeda dio la pelea luego de que los hermanos Tomás y Jerónimo Uribe lo relacionaran públicamente, en medios de comunicación y redes sociales, con las Farc.

El año pasado, el expresidente Álvaro Uribe interpuso una tutela en contra de Daniel Mendoza Leal, creador y guionista de la serie web El Matarife en la que se ventilan múltiples denuncias contra el exmandatario. Para Uribe y sus abogados, el impacto de la serie -hoy tiene 825.000 suscriptores en su canal de Youtube- y la cantidad de seguidores de Mendoza en Twitter -la cifra sobrepasa los 361.000- era suficiente para hablar de un perjuicio a la honra y el buen nombre de Uribe, quien asegura que las afirmaciones de Mendoza son falsas. “El accionante no se encuentra en estado de indefensión frente al accionado”, le dijo entonces un juez de la República. El mismo argumento acaba de recibir Iván Cepeda con respecto a los hijos del expresidente Uribe.

De esta manera, el Juzgado 34 de Conocimiento de Bogotá dio por zanjada la discusión legal que se formó alrededor de trinos y comentarios de los hermanos Tomás y Jerónimo Uribe contra el senador Cepeda, con quien su padre tiene casada una fuerte pelea jurídica que podría llevar al expresidente a juicio por supuesta manipulación de testigos. “[El congresista Iván Cepeda] no es un ciudadano del común, pues dentro de nuestra sociedad colombiana ostenta una alto cargo, como lo es el de Congresista, lo que en efecto no lo pone en condiciones de indefensión ante los aquí demandados, que sea de paso igualmente advertir, hacen parte de la vida política y pública del país”.

De acuerdo con Cepeda, en los últimos años, el expresidente Álvaro Uribe ha recurrido a “medios masivos de comunicación y redes sociales para divulgar información falsa y calumniosa en su contra”, por lo cual lo denunció también en Fiscalía y procuraduría por los delitos de fraude procesal y calumnia agravada. El origen de todo, como es previsible, son las denuncias que se han hecho el uno al otro desde 2012, cuando Cepeda promovió en el Congreso un debate sobre paramilitarismo y ventiló testimonios de dos hombres -Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra- que lo vinculaban con el surgimiento del Bloque Metro, en el Nordeste antioqueño. (“Era de afecto”: Tomás Uribe Moreno sobre relación con “Caya” Daza)

Uribe, por su parte, ha negado rotundamente tener algo que ver con grupos paramilitares, y ha acusado a Cepeda de instigar en su contra buscando falsos testigos. El asunto, sin embargo, dio un giro de 180 grados en 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia se abstuvo de abrir investigación contra Cepeda por abuso de la función pública, calumnia, fraude procesal y falso testimonio (los delitos por los que lo había denunciado Uribe) y, al contrario, ordenó una investigación por fraude procesal y soborno en actuación penal contra el propio Uribe. En agosto del año pasado, la Sala de Instrucción de la Corte pidió la detención domiciliaria para el exmandatario, el cual, alegando falta de garantías desde la Corte para su caso, renunció al Congreso.

En esa disputa se involucraron también los hijos del expresidente Uribe. Según dijo Cepeda al presentar la tutela, Tomás Uribe Moreno, por ejemplo, dijo en Caracol Radio que su padre era un preso político como consecuencia de la denuncia interpuesta por Cepeda, a quien llamó “líder de la nueva generación de las Farc”; y que tanto él como su hermano Jerónimo Uribe, también en entrevista con Caracol Radio, acusaron a Cepeda de ser el gestor del escape de Jesús Santrich. Los términos “neosocialismo”, “comunismo” y “estalinismo” hicieron parte de esa entrevista, todos para hacer referencia a Cepeda. Este último señaló que, incluso, los Uribe contrataron una firma en Estados Unidos con la única intención de desprestigiarlo a él y a la Corte Suprema.

Con esos argumentos en la mano, Cepeda le pidió a los jueces colombianos que ordenara a los hermanos Tomás y Jerónimo Uribe “retractarse de las afirmaciones falaces y calumniosas que han realizado en su contra, las que se deberán realizar a través de sus cuentas en la red social Twitter: @AlvaroUribeVel, @tomasuribeEco, @jeronimoauribem, @FreeUribe y en la página de Internet: www.freeuribe.com y así mismo de enviar retractación a Caracol Radio, revista Semana y W Radio y a los demás medios de comunicación que han publicado sus falsa declaraciones en su contra”, y que tampoco usaran el contrato con la firma DCI Group para emitir calumnias en contra suya.

El expresidente Uribe, quien fue vinculado a la tutela, contestó que no se había generado “una situación de indefensión por el simple hecho de una publicación en redes sociales, pues ello no imposibilita al actor para la defensa de sus derechos”; que él es un senador de la República “que goza de alta audiencia en redes sociales” y que, incluso, cuenta con “la capacidad de acudir ante las autoridades de Estados Unidos al más alto nivel para plantear reclamaciones”. Agregó que aunque la Corte Suprema se hubiera inhibido de investigarlo por supuesta compra de testigos, ello no significaba que la conducta del senador Cepeda Castro no pudiera “ser cuestionada”. (“Luigi” Echeverri dice que los medios no deberían entrevistar a Iván Cepeda sobre caso Uribe)

Tomás y Jerónimo Uribe, en cambio, se fueron por un camino más simple: alegar que Cepeda no les pidió retractarse de sus afirmaciones antes de acudir a la justicia, un requisito que es necesario para este tipo de situaciones. Agregaron que su “en su condición de figura pública le es exigible de manera amplia una posición de tolerancia ante el discurso político y contrario a sus ideales”, que por eso mismo estaba “sujeto a un mayor grado de crítica por parte de la ciudadanía, y que para ellos era “extraño” que Cepeda se ofendiera “cuando resultan evidentes, notorias y públicas similitudes ideológicas entre él y las Farc, siendo imposible no ubicarlo en una postura política”.

El 23 de noviembre de 2020, 0, el Juzgado 79 Penal Municipal de Garantías de Bogotá señaló que, de acuerdo con los criterios que la Corte Constitucional ha establecido, una persona está en estado de indefensión si “se encuentra inerme o desamparada, es decir, sin medios físicos o jurídicos de defensa o con medios o elementos insuficientes para resistir o repeler la vulneración del derecho fundamental”. El juez dijo que no advertía de Cepeda un estado de indefensión frente a los hermanos Uribe, por tratarse de un personaje de la vida pública con acceso a los medios de comunicación y redes sociales tanto como el expresidente Uribe o sus hijos, Tomás y Jerónimo Uribe. (Tomás Uribe Moreno: ¿se colará un delfín en las presidenciales de 2022?)

Cepeda impugnó la decisión. Así fue como el proceso cayó en manos del Juzgado 34 de Conocimiento de Bogotá, el cual no se movió de la postura del juez de primera instancia. “La tutela no es el medio idóneo para defensa de sus derechos”, le dijo el juez 34 de Conocimiento a Cepeda. A Uribe, el año pasado, le dijeron que su tutela era improcedente porque “el tutelante es abogado, político, exgobernador de Antioquia, expresidente de la República por dos periodos consecutivos y actualmente senador, luego lo que sí tiene el actor es capacidad, formación académica, habilidades, aptitud […] para enfrentar los embates del accionado y, en específico, para repeler o controvertir sus opiniones”.

En esta ocasión, Cepeda recibió argumentos similares de parte del juez que, por segunda vez, le indicó que su tutela se declaraba improcedente: e la parte actora no es un ciudadano del común [...] se desempeña como Senador de la República, es líder político, además de contar con la posibilidad de defenderse de cualquier afirmación a través de las diferentes redes sociales [...] pudiendo utilizar como ya lo hizo la vía ordinaria, así como teniendo a su alcance otras herramientas para lograr el fin pretendido, se procederá a confirmar el fallo proferido por la Juez 79 Penal Municipal con Función de Garantías adiado el 23 de noviembre de 2020″. Así las cosas, el caso se quedará así a menos que sea objeto de revisión en la Corte Constitucional.

Conozca aquí el fallo de la tutela en su integridad:

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